Alegatos de la fiscalía

El Ministerio Público Fiscal concluyó sus alegatos con una solicitud de condena perpetua para Héctor Gamen, Hugo Pascarelli y Pedro Durán Sáenz. En cuanto a los penitenciarios Ramón Erlán, Diego Salvador Chemes, José Néstor Maidana, Ricardo Néstor Martínez y Roberto Carlos Zeolitti, el fiscal Félix Crous pidió que fueran condenados a 25 años de prisión.

El alegato, emotivo en varios instantes, duró cinco días. Crous resaltó al inicio de su presentación cómo durante el juicio se tuvo una sensación de lo diabólico a través de los testimonios que dieron sobrevivientes y familiares de las víctimas.

“Desde luego, vivimos en una época en la que referirse al diablo parece cada vez más ingenuo o más tonto, y sin embargo es imposible enfrentar el hecho de las desapariciones sin que algo en nosotros sienta la presencia de una fuerza que parece venir de las profundidades, de esos abismos donde inevitablemente la imaginación termina por situar a todos aquellos que han desaparecido”, señaló.

El representante del ministerio público presentó a cada una de las víctimas a través de las referencias que cientos de testigos y familiares dieron de ellos durante el juicio. Mencionó hechos como la desaparición del documentalista Raymundo Gleyzer y la tortura y posterior fusilamiento de Federico Martor, Gabriel Eduardo Dunayevich y Mirta Lavazano, jóvenes militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios del Colegio Nacional Buenos Aires. Para la fiscalía, los acusados siguen siendo “torturadores” en la medida en que persisten en no decir cuál fue el destino final de los desaparecidos.

Sobre la situación de Zeoliti, calificado por algunos sobrevivientes como “guardia bueno”, Crous intentó mostrar las diversas oportunidades en las que se contradijo y otras tantas en las que mintió. La bondad de Zeolitti, dijo el fiscal, “consistió en hacer más llevadero el camino hacia el dolor y la muerte de las víctimas. Un matarife que no quiere problemas. ¿Quién es más perverso, el guardia impasible o el que ofrece el último cigarrillo al condenado a muerte?”.

En conclusión, Zeolitti se ocupó de conducir a las víctimas hasta la sala de tortura y regresarlos masacrados, cumplía su trabajo para que otros machacaran la carne y el alma humana hasta el infinito, por tanto es responsable.

El fiscal pidió al Tribunal que ordene al juez de la primera instancia que parte de la causa vuelva a sus manos para que les impute a los acusados el delito de violencia sexual como delito autónomo. Pidió, además, que el juez impute los 22 homicidios comprobados por la identificación de los cuerpos a los cinco penitenciarios que hasta ahora no están acusados.

Rodolfo Walsh 34 años después

Myriam Bregman y Luis Bonomi, querellantes del colectivo Justicia Ya! y representantes de la querella de Patricia Walsh, presentaron sus alegatos relacionados con el asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh.

Por esos hechos, los abogados solicitaron la pena de reclusión perpetua para Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Juan Carlos Rolón, Jorge Carlos Rádice, Pablo García Velazco, Julio César Coronel, Ricardo Miguel Cavallo, Juan Carlos Fotea, Antonio Pernías y Ernesto Weber.

Además de ser acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio, los imputados también fueron acusados por el robo agravado de la obra inédita de Walsh, la cual fue hurtada en un allanamiento a la casa que tenía el periodista en San Vincente.

Según la querella, durante el proceso se comprobó que el 25 de marzo de 1977 la patota de la ESMA intentó secuestrar a Walsh en la esquina de San Juan y Entre Ríos. El periodista se defendió y Weber –uno de los imputados- le disparó. Su cuerpo fue trasladado al centro clandestino en donde fue visto por algunos sobrevivientes. Luego desapareció.

Bregman señaló, además, que la muerte de Walsh formó parte de un genocidio, de un plan de exterminio que tuvo como blanco a toda una “generación militante a la que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar regresivamente la estructura del país”.

