Extractos de la ampliación de indagatoria de Miguel Adolfo Donda

“Lo que está haciendo falta en el juicio a mi modo de entender es esto: gente que esté dispuesta a hablar y no siga guardando silencio sobre lo que pasó en el siglo pasado. Una sola parte habla y la otra permanece callada.

(…)

Se han hecho encuestas en el país en las cuales se han manifestado que la población en general no confía en la justicia en el orden del 84 por ciento. Existen razones por defecto o por exceso. En mi caso, por estos motivos: durante los últimos 30 años, he sido citado en ocho oportunidades. Tres veces quedé detenido. Yo he cumplido con la justicia y voy a seguir cumpliendo. Eso no quiere decir que tenga confianza.

¿Por qué tengo que estar haciendo estas aclaraciones? Yo estaba acá -muestra el último escalón del dibujo que hizo sobre la configuración de la armada, según el Plan Cintara, para la lucha contra el terrorismo-, era un oficial subalterno y formaba parte de una unidad de tareas. ¿Dónde están los otros 2500 componentes? ¿Dónde están estos señores que tienen que dar aclaración histórica del siglo pasado?

Acá hay 2500 personas que no están presentes. Todo es una cadena de mando, de estructura, donde se cumplían órdenes. Si esto fue algo institucional y fueron 2500 personas que fueron comandos, jefatura y miembro del estado mayor, yo no tendría que estar acá. Yo estuve prestando servicio de teniente de navío. La prisa deja de largo cosas muy importantes y sustanciales.

(…)

No me puedo quedar callado. Hay familiares, gente que ha fallecido de distintas facciones, tanto de un lado como el otro. Muchos manifiestan que le gustaría que su familiar pasara por un juicio como el nuestro. Un juicio donde se diga la verdad. Eso parece una puja de quien gana a quien, mientras se nos va la vida.

Los muertos están muertos. Murieron en el contexto de una guerra. Algunos siguen en guerra todavía. Yo no. Tampoco existe la contraparte del juicio, las personas que fueron los motivadores.

(…)

Escogí la tarea de ser militar y cumplir órdenes como oficial subalterno. La política del silencio de las fuerzas armadas ha sido negativa. Pero siempre hay tiempo para cambiar. Así que pido a los camaradas que reviertan esta situación.

(…)

La detención para nosotros era una tarea legal, ordenada, dado el estado de sitio y carácter excepcional del país en este momento. Nadie opuso objeción a cumplimiento de esta orden.

(…)

Se requerían muchas veces tareas previas para detener a la persona que se buscaba en vía pública. Nunca se manifestaba el motivo real de la detención por miedo a que generara una reacción violenta. También se buscaba que el detenido confiara y pensara que se trataba de una equivocación o un error. Pero casi todos sabían la verdad. Había reacciones, forcejeo y algún tipo de lucha para que la persona no se escapara. Luego el detenido era conducido a la ESMA.

(…)

El hecho que la ESMA era un lugar de detención de terroristas era absolutamente público. Había sido denunciado. Yo no respondía a ningún nombre falso excepto que la operación lo requiriera. La persona era esposada y por motivos de seguridad se le ponían unos anteojos ciegos o una capucha para que no supiera a qué lugar era conducido. También para evitar un plan de fuga inmediato.

(…)

Una guerra no es moral.

(…)

Hasta el día de hoy, no sé donde esta mi hermano.”

Las audiencias siguen el viernes 1º de abril a las 9hs.

La versión de un “arrepentido”

Por Gonzalo Torres

La causa por la Masacre de Margarita Belén continuó con la lectura del cuerpo 4 del expediente, las declaraciones de los imputados en juzgado de instrucción militar y varios recortes periodísticos cuya autoría se atribuye a Ruiz Pío Villasuso, el para-policial “arrepentido” que en su lecho de muerte reconoció que lo sucedido el 13 de diciembre fue una masacre y no un enfrentamiento.

