Alegato de un imputado que ejerce su propia defensa

El imputado Bernardo José Menéndez ejerce su propia defensa, desde el principio de este proceso, y por primera vez se pudo saber hoy cuales son sus argumentos ya que se había negado a hablar antes. En este trabajo fue asistido por el Dr. Argonz, quien también alegó hoy con su pupilo.

Al principio, el imputado se vistió de profesor de derecho internacional y derecho constitucional para explicar ante este tribunal que este juicio violaba el articulo 18 y 27 de la constitución argentina. “Acá pareciera no haber seguridad jurídica” dijo Menéndez. Luego de estas consideraciones en las cuales también se argumentó que la figura de genocidio no era apropiada para el caso argentino, el dr. Argonz consideró que “ni el fiscal, ni la querella habían logrado probar con exactitud los límites de las áreas”. Sin embargo Menéndez reconoció haber sido el jefe de la área V y declaró “ la misión que yo tenía era la defensa y protección de la área. El área era para proteger. Mi unidad tuvo una actuación de la cual estoy orgulloso. Y contó con el apoyo de la población civil. La población civil nos dio su apoyo sin el cual el éxito no nos hubiera acompañado”. “No puede olvidarse que vivíamos una guerra revolucionaria que marcó la realidad”, añadió. El jefe de el área V reconoció su cargo pero no precisó el territorio bajo su jurisdicción. Explicó que no tenía el efectivo necesario para cometer los hechos de los cuales está acusado. Además, según el imputado, el área V abarcaba más de 2000 manzanas, en las cuales no tenía ni remotamente el control de los hechos. A diario había enfrentamientos y atentados. El “territorio urbano” de las áreas era el escenario de enfrentamientos entre grupos subversivos y comandos anti-subversión. El sistema de lucha contra la subversión había sido implementado por los más altos niveles de la armada, “sobrepasaban y desbordaban a un jefe de área” se defendió el imputado Menéndez. Por último, la defensa de Menéndez apoyo abiertamente a la defensa de Olivera Róvere, en cuanto a su argumento sobre la función de la pena, para un imputado ya reinsertado en la sociedad desde hace treinta años.

Después de un alegato de cuatro horas, la defensa de Menéndez pidió la extinción de la acción penal por prescripción, la nulidad de este juicio, la absolución del imputado en todos los casos, con reserva de recurrir a la Corte de Casación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y las jurisdicciones internacionales de derechos humanos por violación del principio de legalidad.

Mañana jueves 1 de octubre empezará el alegato de la defensa de Lobaiza y Saa.

Es la ley del talión a través de la justicia

“Es la ley del talión a través de la justicia”, fueron las palabras usada por el Dr. Gileta en el alegato a favor del imputado Olivera Róvere. Según la defensa, este juicio, es una venganza. Las cuatros horas de alegatos le sirvieron para replantar el contexto de la época, según los imputados: era un guerra contra la subversión armada. “Estamos aquí gracias al descomunado esfuerzo desarrollado por la izquierda nacional e internacional” empezó el Dr. Gileta, ex juez de la dictadura. “Hoy hablamos de jóvenes idealistas: pero ellos luchaban por el poder con armas e ideas totalitarias” continuó. Mientras explicaban los vicios constitucionales que impiden condenar a su defendido, los abogados Gileta padre e hijo aprovecharon para dar su versión de los hechos: “era una guerra subversiva: en toda guerra se producen muertes y desapariciones; los hombres destruyen principios. Los hechos que en este proceso se juzgan son los de esta guerra: no fueron secuestros ni privación ilegal de la libertad, fueron detenciones (violentas o no), efectuada en ejercicio de un mandado político, propio de la guerra… Como en todas las guerras, hubo errores y excesos; … el orden era el aniquilamiento del enemigo subversivo”. Es asi como treinta años más tarde se siguen reivindicando explicando ante la justicia la legitimidad de las luchas contra la subversión que ocurrieron en Argentina, Argelia, Vietnam, para citar los ejemplos de la defensa. Lejos de una defensa culpogena, es una defensa sin complejos a quien solo le falto revindicar abiertamente la tortura como método de lucha contra la subversión.

Citando el fallo de la Corte de Casación francesa, absolviendo al general Aussaresses por los crímenes cometidos en Argelia luego de la ley de amnistía francesa, no desmintieron la doctrina de seguridad nacional, previamente mencionada por el militar del CEMIDA José García. Además, según ellos, Olivera Róvere no sabía nada de lo que estaba ocurriendo bajo su jurisdicción de la sub-zona Capital Federal, porque en esa época de guerra anti-subversión, el aparato del poder y la cadena de mando no existían. Ese concepto de cadena de mando, es una mera ilusión inventada por la doctrina alemana para juzgar a Hitler. La defensa se apoyo mucho en las teorías del academico Pastor, subrayando las contradicciones de los organismos de derechos humanos que por un lado denuncian las condiciones carcelarias y “en sus ratos libres” piden reclusión perpetua para los represores de la última dictadura cívico-militar – como si eso fuese una contradicción en sí.

