Alegatos de la defensa de Montes y García Tallada: Massera es el único responsable

Los alegatos de la defensa de Montes y García Tallada se basaron en la idea de que Massera era el responsable directo de la ESMA y del grupo de tareas que operó desde ese centro clandestino. Según ellos, en el lugar no se respetaba la cadena de comando establecida por el PLACINTARA. Además, el jefe de la Armada usaba al Grupo de Tareas de la ESMA con un fin personal vinculado a su proyecto político.

Los defensores de los imputados intentaron demostrar que en la Armada existieron cargos meramente formales. “Nuestros defendidos habrían sido investidos formalmente pero en los hechos todo fue labor del miembro de Estado Mayor de la Armada”, señalaron.

La defensa pública también invocó el principio de cosa juzgada y non bis in ídem, la inconstitucionalidad de la ley de reapertura de los juicios, la prescripción de la acción penal y la nulidad de las declaraciones indagatoria de sus imputados. Los abogados pidieron, además, la nulidad de la querella del CELS en lo relacionado con la calificación de homicidio en los casos de José María Salgado, María Cristina Lennie y de las cinco víctimas del denominado Grupo de la Santa Cruz.

Por último, solicitaron que las penas para sus defendidos no superaran los 10 años de prisión.

Los alegatos siguen con la defensa de Acosta, Radice, Capdevilla y Donda, los días 28 y 29 de setiembre a las 9; y el lunes 1 de agosto a las 10:30.

Alegatos de la defensa: Empezó el defensor de Julio Cesar Coronel

“Acabo de encender un cigarrillo y sé perfectamente que no se puede hacer, por lo cual lo voy a apagar”. Así empezó su alegato el abogado Coronel, hijo del imputado Julio Cesar Coronel. Coronel-hijo se refirió entonces a las audiencias del Juicio a las Juntas, en 1985, cuando era permitido que los testigos, jueces y fiscales fumaran. El defensor pretendía equiparar la prohibición de fumar en una sala de audiencia en el año 2011, a la prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad. Según él, ambos hechos tendrían que ser juzgados en el contexto en el que fueron cometidos.

“¿Se puede juzgar y llegar a un fallo justo analizando hechos que sucedieron en otra época?”, preguntó Coronel. El abogado afirmó que durante el proceso se han violado las garantías de su defendido en lo que se refiere al principio de irretroactividad de la ley penal, de la presunción de inocencia y del debido derecho de defensa.

La imparcialidad del tribunal fue una preocupación mayor de Coronel. Dijo: “Se ha llegado al gran momento. Al momento de la gran verdad. Efectivamente no tiene que ver con la absolución ni con la condena. Es saber si la imparcialidad estará presente al momento de resolver; si la institución será quién dicte sentencia”.

Más adelante agregó: “Esta defensa le ruega al tribunal que olvidemos todo contexto político de esta causa. Valoremos la prueba y que sea la institución que juzgue los hechos presuntamente delictuales. Entonces sí, esta defensa cree que vale la pena alegar…. Si este tribunal actúa institucionalmente, entonces se hará justicia”. Para Coronel, “la actividad de administrar justicia, es una actividad casi divina”.

“Esta defensa no cuenta con sponsor del gobierno, pero cuenta con algo mucho pero mucho más poderoso, que no necesita modificar prueba… Esta defensa cuenta con la verdad: es la inocencia del señor Julio Cesar Coronel. Es la única verdad debidamente probada ante estos estrados”, alegó el defensor.

Con una proyección en powerpoint representando una balanza, analizó literalmente el “peso” de las pruebas en los dos hechos que se le acusa: el asesinato de Rodolfo Walsh y los hechos conocidos como de Santa Cruz. Sobre el caso Walsh, en contra del imputado Coronel dijo haber encontrado solamente el testimonio del sobreviviente Lisandro Cubas, al que intentó desacreditar. Según él, ningún testimonio es imparcial y objetivo y todos los testigos tienen interés en la causa.