Alegatos del Cels

Durante cinco días – del 9 al 13 de mayo – la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) presentó sus alegatos. Los abogados solicitaron prisión perpetua para los militares Pedro Durán Sáenz, jefe de El Vesubio, y Hugo Idelbrando Pascarelli y Héctor Humberto Gamen, ambos jefes de área del centro clandestino.

Para los otros cinco penitenciarios imputados en la causa pidieron penas de 25 años de prisión por haber sido parte importante en el engranaje represivo. “Quienes oficiaban de guardias hicieron un aporte fundamental para mantener vivas a las víctimas y someterlas a tratos degradantes”, señaló Rodrigo Borda, abogado del Cels.

La querella solicitó que las violaciones que padecieron hombres y mujeres detenidos en El Vesubio fueran consideradas como un delito autónomo y no vinculadas a la categoría de tormentos. Por esa razón le pidieron al tribunal que remita los testimonios de las víctimas a un juzgado de primera instancia para investigar a los responsables de esos crímenes, incluyendo al propio Durán Sáenz.

La fiscalía presentará sus alegatos el 16 y 20 de mayo.

Alegatos por el Grupo de la Santa Cruz

Luis Zamora y Horacio Méndez Carrera, representantes de las víctimas del llamado Grupo de la Santa Cruz, presentaron sus alegatos durante los días 12 y 13 de mayo. Los abogados describieron a las personas secuestradas y las actividades que realizaban para buscar a sus familiares desaparecidos, relataron lo dicho por los testigos sobre la infiltración de Alfredo Astiz en el grupo y posteriormente hicieron un recuento de los hechos ocurridos el 10 de diciembre de 1977.

Los querellantes pidieron que se condene a prisión perpetua a Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Jorge Acosta, Juan Carlos Rolón, Ricardo Cavallo, Ernesto Weber, Jorge Radice, Raúl Scheller, Néstor Savio, Julio César Coronel, Juan Carlos Fotea y Alberto González, todos acusados por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio en el marco de un genocidio.

El 18 y 19 mayo alegarán Myriam Bregman y Luis Bonomi, representantes, entre otros, de Patricia Walsh. Luego será el turno de Rodolfo Yansón, quien alegará el 26 y 27 de mayo. Los alegatos del Centro de Estudios Legales y Sociales serán el 2 y 3 de junio.

Réplicas y dúplicas

Por Gonzalo Torres

Querellantes y fiscales realizaron la réplica al alegato de la defensa durante toda la mañana del miércoles 4 de mayo y descartaron punto por punto, con pruebas, doctrina y jurisprudencia las razones de la contraparte, que no pudo contestar durante la duplica con argumentos de envergadura los pedidos de prisión perpetua para todos lo imputados, que tendrán el próximo miércoles 11 de mayo la oportunidad de realizar su descargo y decir unas palabras antes de la esperada sentencia del Tribunal, que estaría en condiciones de dictar sentencia dentro de dos semanas.

Los “replicantes” durante el día número 58 de audiencia fueron Duilio Ramírez, por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Mario Bosch, por familiares de las víctimas, por secretaría de DD HH de la Nación y por el CELS, y Silvina Canteros en representación de la subsecretaría de DDHH de la provincia. Luego fue el turno los fiscales Carlos Amad y Jorge Auat, ambos con una sólida exposición.

Cabe resaltar que la totalidad de los acusadores dirimió las aguas entre la defensa oficial de Juan Manuel Costilla – Federico Carniel y la defensa particular del doctor Carlos Martín Pujol en el entendimiento de que los primeros fueron más respetuosos y se ciñeron a una defensa rigurosamente “técnica” mientras que el defensor particular “mintió groseramente” según manifestó el fiscal Carlos Amad. A continuación una apretadísima síntesis de la jornada.

