Séptima audiencia de alegato de la fiscalía

La fiscalía presentó el relato de los hechos que daminificaron al grupo Villaflor compuesto por: José Hazan, Josefina Villaflor, Raimundo Villaflor, Elsa Martinez, Enrique Ardeti, Juan Carlos Chiaravalle, Juan Carlos Azorena, y Fernando Brodsky. Luego, la audiencia fue interrumpida por un problema de salud del imputado Azic.

La próxima audiencia de alegato de la fiscalía está programada para el viernes 1 de julio a las 8hs.

Tercer día de alegato de la fiscalía

El fiscal Pablo Ouviña continuó su presentación sobre el funcionamiento y la organización de la Armada en la época de la dictadura, que facilitó el rol del grupo de tareas que operaba en el centro clandestino de la ESMA.

Asimismo, el fiscal explicó que la fuerza de tareas 3 era dividida a su vez en varios grupos de tareas que funcionaban en diferentes edificios. La fiscalía explicó la formación del grupo de tareas 3.3 y de la unidad de tareas 3.3.2. y aclaró el límite difuso entre la unidad de tareas y el grupo de tareas.

El fiscal abordó el tema de la relación del grupo de tareas con el ejército y del conflicto entre el servicio de inteligencia naval y el grupo de tareas. Se refirió a los acuerdos entre el GT 3.3 y el comandante de la subzona de Capital Federal.

A continuación, Ouviña analizó la valoración de la prueba y se refirió a los testimonios de las víctimas y los familiares como principal fuente de conocimiento de estos hechos. En ese sentido, citó la sentencia del mismo tribunal en la causa Olivera Róvere y Jefes de Área, que dispuso que el valor de la prueba testimonial en estos juicios adquiere un valor singular.

Finalmente, el ministerio público fiscal empezó su análisis del relato de los hechos hasta las víctimas Jalics y Yorio, incluidos.

Las audiencias siguen el miércoles a las 13h30.

Alegatos de las defensas

El jueves 16 de junio concluyó la ronda de alegatos de la defensa con la exposición del abogado de Roberto Carlos Zeoliti, quien pidió la absolución de su defendido. A diferencia de sus predecesores, el defensor no negó la presencia del imputado en El Vesubio, pero centró su argumentación en la función de guardia y la baja jerarquía que ocupaba el imputado.

Dos días antes, el 14 de junio, el abogado del imputado Gamén dio su alegato señalando que el juicio contra su defendido se estaba adelantando fuera de tiempo. “No se puede analizar con los ojos de hoy hechos ocurridos hace más de 30 años”, dijo el abogado. El defensor reconoció que Gamén sabía de la existencia de los llamados Lugares de Reunión de Detenidos, y lo justificó: “Por supuesto que existían, si estaba la lucha contra la subversión”. Finalmente, invocando cosa juzgada a partir de la aplicación de las leyes de punto final y obediencia debida, pidió la absolución de Gamén por todos los hechos.

Los alegatos de la defensa de los imputados Chemes, Erlán, Maidana y Martínez, presentados el 7 de junio, se concentraron en intentar probar que los acusados no cumplieron funciones en El Vesubio. Por tal motivo la defensa pidió la absolución de los cuatro imputados.

La defensa de Hugo Pascarelli tuvo su oportunidad de alegar el 31 de mayo. El abogado defensor consideró en esa oportunidad que los crímenes que están siendo juzgados estaban prescriptos. Además, rechazó cualquier tipo de participación del imputado -quien de hecho se desempeñó como jefe del área 114, donde estaba ubicado El Vesubio- y solicitó su absolución.

La ronda de alegatos se vio interrumpida por la muerte del imputado Pedro Alberto Durán Sáenz, jefe del centro clandestino de detención, quien falleció el lunes 6 de junio. Al ex coronel se le imputaba la responsabilidad por 63 secuestros y tormentos y 19 homicidios. Adicionalmente, durante el juicio, varias testigos declararon haber sido violadas por el ex militar.

