Alegatos de la defensa de Astiz

El jueves 10 de agosto, la defensa de Alfredo Astiz inició sus alegatos advirtiendo que los hechos que se le imputan a su defendido son genéricos e indeterminados, insuficientes para ser base de una condena. Siguiendo el orden señalado al comenzar su presentación, los abogados se adhirieron a lo dicho por defensas anteriores respecto al tema de las amnistías, la cosa juzgada y la garantía de non bis in ídem.

También solicitó la nulidad parcial de los alegatos de las querellas y de la fiscalía, ya que hay hechos por los que Astiz no fue intimado y otros que no formaron parte del requerimiento de elevación a juicio, lo cual afecta gravemente el principio de congruencia. “Hay que probar la responsabilidad de Astiz por hechos concretos y no por ser integrante del grupo de tareas”, señaló la defensa.

Para los abogados, ante la imposibilidad de demostrar hecho por hecho, caso por caso, el Ministerio Público Fiscal optó por potenciar la responsabilidad del imputado tratando que todos los casos se evaluaran en conjunto. Sin embargo, de las 72 víctimas directas que declararon en el juicio solo el cinco por ciento de ellas -cuatro testigos en total- vinculan a Astiz con el delito de tormentos físicos. Otros testigos dicen que los integrantes del grupo de tareas se rotaban en los distintos oficios, lo cual se contradice con otros relatos en los que se da cuenta de una estructura muy rígida en la división de tareas dentro de la unidad militar.

La defensa continuó tratando de demostrar las incongruencias en los relatos de las víctimas y testigos del juicio. Sobre la desaparición del grupo de la Santa Cruz, los abogados señalaron que debían tenerse en cuenta la fecha en que ocurrieron los homicidios, las circunstancias en que estos se produjeron y la manera como fue tomada la decisión que condujo a esas muertes. Para los defensores no hay fechas exactas sobre cuánto tiempo permanecieron en la ESMA y las pruebas son contradictorias en ese punto. Por otra parte, Astiz, al ser un subalterno, no podía tener injerencia sobre el destino que iban a tener las personas secuestradas.

Al día siguiente –el viernes 11 de agosto- continuaron los alegatos. Al abordar el caso de Rodolfo Walsh, la defensa advirtió que el requerimiento de elevación a juicio sólo vincula a Astiz con los delitos de privación ilegal de la libertad y sustracción de bienes. En ese sentido, no se puede considerar que se le haya imputado el homicidio del periodista y escritor.

Según los abogados, no existen pruebas de que Astiz haya participado en ninguno de los delitos por los que ha sido acusado. “A lo largo de este juicio no conseguimos saber qué pasó exactamente. Las imprecisiones en los testimonios hace difícil saber cómo fue que sucedieron exactamente los hechos”, dijo la defensa y por eso la indeterminación actuaría a favor de su defendido.

Los abogados fueron concluyendo su alegato señalando que la simple pertenencia a un grupo de tareas no hace que el individuo sea responsable por los hechos que ese grupo ejecutó. “Es como responsabilizar a un jugador que está en su casa por la derrota en un partido que ni siquiera jugó”, intentó ilustrar la defensa. Por todo lo anterior, solicitaron que Astiz fuera absuelto.

Las audiencias continuarán en jueves 18 y viernes 19 de agosto, con los alegatos de las defensas de Ernesto Weber, Juan Carlos Fotea y Juan Antonio Azic.

Alegatos de la defensa de Pernías

Los días 4 y 5 de agosto, alegaron los abogados que representan la defensa del imputado Antonio Pernías.

La defensa inició los alegatos refiriéndose –como lo hicieron defensas anteriores- que para el momento de ocurrencia de los hechos no había costumbre legal sobre los crímenes de lesa humanidad y su imprescriptibilidad. Por esa razón, las actuaciones juzgadas en esta oportunidad violan el principio de legalidad.