Querella y fiscalía pusieron énfasis en rebatir la acusación de falso testimonio en masa que realizara Carlos Pujol por supuestas contradicciones de ex detenidos políticos en el relato de los los hechos ocurridos el 12 y 13 de diciembre de 1976 en U7 y Alcaidía.
El abogado Duilio Ramírez fue el primero en contestar la acusación del defensor. “Los testimonios dejan bien claro cómo sucedieron los hechos. El 12 de diciembre ingresó un grupo de presos. Esa noche se produjeron sesiones de torturas que incluyeron a detenidos de Alcaidía y de otros lugares. Luego de las torturas estos detenidos fueron trasladados y nunca más fueron vistos. En todo esto es unánime el relato”, demostró el querellante, para luego explicar que lo que se pretende es encontrar contradicciones en elementos secundarios que no vienen al caso, como el horario exacto de inicio de la paliza en el comedor del penal, o la duración cronométrica de la misma.

En este punto Ramírez resaltó el contexto en el que se hallaban los testigos a quienes la defensa pide precisión absoluta y minuciosa: “Ninguno sabía si sobreviviría esa noche”, razonó el querellante. Estaban en una situación de “pánico” incomunicados y sin posibilidad de ubicación espacio temporal, a pocos metros de una golpiza feroz.

A su turno, Mario Bosch atacó las imprecisiones del alegato de Pujol “en las cuales se le hizo decir a testigos lo que no dijeron” y expuso la diferencia existente entre una contradicción – dos juicios que no pueden ser válidos por ser diametralmente opuestos – y una discrepancia en la percepción de un hecho común. Bosch argumentó que esa divergencia en los relatos es la prueba de que los sobrevivientes no mienten. “No son testimonios calcados, cada sujeto registró lo que pudo desde su dolor, recordando aquello que más lo impactó”.

Para aclarar el panorama el querellante recurrió a Sigmund Freud y su explicación de la memoria traumática. “Voy a citarlo aún a riesgo de que también le pidan falso testimonio”, chicaneó a un risueño doctor Pujol. Según Bosch, Freud cuenta que “la memoria traumática es siempre presente, cuando se recuerda un hecho traumático no aparece el evento completo, como en la memoria corriente, sino que sólo se recuerda aquello que más impactó la psiquis del que recuerda”.

La abogada Silvina Canteros resaltó los errores conceptuales de la defensa respecto de la valoración de la prueba y la caracterización de la alevosía en el homicidio agravado sin que esta necesite la comprobación del estado físico de los trasladados “porque la esencia de la alevosía no es la decisión de matar”, aseveró. Luego declaró que la indefensión de las víctimas proviene de su condición de detenidos políticos, la severidad del traslado, las esposas, los tabiques, y las demás restricciones propias del régimen carcelario de exterminio del Terrorismo de Estado.

“Voy a devolver estocada por cornada”, avisó el enérgico fiscal Jorge Auat al cierre de la replica. El día anterior Pujol le había dedicado varios tramos de su alegato y le acusó de tener que recurrir a la mitología griega por la falsedad de las imputaciones. A la recriminación de acción conjunta entre querella y fiscalía Auat le respondió que ambas partes tienen un “convergencia de intereses” y que los “une el espanto”, ya que “toda la sociedad interpela a los imputados”.

En cuanto a la acusación masiva de falso testimonio refirió que “la denuncia es punitiva en sí misma”, con el único objetivo de amenazar a los testigos y una clara manifestación de la incapacidad de demostrar la inocencia de sus defendidos.

El final de su réplica tuvo lugar para remarcar el carácter histórico de este juicio, “producto de un encomiable esfuerzo de memoria colectiva” y se despidió con una cita literaria, como para no perder la costumbre, moleste a quién moleste: “Recordando Margarita Belén pienso en Virgilio que por boca de Eneas dijo Mi alma retrocede de horror al evocar esos recuerdos”.