Ese tipo de argumento fue presentado por la defensa de los doctores Gileta padre e hijos. Ya que estamos ahí, por qué no responsabilizar a la empresa Ford que fabricaban los autos que servían a los secuestros o la empresa que proporcionaba energía eléctrica para las sesiones de tortura, alegó la defensa. Que las cosas queden claras, “las órdenes ilícitas se entremezclaron dentro la estructura legal de la lucha contra la subversión” dijo Gileta. Así, el dr. Gileta padre, ex juez de la dictadura concluyó: “pedimos que declare procedencia por cosa juzgada. En su defecto, pedimos la prescripción de la acción penal nacida de estos delitos, todos los delitos. Pedimos la nulidad de las pruebas colectadas. Que tenga presente las reservas formuladas. Y por todo ello y lo demás expresado, lo absuelba libremente e imponga las costas de este proceso a los querellantes particulares; porque de ese modo se habrá hecho justicia”.

Mañana jueves 30 de septiembre a las 9.30hs, empiezan los alegatos de la defensa de Bernardo José Menéndez.

La fiscalía alegó y preguntó en cuanto a la pena máxima: “¿Si no es para estos crímenes uds. para quien se la guardan?”

El miércoles 16 y el jueves 17, el fiscal Félix Crous y su equipo terminaron de alegar. Fueron cuatros días de alegatos luego de siete meses de juicio. Después del relato de los hechos, el fiscal procedió al análisis detallado de las directivas, reglamentos y órdenes militares sobre la lucha contra la subversión y la división del país al respecto. Por lo tanto, dedujeron “hay elementos contundentes para establecer esa delimitación en áreas, si bien lamentablemente no cuentan con un documento que lo acredite por la destrucción premeditada de las fuerzas armadas de dichos documentos”. A continuación se refirió a las indagatorias prestadas por los imputados, sus legajos personales antes de analizar las funciones de los imputados en la lucha contra la subversión, en el marco de las áreas y sub-zona Capital Federal. A lo largo del análisis jurídico el fiscal se apoyó sobre los testimonios brindados en el juicio y destacó el rol de los imputados para garantizar la impunidad de los hechos criminales cometidos. “Eso se llama terrorismo de Estado” dijo el fiscal. Además remarcó el rol del regimiento Patricios, creado luego de la invasión franco-inglesa para defender a la Nación argentina, desviado de su meta original por el terrorismo de Estado.

Algunas frases duelen. Por ejemplo al evocar el dolor de la “ausencia permanente” que representa la desaparición forzada de un familiar, y la necesidad de conocer el paradero de la víctima, el fiscal resumió lo que pasó varias veces en este juicio con estas palabras: “una madre pide un hijo muerto”. Por lo tanto, los imputados siguen siendo torturadores al no dar la información que tienen sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. “Las víctimas son víctimas y los victimarios son victimarios … por lo tanto las víctimas deben ser reparada con una pena máxima proporcionada a la ofensa que padecieron… Son las víctimas que piden reparación” añadió el fiscal. Por todo lo expuesto, el fiscal pidió una pena de 25 años de prisión para Alespeiti, Lobaiza y Saa y prisión perpetúa para Bernardo José Menéndez y Olivera Róvere.

Alegatos de la defensa de Olivera Róvere el 29 de septiembre.

Alegatos de la fiscalía

El 8 y 9 de septiembre, la fiscalía representada por el Dr. Félix Crous, empezó a alegar en el juicio Olivera Róvere y jefes de área. El fiscal estuvo presentando cada hecho de los más de 200 casos que se juzgan ante ese tribunal desde febrero. La lectura de los casos sirvió además para dar cuenta de la amplitud de los crímenes de los cuales están acusados Olivera Róvere, Bernardo José Menéndez, Teofilo Saa, Felipe Alespeiti y Humberto José Román Lobaiza y de la sistematización de la práctica criminal. El miércoles 16 y jueves 17, seguirá alegando sobre la responsabilidad de cada imputado.

Alegatos de la Dra. Mirta Mantaras

La Dra Mirta Mantaras alegó el jueves 3 de septiembre y el martes 8 de septiembre. Luego de un primer día en el que insistió sobre la ilegalidad del golpe de Estado del 24 de marzo, y volvió sobre los hechos por los cuales están procesados los imputados, la Dra. consideró que esos crímenes habían sido cometidos en el marco de un “auto-genocidio”. Según Mirta Mantaras, la desaparición forzada tiene que ser considerada como un homicidio y la pena aplicada, la que se aplica en conformidad con el articulo 80, inciso 2, del código penal. “Y todo eso, para qué? Para que nunca mas sucede, para que nunca mas estemos en este juicio”, concluyó la querellante Mirta Mantaras.