Eduardo Pío Ruiz Villasuso fue un extraño personaje relacionado con los servicios de Inteligencia. En 1985 dijo conocer cómo había sido organizada la Masacre. Según su versión, lo ocurrido no fue un enfrentamiento sino un asesinato colectivo de detenidos políticos, con participación de militares y policías. Villasuso murió después de ser apuñalado en un confuso episodio, por lo que no pudo dar más detalles.

Durante la audiencia se leyó una carta de su autoría publicada en el diario Norte en la que explicó como sucedió el fusilamiento de los presos políticos y nombró a varios policías y militares intervinientes en el operativo. En la misiva, Villasuso contó que tomó conocimiento de lo qué pasó porque llegó al lugar de los hechos poco después del fusilamiento. Después de explicar su rechazo a toda reivindicación a los caídos porque entiende que “los militantes guerrilleros son delincuentes subversivos”, Villasuso explicó su posición: “El operativo de Margarita Belén, al no tener las características de una acción de guerra se transformó lisa y llanamente en una Masacre, un crimen, y sus autores deben ser imputados y juzgados como verdaderos criminales y no como militares”.

En un aparte de la carta da los detalles del fusilamiento: “Sobre un camino lateral próximo a la localidad de Margarita Belén se llevó acabo la ejecución de 21 subversivos, mujeres cuatro, varones diez y siete. Se ejecutan disparos con distintas armas para dar la impresión de un enfrentamiento. El pacto era que todos los presentes debían efectuar disparos para evitar arrepentimientos posteriores (…) Los oficiales ejecutores fueron el capitán Bianchi, capitán Rampulla, teniente Patetta, Martínez Segón subteniente Simoni, capitanes Carnero Sabol, los policías Thomas, Gabino Manader, Cardozo (…) Los subversivos fueron asesinados a mansalva, allí los detenidos dejaron la vida y nuestro Ejército dejó un jirón de su honor”, manifestó.

Otras piezas de mayor relevancia leídas durante la audiencia número cincuenta de la causa fueron las declaraciones de los imputados rendidas en el Juzgado de Instrucción Militar (JIM) a mediados de los años ochenta. Esas declaraciones revisten gran importancia porque son una prueba contundente de que los imputados estuvieron en el lugar de los hechos.

Por ejemplo, Horacio Losito aceptó haber cumplido funciones de seguridad en el camión de traslado, el Mercedes Benz 1114, junto con los imputados Ernesto Simoni, Guillermo Reyes y Daniel Carnero Sabol. Losito iba con uniforme de combate y pertrechado con su pistola reglamentaria y un FAL (Fusil de Asalto Liviano). Dijo recordar 13 detenidos políticos trasladados en el Mercedes, todos esposados. A unos metros del puente del arroyo Ortega, por Ruta 11, escuchó unos disparos. El camión frenó de golpe y Losito cayó al piso, atropellado por los detenidos en fuga. Confundido por los gritos y la balacera, Losito bajó del camión y disparó hacia el oeste, sin percibir a sus atacantes ni a sus vehículos. Recordó cinco bajas en el grupo de detenidos.

Patetta, el imputado de la remera colorada, siguió la lectura sentado en el escritorio de los abogados defensores, masticando caramelos y haciendo esfuerzos para no dormirse. En sede militar contó que en 1976 se desempeñaba como jefe de sección de Enlace del Área Resistencia. Durante el “traslado” a Formosa cumplió funciones de custodia desde el camión Unimog, a unos cien metros de distancia del Mercedes. Patetta viajaba junto con el capitán Carnero Sabol, el subteniente Riquelme, los tenientes Martínez Segón, Reyes, Mayor Rennés y el capitán Norberto Tozzo, jefe de la dotación.