Al momento de las duplicas, que comenzaron después de las 16, los defensores reclamaron las mimas cuestiones planteadas durante sus alegatos. Juan Manuel Costilla expuso sobre los pactos y convenciones que según su entender asisten a sus defendidos.
Federico Carniel dedicó su duplica a la defensa de Chas alegando que una menor participación en el fusilamiento. Carlos Pujol contestó las replicas repitiendo varios tramos de su alegato, razón por la que fue amonestado varias veces por el Tribunal. El defensor particular insistió en la hipótesis del asalto montonero a la columna de traslado de detenidos políticos, esta vez con un dato nuevo: hubo guerrilleros infiltrados en el Ejército que colaron la información a sus camaradas para realizar el ataque.

Último alegato

Por Gonzálo Torres

Durante las casi tres horas que duró su exposición el abogado defensor Carlos Martín Pujol fue el protagonista absoluto del día número 57 de la Causa por la Masacre de Margarita Belén, con un alegato al que no le faltaron tapones punta, chicanas, ironías y un par de furcios.

En una sala del Tribunal Oral Federal con mayoría de familiares de las víctimas e integrantes de organismos de Derechos Humanos Pujol defendió a sus representados atacando: pidió la absolución para todos sus defendidos y el procesamiento por “falso testimonio agravado (10 años de pena) porque mintieron y dijeron cualquier cosa” para cincuenta testigos de la causa, la mayoría ex detenidos políticos en Alcaidía y U7 el 13 de diciembre de 1976. La lista incluye también al fotógrafo de la policía Miguel Salinas, al abogado de presos políticos Edwin Tissembaum (presente en la sala) y al ministro de Educación Francisco Romero.

Pujol acompañó su defensa de los militares Aldo Martínez Segón, Jorge Daniel Carnero Sabol, Gustavo Athos Renes y Germán Emilio Riquelme con la proyección de diapositivas de mapas de la ruta 11 y un listado de las incongruencias y contradicciones en los testimonios. Ratificó todo lo dicho por sus colegas defensores “especialmente el análisis de la prueba efectuado por el doctor Costilla”, acusó a la querella y a la fiscalía de “deslealtad procesal”, razonó sobre la estrategia militar en casos de ataque para intentar explicar porqué un civil no pude entender jamás de que se trata la “obediencia debida militar” y se permitió decir que el traslado de detenidos políticos se ejecutó por la noche porque “en diciembre hace mucho calor”.

Para el final le dedicó un par de frases al público presente. “Podemos enseñarle mucho a los organismos de Derechos Humanos, necesitamos una memoria cierta, no una tergiversada” lanzó. Por último se despachó con una curiosa explicación de la desaparición forzada de personas durante el terrorismo de Estado ejercido por la última dictadura en nuestro país: “Posiblemente en Argentina en hubieron (sic) desaparecidos, pero también es cierto que mucha de esa gente figura con documentos falsos en otros países”. Pero su chicana cayó en saco roto. La nutrida “barra de la memoria” presente en la sala lo escuchó en silencio, respetuosa del pedido del Tribunal de guardar recato.

Siete personas, familiares y amigos de los imputados, la mayoría mujeres, presenciaron el alegato de Pujol. Sobresalió por sus gestos y miradas la esposa del torturador Carlos De Marchi, apodado “el electricista” por su pericia manejando picanas en el Regimiento de Infantería 9 en Corrientes, donde fue condenado a 25 años de prisión por el tribunal que hoy comienza causa por torturas y desapariciones a militantes políticos de Goya.

Dos fueron las cuestiones netamente jurídicas sobre las cuales el abogado defensor fundamentó la absolución de sus representados. Por un lado manifestó que los hechos ya fueron juzgados por jueces militares que sentenciaron que lo del 13 de diciembre fue un “acto de servicio” por parte de los oficiales intervinientes ante un “ataque artero e ilegítimo por parte del Ejército Revolucionario Montonero”, una laxa interpretación del “principio de legítima defensa”.