Las querellas –incluida la del Centro de Estudios Legales y Sociales- y la fiscalía solicitaron en sus alegatos que Durán Sáenz fuera condenado a prisión perpetua y que se abrieran las correspondientes investigaciones por los delitos sexuales que fueron denunciados. Pese a la gravedad de los crímenes de los que se le acusaba, el ex coronel gozaba del beneficio de arresto domiciliario.

Segundo día del alegato de la fiscalía

El 15 de junio el alegato fue interrumpido por el estado de salud del imputado Ernesto Frimon Weber, quién fue transportado al Hospital Naval por problemas de presión baja.

El 16 de junio, la fiscal Mirna Goransky continuó el alegato e insistió en que los juicios por crímenes de lesa humanidad tienen un sentido que va más allá del hecho de que la justicia argentina obligue a realizarlos.

Goransky se refirió a la influencia de la Escuela de las Américas y la doctrina de la seguridad nacional. También mencionó el rol de Francia en la enseñanza de la tortura a raíz de su experiencia en la guerra de Argelia. Por último, recordó el contexto histórico en el que se ideó el plan que fue aplicado durante la dictadura.

Por su parte, el fiscal Pablo Ouviña se refirió a los reglamentos y la organización de la armada, durante la dictadura, ya que, según él, “una parte del mal y la locura fueron reglamentados”. Ouviña analizó la relación entre la armada y el ejército. La exposición fue interrumpida por el estado de salud del imputado Pablo García Velazco quién fue trasladado al Hospital Naval.

El alegato de la fiscalía sigue el viernes 17 de junio a las 9h00.

Inicio del alegato de la fiscalía: describir “la locura del mal”

En el día de hoy, la fiscal Mirna Goransky inicio su alegato recordando que si bien la causa se está llevando ante un tribunal común, los hechos que tienen que juzgar no son hechos comunes. “Estamos juzgando hombres, no monstruos, pero hombres que cometieron monstruosidades”, dijo Goransky.

La fiscalía describió los crímenes cometidos adentro de la ESMA como la “la locura del mal”. A través de una descripción exhausta del funcionamiento del centro clandestino de detención, el ministerio público fiscal señaló cómo el lenguaje era usado para ocultar la locura del mensaje.

También la fiscalía refirió al testimonio de la sobreviviente Ana María Martí, para dejar sentado que el ministerio público fiscal no hacía diferencia entre las víctimas, como aseguran algunos de los imputados. Para la fiscalía solo hay víctimas. “Nadie golpeó las puertas de la ESMA. Ninguno de ellos pidió ni mereció la tortura y la muerte sin dejar rastro”, dijo la fiscalía.

El alegato de la fiscalía sigue el 16 de junio a las 9h00.

El CELS pidió prisión perpetua para los máximos oficiales de la ESMA

El Centro de Estudios Legales y Sociales CELS presentó sus alegatos, en los que se mostró la responsabilidad de los 18 procesados por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la ESMA. La intervención de la querella apuntó a esclarecer el contexto en el cual tuvieron lugar estos delitos, explicar la estructura represiva en la cual actuaron los imputados y el funcionamiento del centro clandestino entre 1976 y 1983.

“Celebramos poder estar hoy aquí participando en el tramo final de un juicio sin dudas histórico. Queremos acentuar que la justicia argentina aún tiene un largo camino por recorrer. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que la justicia llega demasiado tarde para muchas víctimas y sus familiares que murieron sin poder alcanzarla”, dijo Carolina Varsky al inicio de su presentación.

Más adelante recalcó que los hechos investigados se enmarcaron en un plan criminal previamente diseñado e implementado desde la estructura estatal, en el marco de una dictadura militar con gran apoyo civil. La abogada reiteró que los autores se valieron de este plan e integraron la maquinaria de impunidad que se montó desde el Estado para promover y encubrir sus crímenes.

Hubo varios ejes importantes abordados durante las audiencias. Uno de ellos tuvo que ver con la violencia de género como práctica sistemáticas en la ESMA. En este centro clandestino de detención, ese tipo de violencia se vivió con una particularidad que tiene que ver fundamentalmente con el sometimiento a la esclavitud sexual.