Tozzo debería estar sentado en el banquillo de acusados, de no ser por su fuga a Brasil después del Habeas corpus concedido por los camaristas de Resistencia en 2003. Fue capturado en Río de Janeiro y aguarda su extradición en el penal de máxima seguridad de Ary Franco. Según Patetta el estado general de los detenidos trasladados era “bueno, normal”. Todo iba bien hasta que una pinchadura detuvo al Unimog. Patetta iba armado con una pistola y una escopeta, y respondió el fuego a la izquierda de su posición. Después del tiroteo pudo observar dos cuerpos tirados sobre la banquina y otro más cerca de la caja del camión.

La lectura de la documental continuará el 28 y 29 de marzo, después de lo cual estará habilitada la ronda de alegatos, para que cada una de las partes fundamente su posición y el Tribunal decida.

Lectura de los documentos

Por Gonzalo Torres

El miércoles 16 de marzo comenzó la lectura de los documentos relevantes de la causa. Entre los escritos leídos se destacan: las copias de los registros del cementerio, el informe del incendio de los archivos policiales, el informe sobre las sepulturas e incineraciones en el Ejército, la documentación de los integrantes de la guardia del día 13 de diciembre de 1976 en la prisión Unidad 7 y el memorándum de entrega de detenidos políticos al mayor de Ejército Rennés – imputado en la causa.

También se leyó la notificación del Ejército sobre el “fallecimiento” de Carlos Zamudio remitida a la madre del militante asesinado, fechada el 30 de diciembre de 1976 y firmada por el Coronel Baguear. El documento decía: “Comunicó a usted que el día 13 de 12 del 76 una columna que transportaba detenidos políticos desde Resistencia a Formosa a la altura del kilómetro 1042 de la ruta nacional 11 fue atacada por delincuentes subversivos con la aparente intención liberarlos o eliminarlos a efectos de evitar declaraciones… como consecuencias del choque armado se produjeron bajas en ambos lados y algunos detenidos lograron fugar. Tengo la ingrata función de comunicarle que su hijo Carlos Alberto Zamudio formaba parte del traslado habiendo perdido la vida en el enfrentamiento. El cadáver del mismo se halla a disposición de la jefatura del Área 232 Misiones…”. La nota contradice informaciones militares que afirman que Zamudio consiguió fugarse para caer en otro enfrentamiento en Misiones.

Mientras tanto, enfrente a la sede del Tribunal Oral Federal, sobre la vereda de la plaza 25 de Mayo el colectivo de artistas “Cultura por Justicia” organizó una colecta de firmas para un documento a presentarle al Tribunal con el pedido de mayor celeridad para la causa.

Dafne Zamudio, hija de Carlos Zamudio y coordinadora del Programa de Asistencia a las Víctimas del terrorismo de Estado manifestó su inquietud por el retraso de la sentencia y por una serie de medidas tomados por el Tribunal. “Nos parece una barbaridad que se demore tanto, esperamos desde hace más de treinta años”, afirmó.

Además comentó la posibilidad de que el Tribunal esté recibiendo presiones para dilatar el proceso. “Una de las hipótesis es que están recibiendo una presión de algo lado. Hubo actitudes como la de no dejar participar de las inspecciones oculares en las cárceles y el Regimiento a las psicólogas del acompañamiento a los testigos víctimas ni a los familiares querellantes que nos hacen sospechar”, agregó.

La causa por la Masacre formó parte del juicio a las Juntas Militares en 1984. Fue elevada a juicio oral el 24 de febrero de 2009, ocho años después de la presentación para su reapertura en mayo de 2001. El 3 de junio de 2010 comenzó el juicio, por el que pasaron más de cien testigos. A los nueve represores juzgados se les imputa el delito de homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes en once hechos y desaparición forzada de personas.

El jueves 17 continúa la audiencia.

Incorporación de la prueba documental

El lunes 21 las partes se pronunciaron respecto a la incorporación por lectura de la prueba documental. La resolución del tribunal sobre ese asunto se dará a conocer el jueves 31 de marzo. Ese mismo día declararán los imputados Savio, Acosta y Donda. El 1º de abril lo harán Pernías, González y Cavallo.