Sabedor de que en ocasiones no hay mejor defensa que un buen ataque, Pujol le apuntó a los tramos de las declaraciones de aproximadamente 50 testigos, en su mayoría ex detenidos políticos en Alcaidía o en la U7 – que no coinciden o no se adaptan al cien por cien en el recuerdo de la paliza mortal en el comedor de la Alcaidía con la que comenzó la Masacre- y a también a todo aquél que acercó datos o indicios de que lo que ocurrió fue un fusilamiento y no un combate, como el policía retirado Miguel Salinas, que contó haber fotografiado 17 cadáveres en la ruta 11 y una fosa común en el cementerio, o el abogado Edwin Tissembaum, por su participación en la entrevista a Ruíz Pío Villasuso.

“Mintieron y dijeron cualquier cosa” alegó Pujol, con una planilla proyectada sobre una de las paredes del Tribunal en la que estaban anotadas las contradicciones de cada cual. La contraparte también recibió lo suyo. Querellantes y fiscales fueron acusados de “deslealtad procesal” por no impedir las “mentiras” de los testigos y – extrañamente – por actuar en conjunto. “Actúan como un todo, y la igualdad de armas se ve avasallada” recriminó el defensor. Lo cierto es que querella y fiscalía comparten el mismo objetivo: acusan a los imputados.

El momento más acalorado del alegato llegó cuando el fiscal Jorge Auat manifestó que “errores conceptuales muy groseros” en el alegato de Pujol. “Lo que está haciendo no tiene nada que ver con la resolución de la causa, esto es un desaguisado procesal”, protestó el jefe del ministerio Público. Sobrevino un fuerte cruce entre las partes con Pujol exigiendo el cese de la interrupción, Auat insistiendo en su reprobación y la jueza Yunnes amonestando a ambos para superar la discusión y continuar el trámite. “Por favor, esto no es una riña de gallos”, exclamó.

“Es muy difícil entender la obediencia debida militar, porque es tan rayana con una orden imposible de revisar,” intentó explicarse Pujol, y prosiguió con una especie de clase de táctica y estrategia de guerra: “Supongamos una hipótesis de conflicto, la toma de un lugar ocupado por un ejército. Para el asalto final es necesario atacar por dos flancos, por el sur, donde está la mayor defensa y por el norte, menor. Y si se recibe una orden de atacar el flanco sur se debe cumplir a costa de la vida, porque eso significa vencer y salvar muchas más vidas…Esto es obediencia de vida militar y, ante la negativa, el que se niega puede ser ejecutado”. Luego razonó que “la justicia no puede permitir hacer un paquete y meterlos a todos, por algo que ni siquiera en su forma particular fue probada su responsabilidad. Es fácil acomodar teorías. ¿Dónde está la autoría?”, se preguntó.

Durante la mañana del miércoles 4 de mayo querella y fiscalía le responderán está y otras de sus inquietudes en las réplicas previas a la sentencia.

Terminaron los alegatos de la Secretaría de derechos humanos

La Secretaría logró terminar hoy su alegato en el que pidió la pena de reclusión perpetua, inhabilitación especial absoluta y perpetua, con más accesorias legales, costos y costas del proceso para Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Antonio Pernías, Raúl Enrique Scheller, Juan Carlos Rolón, Julio Cesar Coronel, Juan Carlos Fotea, Ricardo Miguel Cavallo, Néstor Frimón Weber, Jorge Carlos Radice, Nestor Omar Savio, Alberto Eduardo Gónzalez, por los hechos que damnificaron a Alicia Ana María Juana Domon, Ángela Auad, María Eugenia Ponce de Bianco, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, María Esther Balestrino de Careaga, Patricia Cristina Oviedo, Raquel Bulit, Remo Carlos Berardo, Renné Leonnie Duquet, Azucena Villaflor de De Vicenti y Horacio Aníbal Elbert.

Los dres Zamora y Mendez Carrera alegaron el jueves 12 de mayo a las 9h.

Primer alegato de la defensa

Por Gonzálo Torres

El primer tramo del alegato de la defensa consumió toda la mañana y buena parte de la siesta de la jornada número 56 de la Causa por la Masacre de Margarita Belén.