El abogado defendió la tesis de que Julio Cesar Coronel había pertenecido al ejército y había trabajado únicamente para el ejército. Dijo que su defendido fue herido en un operativo en San Fernando, el 25 de marzo de 1977, y por lo tanto no había podido presenciar el operativo que condujo a la muerte de Walsh. Más adelante agregó que para la fecha en que se produjo el secuestro del denominado grupo Santa Cruz, Coronel estaba paralítico y para eso aportó un certificado médico que indica que para mayo de 1978 seguía rehabilitándose. “Para diciembre de 1977, Julio César Coronel no era rengo, era inválido. Estaba en silla de ruedas”, afirmó.

En cuanto a la condecoración que recibió el imputado de la Armada por su heroico valor en combate en la lucha contra la subversión, el abogado dijo: “Esto no tiene nada de raro y para ser condecorado no resulta necesario integrar la fuerza que otorga la condecoración. El señor Julio Cesar Coronel fue un soldado. Estuvo en combate, estuvo en Tucumán. Y puedo estar orgulloso de decir que fue un buen soldado. Sé lo que sufrió por tener que retirarse debido a la herida que lo dejó inválido, sin posibilidad de seguir en esa carrera”.

Para concluir, Coronel-hijo solicitó la absolución de su padre: “Esta defensa solicita la absolución de Julio César Coronel; se lo pide a este tribunal. El fiscal no se animó, la justicia deberá hacerlo. Esta defensa descansa en dios, fuente de verdad y justicia.”, terminó el defensor.

Los alegatos de la defensa siguen el lunes 25, a las 9h, con los abogados Celaya y Piñeyro en defensa del imputado Oscar Antonio Montes.

La sentencia

El Tribunal Oral Federal N°4 condenó a siete represores a penas de entre 18 años y prisión perpetua en cárcel común por 156 crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio.

Luego de casi un año y medio de iniciado el juicio oral, el tribunal integrado por Leopoldo Bruglia, Jorge Gorini y Pablo Bertuzzi condenó a los oficiales del ejército Héctor Gamen y Hugo Pascarelli a la pena de prisión perpetua por encontrarlos culpables de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. Los jueces revocaron su excarcelación y ambos deberán cumplir su pena en cárcel común.

Además, el tribunal condenó por su participación en casos de secuestro y tortura a los agentes del Servicio Penitenciario Federal José Maidana a 22 años y seis meses de prisión; Diego Chemes a 21 años y seis meses; Ramón Erlán y Ricardo Martínez a 20 años y seis meses; y Roberto Zeolitti a 18 años. También se encontraba imputado en esta causa el ex coronel Pedro Durán Sáenz, jefe del centro clandestino, quien murió impune el pasado 6 de junio.

La directora del Área de Litigio del CELS, Carolina Varsky, aseguró que “estas condenas constituyen un nuevo avance en el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina”. No obstante, sostuvo que la muerte sin condena del ex coronel Pedro Durán Saénz “pone en evidencia una vez más la necesidad de agilizar los procesos”.

Con respecto a los delitos sexuales que sufrieron hombres y mujeres dentro del centro clandestino, el tribunal ordenó la extracción de testimonios para su investigación de manera autónoma, como lo habían solicitado los abogados del CELS.

El Vesubio funcionó en un predio del Servicio Penitenciario Federal, ubicado en la intersección de Camino de Cintura y Autopista General Ricchieri, en el partido de La Matanza, entre abril de 1976 y diciembre de 1978, bajo jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército. Se sospecha que comenzó a ser demolido en esa fecha, con motivo de la visita a nuestro país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre los 150 testigos que declararon en la causa, más de cincuenta fueron sobrevivientes del centro y dieron testimonio de su cautiverio y del de otras víctimas que permanecen desaparecidas. El CELS patrocinó a las familias de María Teresa Trotta, Roberto Castelli, Laura Isabel Feldman y Roberto Luis Cristina.

Réplicas, dúplicas y últimas palabras

El miércoles 29 de junio la fiscalía y las querellas expusieron sus réplicas. En esa oportunidad, remarcaron el importante papel que tuvo Hugo Pascarelli como jefe de área y destacaron la credibilidad de los testimonios de las víctimas.