Alegatos de Asociación Ex detenidos

Luego de los alegatos del CELS ayer, se presentaron hoy los alegatos de la querella Asociación Ex detenidos. Asimismo Elea Pelich y Luis Bonomi exponieron durante mas de tres horas sobre la “el plan clandestino de represión” que se llevó a cabo durante la dictadura, conduciendo al segundo genocidio argentino después del de los pueblos originarios, hace dos siglos: “dos siglos, dos genocidios”, así empezó el planteo de la querella.
“Ese no es un juicio del pasado” dijo Luis Bonomi, porque en el día de hoy se constituyo otro golpe de estado en nuestro continente, refiriéndose a la situación de Honduras. Luego, la querella presentó los 108 hechos imputados a Olivera Róvere por los cuales pidieron prisión perpetua en cárcel común.

Mañana siguen los alegatos presentados por la Dra. Mirta Mantaras por la querella de Franconetti.

El CELS, primera querella en alegar

El CELS fue ls primera querella en alegar en este juicio, que
empezó el 12 de febrero y cuya última audiencia de testigos fue el
18 de agosto de 2009. Mañana siguen los alegatos de las otras
querellas, seguido por el alegato de la fiscalía la semana próxima
y por último, los alegatos de las defensas.

El CELS alegó por sus casos y los de las querellas unificadas
detrás de la familia Mellibovsky, representada por abogados del
CELS,, es decir: los homicidios de ZELMAR MICHELINI, HÉCTOR
GUTIERREZ RUIZ, ROSARIO BARREDO SCHROEDER, Y WILLIAM WHITELAW, y las desapariciones forzadas de GRACIELA MELIBOVSKY, CARMEN LAPACO, MARCELO BUTTI ARANA, ALEJANDRO AGUIAR, GUSTAVO JOSÉ PASIK, ESTEBAN OJEA QUINTANA, JORGE CARLOS CASARIEGO- NORMA TATO, RICARDO GAYA – ANA MARÍA DEL CARMEN PÉREZ SÁNCHEZ , MARCELO GELMAN, CRISTINA NAVAJAS, NOEMI JOSEFINA JANSENSON – MIGUEL SERGIO ARCHUSCHIN, EDUARDO BENITO CORVALAN, MARÍA DEL CARMEN GUALDERO, DANIEL ALFREDO INAMA – NOEMÍ BEATRIZ MACEDO, HAROLDO CONTI, HUGO ALBERTO SCUTARI BELLIZI, OSVALDO OSTUNI, EDUARDO ELPIDIO LARDIES, LEONOR GERTRUDIS MARX PINKUS, MARTA SIERRA FERRERO DE PRIVIDERA, JUAN CARLOS DAROQUI, JUAN CARLOS HIGA, EDUARDO MIGUEL O’NEILL, EVANGELINA EMILIA CARREIRA, LEONOR ROSARIO LANDABURU, GUSTAVO ERNESTO FRAIRE.

Por lo tanto, el CELS pidió prisión perpetua para Olivera Róvere y
Bernardo José Menéndez, y solicitó una pena de 25 años de prision
para Humberto José Román Lobsiza, Teofilo Saa y Felipe José
Alespeiti.