Los defensores oficiales Juan Manuel Costilla y Federico Carniel – que representan a Luis Alberto Patetta, Horacio Losito, Ricardo Reyes, Ernesto Simoni y Alfredo Luís Chas- pidieron la nulidad de la acusación a sus defendidos y su absolución de culpa y cargo. Invocaron razones de “insuficiencia probatoria” y la aplicación del principio de “beneficio de la duda”.

Desde la defensa se anunció que “varios” de los imputados no aceptarán declarar pero sí tienen la intención de decir “unas palabras” antes de las sentencia. Horacio Losito participó por video conferencia desde el consejo de la Magistratura en Buenos Aires, donde fue intervenido quirúrgicamente.

El eje del alegato de la defensoría oficial giró en torno a cuestiones técnicas, con especial atención en determinados aspectos formales de la prueba y de las imputaciones como por ejemplo la utilización de las declaraciones de los imputados realizadas en sede de instrucción militar, la prescripción de la acción penal, la forma en la que se realizaron las acusaciones y la atipicidad de la figura de desaparición forzada de personas en el derecho penal. Los hechos que se juzgan no fueron abordados con la misma profundidad. En cuanto a los “tecnicismos” pronunciados, la mayoría de ellos ya han sido resueltos en otros tribunales.

Sobre los hechos concretos, los abogados defensores intentaron desaprobar la existencia de la Masacre sin llegar al extremo de acepar la coartada del enfrentamiento y alegaron que el Tribunal no puede tener “la necesaria certeza absoluta” de cómo sucedieron los hechos para dictar una sentencia condenatoria.

“En realidad no sabemos bien qué pasó ese día. Ninguna de las versiones está probada debidamente”, reconoció Federico Carniel. “No fue probado que el enfrentamiento armado no existió”, declaró Juan Manuel Costilla, en una especie de carambola jurídica: la querella no debe probar que existió una Masacre, sino que el enfrentamiento fue falso.

La defensa refutó la incorporación como prueba documental de las declaraciones de los imputados en el juzgado de instrucción militar durante el año 84. Estas declaraciones revisten importancia porque son una prueba contundente de que los imputados estuvieron en el lugar de los hechos el 13 de diciembre de 1976. Más allá de las consideraciones respecto de qué justicia debía juzgarlos, si la justicia civil o los jueces castrenses, las declaraciones fueron tomadas siguiendo el mecanismo que mandaba la ley de esa época, sin coacción de ningún tipo ni violación de las garantías constitucionales de los declarantes.

Esto fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados fallos. En el caso específico de la causa Masacre fue resuelto por el juez de instrucción al dictar el auto de procesamiento, por la Cámara Federal de de Resistencia, por la Cámara Nacional de Casación y finalmente por el mismo Tribunal que lleva la causa durante el planteamiento de las cuestiones preliminares al manifestar que las declaraciones en sede judicial son perfectamente válidas.

“Hay que tomar con recaudo los testimonios”, advirtió Juan Manuel Costilla, con la firme intención de desestimar los testimonios de ex detenidos políticos que no coincidan cien por cien en los detalles de cómo fue la tarde/noche previa al 13 de diciembre en la U7 y en la Alcaldía 35 años atrás.

Costilla explicó que según su entender había una suerte de organización en el penal, con Aníbal Ponti, Miguel Bampini a la cabeza. Los reclusos no estaban aislados y la circulación de información era “perfectamente viable”. Asimismo, remarcó que la “cuestión de las torturas previas y las malas condiciones físicas de los trasladados el 13 de diciembre no puede comprobarse”.

De todos los testigos que declararon en la causa el más desacreditado no fue un ex detenido político. El fotógrafo de la policía Miguel Salinas (aseguró haber registrado 17 cadáveres el 13 de diciembre de 1976 a la vera a la ruta 11) se llevó la mayoría de las críticas de la dupla de defensores: “Es un testigo falso que vino a mentir al Tribunal”, acusaron. Lo cierto es que después de que Salinas prestara declaración testimonial, y participara en la inspección ocular en la ruta 11 y en el cementerio en la búsqueda de fosas comunes nadie pidió su procesamiento por falso testimonio.