Está previsto que los alegatos empiecen el 8 de abril con la Secretaría de Derechos Humanos.

Ultima audiencia de testigos

El jueves 17 de marzo declaró la última testigo de este tramo de la causa ESMA. Esther González habló sobre la operación en la casa de Rodolfo Walsh en Tigre. En septiembre de 1976, su domicilio –vecino al del periodista- fue utilizado por los militares para esperar la llegada de Walsh. Mientras tanto, ella y su marido fueron llevados a ESMA y liberados 48 horas después sin ser interrogados.

El lunes 21 las partes se pronunciarán sobre la incorporación por lectura de la prueba documental. El 31 de marzo declararán los imputados Savio, Acosta y Donda y el 1º de abril lo harán Pernías, Gonzalez y Cavallo. Está previsto que los alegatos empiecen el 8 de abril con la Secretaría de Derechos Humanos.

Inspección en el Regimiento de la Liguria

El miércoles 2 de marzo se hizo una inspección ocular en el Regimiento de la Liguria, Grupo de Artillería 7. En el procedimiento participaron tres testigos: los ex detenidos Ricardo Uferer y Eduardo Luque, quienes fueron detenidos en el regimiento mientras se encontraban prestando el servicio militar, y el policía Luis Rafael Ovalle, quien el 13 de diciembre de 1976 tomó las huellas dactilares de un grupo de cadáveres que habían sido traídos por los militares luego de la masacre.

Ovalle realizó las pericias a siete cuerpos en un “dormitorio, pasando la Plaza de Armas”. Después de idas y vueltas, Ovalle no logró identificar el lugar. “Son treinta y cuatro años, espero que me entienda”, se disculpó ante la jueza Yunnes.

Los otros dos testigos contaron y señalaron los lugares donde fueron detenidos pocos meses después de marzo de 1976. A Eduardo Luque lo fueron a buscar en la zona de la guardia, hacia el frente del Regimiento, casi sobre la avenida 9 de Julio. Ricardo Uferer fue detenido durante un descanso de su turno de guardia por el en ese entonces teniente Ricardo Reyes, hoy imputado.

El 16 de marzo comienza la lectura documental de la causa.

El testimonio de un sobreviviente

Hoy declaró Hugo Rapoport sobre lo ocurrido en setiembre de 1976, cuando fue allanada la casa de Rodolfo Walsh en Tigre. El testigo, que era vecino del lugar, no estuvo el día de los hechos. Sin embargo, pudo conversar con varias personas que sí estuvieron ahí, entre ellas el profesor Leandro Gutiérrez, su esposa Esther y su hija.

“Todo comienza un sábado en la mañana, cuando Leandro ve que en el muelle de al lado –donde quedaba la casa de Walsh- atraca un bote y se baja una o dos personas. Es política de buen vecino preguntar de quien se trata. Leandro se acercó a esas personas y les dijo que era frecuente que la familia de esa casa viniera los fines de semana. Por eso recomendó que fueran a otro lugar, en donde no molestarían a nadie”, recordó Rapoport.

A la madrugada del día siguiente, una patota entró en la casa de Gutiérrez, ataron al profesor, a su esposa y a una pareja de visitantes y les preguntaron insistentemente cuándo aparecería Rodolfo Walsh. Pasaron las horas y al ver que nada ocurría, los hicieron vestir y los subieron a una lancha. Quedaron secuestrados.

“El lunes siguiente, la hija de Leandro fue a visitarme a la casa de Buenos Aires. Me contó lo ocurrido. Dijo que no sabía dónde estaban sus padres. Yo no tenía el teléfono de Rodolfo Walsh para avisarle, pero sí el de Patricia. A ella la llamé”, dijo Rapoport. A los pocos días, Leandro y su esposa aparecieron. Contaron que habían sido interrogados fuertemente para que divulgaran el paradero de Walsh.