A continuación, un extracto del alegato del CELS:
“En primer lugar queremos mencionar que como miembros de un organismo de DDHH creado hace 30 años (tanto quienes tenemos la palabra hoy como aquellos que fueron unificados detrás de la querella de Matilde Saidler de Mellibovsky), es para nosotros una responsabilidad y un deber participar de este juicio en el cual se están juzgando a algunos de los máximos responsables de las desapariciones forzadas de más de 250 personas en la Capital Federal durante los años del Terrorismo de Estado.
Como ya lo manifestáramos ante este Tribunal, estamos convencidos de que la justicia tardía no es igual a la ausencia de justicia y por eso celebramos la realización de este juicio que consideramos histórico por la magnitud de los hechos juzgados.
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que debido al tiempo transcurrido desde los hechos que aquí se están juzgando —más de 30 años— no han estado aquí presentes para brindar su testimonio la mayoría de los padres y madres de las víctimas quienes a partir de la tragedia que les tocó padecer pelearon incansablemente por la justicia y murieron sin haberla alcanzado.
En efecto, un gran porcentaje de los más de 400 testimonios que hemos escuchado en las distintas audiencias corresponden a hermanos, y en menor medida a hijos de esas víctimas, quienes debieron relatar lo que supieron por sus padres y abuelos.
La mayoría de los padres y madres que realizaron las gestiones y presentaron los correspondientes habeas corpus o se entrevistaron con autoridades no pudieron prestar declaración en este juicio, y debieron ser sus otros hijos, hermanos de las víctimas, o incluso sus nietos quienes tomaron su lugar.
Por otra parte, señores jueces, queremos destacar que si bien la responsabilidad de OLIVERA ROVERE, LOBAIZA, SAA, MENENDEZ Y ALESPEITI en los delitos más aberrantes de nuestra historia es imposible de minimizar, también somos consientes de que, por el paso del tiempo, o mejor dicho, por el período de impunidad que frenó durante más de 20 años el avances de estos procesos judiciales, muchos de los máximos responsables de los asesinatos y desapariciones ocurridos en esta ciudad durante los años del Terrorismo de Estado no pudieron ser juzgados.
Es por ello que tenemos el deber de remarcar públicamente, ante los familiares de las víctimas y la sociedad toda, quiénes se evitaron una condena segura.
No está siendo aquí juzgado el General Guillermo Suárez MASON, jefe del I Cuerpo de Ejército y uno de los máximos símbolos del Terrorismo de Estado, a quien su muerte ocurrida en prisión le evitó estar sentado aquí con el resto de los acusados. En igual sentido murieron impunes los generales del Ejército José MONTES y Andrés Aníbal FERRERO que reemplazaron al acusado OLIVERA ROVERE como jefes de la Subzona Capital.
También debemos mencionar que durante el transcurso de este debate falleció el imputado Rodolfo WEHNER, lo que le impidió escuchar una sentencia seguramente condenatoria por su responsabilidad como Jefe del Área III desde el 24/03/76 hasta el 15/11/77.

(…)
Al principio de este alegato dijimos que considerábamos a este un juicio histórico y lo reafirmamos. Con excepción del juicio seguido a los comandantes en jefe de las tres fuerzas armadas por la Cámara Federal de esta ciudad en 1985, en la histórica causa 13, es este el juicio en donde se han ventilado la mayor cantidad de casos de desaparición forzada de personas.
Durante estos casi 7 meses hemos escuchado a más de 400 testigos que relataron en detalle lo que percibieron por sus sentidos o supieron acerca del secuestro y desaparición forzada de más de 250 hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, en el ámbito de la Capital Federal.
Esta cifra horrorosa de víctimas de la dictadura militar, representa, sin embargo, una porción menor de los hechos ocurridos en esta ciudad.
Enfáticamente señalamos que éstos casos representan una ínfima porción de las personas que en la Capital Federal fueron privadas violenta e ilegalmente de su libertad, conducidas a centros clandestinos de detención, donde fueron sometidas a tormentos y fueron desaparecidas por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad durante la vigencia del terrorismo de Estado.
Algunas de las víctimas que no son “casos” en este juicio sí lo son en otros procesos judiciales que se sustancian en este mismo fuero, agrupadas según haya sido vistas en alguno o varios de los distintos centros clandestinos de detención que funcionaron en esta ciudad y en la Provincia de Buenos Aires.
Otro casos similares a los aquí juzgados hasta el momento están quedando impunes, ya sea por el fallecimiento de sus autores (recordemos que sólo los responsables de dos de las cuatros áreas a cargo del ejercito están aquí imputados y sólo un jefe de subzona) o porque han quedado afuera de este juicio por cuestiones procesales.
(…)
Hecha esta salvedad, entendemos que los más de 200 casos por los que se está juzgando a los 5 imputados brindan una clara muestra de la magnitud que tuvo la represión ilegal llevada a cabo por el gobierno de facto en nuestro país.
La diversidad de las víctimas en cuanto a su estrato social, situación económica, estudios, profesión, edad, demuestran que el plan criminal diseñado e implementado por las Fuerzas Armadas a partir del 24 de marzo de 1976 fue indiscriminado, no diferenció entre hombres y mujeres, adultos, jóvenes y adolescentes, trabajadores, profesionales, o por motivos de credo, pertenencia social o política, situación económica, etc.
Sin embargo, a los ojos de los represores todas las víctimas tenían una característica común: todas eran, por distintos motivos, “enemigas” del régimen. El plan criminal fue ideado con el objetivo de “aniquilar” a todo aquel que, por múltiples razones que sólo conocían quienes secuestraban y mataban, se considerada enemigo del gobierno de facto.
El objetivo de la feroz represión desatada por las Fuerzas Armadas a partir del golpe de estado fue despolitizar, desmovilizar y disciplinar a la población en su conjunto.
(…)”