En respuesta, las defensas expusieron sus dúplicas centradas en dos puntos: la supuesta prescripción de los delitos por los que están acusados sus representados y en el principio de cosa juzgada. Además, la defensa de los agentes penitenciarios Diego Chemes, Néstor Maidana, Ramón Erlán y Ricardo Martínez también alegó que estos imputados no tenían poder de decisión en el centro clandestino.

Por su parte, la defensa de Roberto Zeolitti resaltó el “desempeño humanitario” de su representado dentro del centro y mencionó su colaboración con la justicia en democracia.

El martes 5 de julio a partir de las 10.30 Héctor Gamen y Hugo Pascarelli harán uso de la palabra por última vez antes de la finalización del juicio. Lo mismo harán Roberto Carlos Zeoliti y Diego Salvador Chemes el martes 12 de julio a partir de las 10.30. Los imputados Ricardo Néstor Martínez, José Néstor Maidana y Ramón Antonio Erlan dirán sus últimas palabras el jueves 14 de julio a las 10.30. Ese mismo día, a las 17, los jueces leerán el veredicto.

Terminó el alegato de la fiscalía

El viernes 8 de julio, la fiscalía pidió la reclusión perpetúa de Jorge Acosta, Alfredo Astiz, Juan Carlos rolón, Pablo Eduardo García Velazco, Adolfo Donda, Néstor Savio, Ernesto Frimón Weber, Juan Carlos Fotea, Julio Cesar Coronel, Ricardo Miguel Cavallo, Antonio Pernías y Jorge Radice.

La fiscalía pidió 25 años de reclusión por Carlos Capdevila, Oscar Montes, Manuel Jacinto García Tallada y Juan Antonio Azic.

A la diferencia de las otras querellas que los precedieron, la fiscalía pidió que se responsabilice a los imputados por los homicidios de los 12 miembros del denominado grupo de Santa cruz.

Empiezan los alegatos de las defensas el 14 de julio a las 10h, con la defensa del imputado Julio Cesar Coronel.

Novena audiencia de alegato de la fiscalía

El lunes 4 de julio, la fiscalía inauguró su ùltima semana de alegato. Empezó exponiendo sobre temas de autorías sobre la responsabilidad de los imputados, como miembros de un aparato de poder, y como autores directos de los hechos por los que se los acusa. Asimismo explicó que la responsabilidad de los imputados Montes y García Tallada será contenida dentro del marco de autores mediatos por su rol de jefe de la fuerza de tarea 3, de la cúal dependía el grupo de tarea de la ESMA.

Luego, la fiscalía volvió sobre la carrera del imputado Jorge Acosta y explicó porque tenía que ser responsables de privaciones ilegales de la libertad, tormentos e incluso homicidios de los hombres y mujeres que pertenecían al grupo de la Santa Cruz, de Rodolfo Walsh y de Raimundo Villaflor.

Las audiencias siguen el miércoles a las 13h30, en la sala SUM.

Octava audiencia de alegatos de la fiscalía

El viernes 1 de julio la fiscalía terminó con la presentación de los hechos que damnificaron al denominado grupo Villaflor y presentó un relató exhaustivo de los hechos que damnificaron a las doces víctimas del grupo conocido como de la Iglesia Santa Cruz. Al respecto, la fiscalía consideró que las doce víctimas -Azucena Villaflor de Vicenti, Angela Auad, Patricia Oviedo, Esther Ballestrino de Careaga, Julio Fondevila, Gabriel Horane, Raquel Bulit, Horacio Aníbal Elbert, Leonie Duquet, Alice Domon, María Eugenia Ponce de Bianco y Remo Berardo – fueron secuestradas, torturadas y mantenidas en cautiverio en la ESMA. Luego habrían sido eliminadas juntas, al poco tiempo de su secuestro.

El lunes 4 de julio, la fiscalía continuará su alegato donde definirá la responsabilidad de los acusados. La audiencia empezará a las 8hs, en la sala AMIA.