El testigo aseguró que Rodolfo Walsh nunca volvió a Tigre. “Me lo dijo Lilia, su esposa. Me la encontré casualmente en una esquina, 15 días después de allanamiento. Le conté lo ocurrido y ella me dijo que ya lo sabían y que nunca volverían a la isla”, dijo Rapoport.

A continuación se escuchó el breve testimonio de Rodolfo Rodosky, quien afirmó haber visto a Léonie Duquet en la parroquia de San Pablo –en Ramos Mejía-. Sin embargo, recordó que al poco tiempo dejó de ver a la monja francesa en el lugar y que después se enteró por los medios de comunicación de lo que había ocurrido.

Por último, dio su testimonio Migue Ángel Calabozo, sobreviviente de la ESMA. El testigo narró su secuestro ocurrido el 18 de noviembre de 1978, cuando fue detenido mientras esperaba a un compañero en la pizzería La Blanqueada, en Pompeya. “Antes de entrar vi a un grupo de hombres vestidos de civil. Tenían varios walkie-talkie. Pensaba que era un grupo de amigos que se encontraban para ir a jugar futbol”, dijo Calabozo.

Ese grupo estaba integrado, entre otros, por Astiz y Donda. “Me golpearon, me esposaron, me llevaron en un Fiat naranja. Recibí una paliza. La capucha que me pusieron tenía un agujero, así que pude ver algunas cosas”, señaló Calabozo. Después llegó a la ESMA y en la sala de torturas se presentó Acosta. “Me saludó con mi nombre de guerra –Ramón- y me dijo que iba a cantar. Que ellos tenían todo el tiempo del mundo y que yo no era más que un simple pedazo de carne con ojos”, recordó el testigo.

Al momento trajeron a Roberto Lagos –con quien Calabozo se iba a encontrar en la pizzería-. “Yo ya me encontraba fuertemente golpeado. Él me dijo que cantara, que esto ya lo habíamos perdido. Luego apareció un enfermero que me curó las heridas”, dijo Calabozo y agregó: “En algún momento escuche la voz de Jorgelina Ramos. Ella había caído un año antes con mi compañera Mariel Silvia Ferrari, quien estaba embarazada de cuatro meses. Más adelante me enteraría que Mariel había sido asesinada en diciembre de 1977. ”.

Calabozo fue enviado a Capucha. Ahí perdió la noción del tiempo. Según el testigo, los militares no tenían ninguna preocupación por ocultar su rostro. Era él que, como medio de defensa, hizo todo lo posible para no verlos. Sin embargo, entre golpe y golpe, se gravaron en su memoria los rostros de algunos represores.

Posteriormente el testigo fue obligado a formar parte del staff. Tenía que hacer un análisis de los interrogatorios de otros secuestrados. Luego, ante el cambio del jefe de inteligencia de la ESMA, Calabozo fue llevado a la Pecera, junto con otros detenidos. Ahí fue encargado de hacer informes políticos sobre la situación de Latinoamérica. Leía los diarios y luego redactaba los documentos en su propia máquina Olivetti, la que al parecer había sido hurtada en un allanamiento de su casa.

El jefe en la Pecera era Juan Carlos Rolón. “Él siempre tenía un vaso de whisky en la mano. Andaba tranquilo con nosotros, ya que –según ellos- estábamos en proceso de recuperación”.

En alguna ocasión se hizo una fiesta de despedida a un secuestrado que iba a ser liberado. El mismo Emilio Massera estuvo en esa reunión. “Era algo muy loco. Una vez nos llevaron a un partido de Independiente y Boca. También era frecuente que nos sacaran para ir al cine o para acompañar a algún militar a comerse una pizza. Estábamos a la disposición del humor de ellos”, recordó Calabozo.

Por su trabajo supo que venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “No sabíamos qué iba a ocurrir. Podían matarnos, esa era una variable”, dijo el testigo. También conoció a dos militares uruguayos que se ufanaban de sus métodos de tortura. “Con uno de ellos hice una apuesta. Él decía que Somoza no caía, yo, en cambio, aseguraba que la revolución iba a triunfar en Nicaragua”, recordó.