Los abogados del CELS recordaron la existencia de sobrevivientes que han declarado haber sido obligadas a mantener relaciones sexuales estables con alguno de los oficiales de la Unidad de Tareas 3.3.2 y de otras que mencionan reiterados intentos de abusar sexualmente de ellas apelando a su vulnerabilidad psíquica y mental por parte de alguno de estos oficiales.

“Llamativamente, no hay víctimas de este juicio que hayan denunciado ser sexualmente abusadas. No obstante, algunos sobrevivientes cuyo caso no es objeto de este debate relataron la comisión de estos delitos en su contra, o respecto de víctimas que hoy se encuentran desaparecidas”, advirtió la querella. Por esta razón, los abogados solicitaron que se extraiga parte de los testimonios para que esos delitos sean investigados de manera autónoma.

El alegato también describió el funcionamiento de la maternidad clandestina ubicada en el Casino de Oficiales. Los querellantes sostuvieron que el objetivo de este espacio era brindar ciertas condiciones mínimas para que las detenidas embarazadas dieran a luz a sus hijos, que luego serían entregados a terceros.

Uno de los aspectos más interesantes del alegato relacionado con las víctimas tuvo que ver con el caso de María Cristina Lennie, quien al momento de ser secuestrada en la calle, resolvió tomarse una pastilla de cianuro líquido, por lo que llegó sin vida a la ESMA. Para los abogados del CELS, los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas se configuran desde el mismo momento en que los secuestradores se aproximan a la víctima, quien al ser rodeada y, más aún, sujetada, se encuentra ya privada de su libertad. Es también en ese mismo momento cuando la persona empieza a adquirir conciencia de los tratos inhumanos a los que será expuesta de ser llevada al centro clandestino de detención. Esa conciencia configura en si misma una forma de tortura.

Teniendo en cuenta lo anterior, la querella señaló María Cristina Lennie resolvió quitarse la vida ante la inminencia de tener que soportar graves sufrimientos físicos y psíquicos que ya habían comenzado y que iban con certeza a incrementarse una vez trasladada a la ESMA. La víctima optó por el suicidio y no lo hizo libremente ni por propia decisión, sino que lo hizo forzada por las circunstancias que generó el imputado por este hecho: Oscar Antonio Montes. Por esa razón, los abogados solicitaron que Montes responda por homicidio.

Respecto al secuestroy la desaparición de Rodolfo Walsh, la querella consideró que se habían comprobado los hechos ocurridos el 25 de marzo de 1977, cuando una patota de represores de la ESMA intentó secuestrar el periodista y escritor en la esquina de San Juan y Entre Ríos. Walsh se defendió y Weber, uno de los imputados, le disparó. El cuerpo del periodista fue visto por varios sobrevivientes en el centro clandestino de detención. Por este delito fueron acusados Astiz, Acosta, Rolón, Rádice, García Velazco, Coronel, Cavallo, Fotea, Pernías y Weber. Se les imputó además el robo de la obra inédita de Walsh de la casa que tenía el periodista en San Vicente

En conclusión, la querella solicitó la condena a prisión perpetua para Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz Ricardo Miguel Cavallo, Juan Carlos Fotea Dineri, Julio César Coronel, Manuel Jacinto García Tallada, Pablo Eduardo García Velasco, Alberto Eduardo González, Oscar Antonio Montes, Antonio Pernías, Jorge Carlos Radice, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Savio, Raúl Enrique Scheller y Ernesto Frimón Weber. También solicitaron penas de 25 años para el ex ayudante mayor de la Prefectura, Juan Antonio Azic; el ex capitán Adolfo Miguel Donda y el médico Carlos Antonio Capdevilla.

El alegato estuvo a cargo de los abogados del CELS Carolina Varsky, Gerardo Fernández y Daiana Fusca y de Agustín Chit, de Abuelas de Plaza de Mayo. Como cabeza de la querella unificada, hablaron también en representación de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, las organizaciones del colectivo “Justicia Ya”, Lilia Ferreyra -compañera de Rodolfo Walsh-, Marianela Galli, Thelma Jara de Cabezas y la familia Fidalgo.