El régimen más “flexible” de quienes eran enviados a la Pecera le permitió al testigo comunicarse telefónicamente con su familia. Luego vinieron las visitas. Primero por una hora, luego cuatro horas, luego un día, luego el fin de semana. Al principio era acompañado por los militares, después le era permitido ir en colectivo.

“En marzo de 1980 fui liberado. Ricardo Miguel Cavallo me lo anunció. Durante un tiempo me controlaron. Pero decidí que no quería verlos más y me fui para Salta”, dijo Calabozo. El tribunal le pidió que describiera a Cavallo y el testigo lo señaló, ya que se encontraba en la audiencia. “No sé si es ese, pero es muy parecido. Sólo que antes era más flaco y no tenía barba”.

Un año y seis meses duró su secuestro. Dos navidades pasó lejos de su casa. En la primera estuvo encerrado en Capucha. En la segunda, participó en un encuentro propio del “neorrealismo italiano”. En el medio fue testigo del terror. Calabozo recordó haber escuchado un comentario sobre Walsh: “Dijeron que lo habían tirado a la parrilla”.

Chismes sobre montoneros

El 3 de marzo declararon dos testigos citados por la defensa. Por un lado declaró Rafael d’Elía, imputado recientemente por su responsabilidad como jefe de Emir Sisul Hess, acusado de los vuelos de la muerte. Por otra parte, Eugenio Benjamín Mendéz presentó su teoría sobre el funcionamiento del grupo montoneros pero no pudo explicar el origen de esta teoría.

Las audiencias siguen el 17 de marzo a las 10h45.

“Un único contacto 100% personal”

Hoy inauguró la audiencia Juan Ernesto Marquez, retirado de la armada, citado por la defensa del imputado Carlos Capdevilla. El testigo prestó función en la ESMA durante 5 meses en el año 1978. En este destino se cruzó “superficialmente” con él imputado.

Márquez era destinado a la atención médica de todo el personal de la escuela. Sin embargo, admitió la existencia de un funcionamiento irregular adentro de la ESMA. El testigo declaró: “Ese GT tenia una zona reservada adentro de la ESMA. Comida aparte, acceso e ingreso aparte. Era otro mundo, otros horarios propios especiales para ellos. Supongo que lo manejaba el almirante Chamorro directamente.”

Más adelante agregó: “Se que había gente del ejército, gente de policía federal, gente de Prefectura, gente de Gendarmería. Era una mezcla. A veces veía gente de barba, bigotes, vestidos de campera de jean. Gente que no conocía. En esa época en la ESMA se vivía un ambiente forzado, de resistencia a hablarse, a conocerse, a entablar relaciones personales. Uno iba a cumplir sus tareas, sus horarios. El personal regular iba por la entrada principal. Los integrantes del GT entraban también por otro lugar. Había vehículos no identificados.”

A pesar de insistir en la diferencia entre los miembros regulares afectados al funcionamiento regular de la armada y los irregulares afectados a la lucha contra la subversión, el testigo demostró que las fronteras a veces tenían matices. Lo hizo a través de lo que denominó “un único contacto 100% personal”. El testigo Márquez recordó ese momento y declaró: “En 1976, cuando era jefe de grupo de cirugía de urgencia de guardia en el Hospital Naval, me tocó asistir a una persona gravemente herida. Resulta que era un militante de un grupo de subversión, que había estado en un enfrentamiento armado. Entró con una importante herida abdominal. Era una chica joven, muy bonita. Estaba muy sucia, en un estado lamentable. Se me murió en el quirófano.”

A continuación, el presidente del CEMIDA, Horacio Ballester tuvo que contestar a las preguntas de la defensa sobre las sanciones en caso de no obediencia de una orden militar en combate.

Las audiencias siguen el miércoles 9 de marzo a las 10h45, con el testimonio de Nicolas César Lépido y Carlos Alberto Cerain.