Posteriormente hicieron un largo planteo sobre nulidades que afectarían los alegatos de la fiscalía y de las querellas, principalmente por indeterminación de los hechos. “No hace falta decir que alguien intervino en un hecho; tiene que decirse también cómo intervino. Sólo de esa manera se puede ejercer el derecho de defensa –dijo el abogado-. En el caso de Pernías, nunca se describen hechos concretos que él haya realizado. Como mucho se lo señala como integrante de un grupo de tareas”.

También señaló que los alegatos acusan por unos hechos que no están contenidos en el requerimiento de elevación a juicio, sobre todo en lo que tiene que ver con el homicidio de Rodolfo Walsh. Para la defensa, hubo un cambio en la estrategia de la Fiscalía, que al inicio del proceso le imputó a Pernías unas conductas determinadas y luego, al presentar su alegato, señaló que la simple pertenencia al grupo de tareas lo hacía penalmente responsable.

Más adelante, la defensa dijo que en el contexto en que ocurrieron los hechos, la obediencia dentro de un órgano militar era considerada absolutamente legítima. “Muchos dicen que la guerra era justa otros que era injusta. Yo no me voy a poner a debatir esto; solo voy a decir que los soldados debían cumplir. Se podían delegar todas las funciones, menos la responsabilidad”, dijo el abogado. Luego agregó que debido a la educación recibida por Pernías, él consideraba que los actos ejecutados eran legales.

Sobre las pruebas aportadas al juicio, la defensa dijo que los testimonios son muy contradictorios, que frente a la aplicación de tormentos no hubo nadie que acreditara que su defendido participara de esas prácticas y que muchos de quienes hablaron en el juicio contaron lo que dedujeron y no lo que percibieron realmente al momento de los hechos. Por eso solicitaron la absolución de su defendido.
Las audiencias continúan el miércoles 11 de agosto con los alegatos de la defensa de Astiz.

Alegatos de la defensa de Acosta, Radice, Capdevilla y Donda

Los días 28, 29 de julio y 1ero de agosto de 2011, alegaron los abogados que representan la defensa de Acosta, Radice, Capdevilla y Donda.

El alegato comenzó haciendo una crítica a la que sería la teoría empleada por el Ministerio Público según la cual la simple pertenencia al grupo de tareas que ejecuta actos criminales es suficiente para responsabilizar como autores a cada uno de los integrantes de ese grupo. Para la defensa, la Fiscalía hizo uso de esa teoría porque no pudo probar los hechos que integran la causa. “Por eso recurre a ese aporte de la membrecía –dijo el abogado-. Yo respeto esa postura, pero la vamos a refutar”.

Según los defensores, la principal fuente de conocimiento del Ministerio Público son los testigos: “No nos proponemos descalificar los testimonios. Pero se trata de una prueba imperfecta y debe ser valorada con suma cautela y de una manera crítica”.

Durante un buen rato, al defensa argumentó que los testigos, al ser víctimas, tienen un claro interés en el resultado del juicio; también habría que tener en cuenta que muchos sienten una animadversión –entendible, aclaran- frente a quienes creen que fueron sus verdugos. Por último señalaron que el proceso de “recordar” implica una reconstrucción que puede ser “contaminada” por lo que se ha leído, escuchado e imaginado en los últimos 35 años.

Por otra parte, el abogado defensor señaló que juzgar esos delitos ocurridos décadas atrás viola el principio de legalidad, ya que al momento de ocurrencia de los hechos la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no era una costumbre legal. También alegó la excepción de cosa juzgada para algunos de los hechos imputados a Actosta, Capdevilla y Donda, quienes ya habían sido indagados por varios casos en 1987. “Acá hay identidad de persona, objeto y causa. Ya no se trata de discutir si la derogación de las leyes obediencia debida y punto final es legítima. Se trata de hacer valer el derecho a no ser perseguido dos veces sobre los mismos hechos”, argumentó el abogado defensor.

En el caso de Acosta, la defensa dijo que hubo ausencia probatoria y que se hizo mucho hincapié en la supuesta personalidad enferma del imputado. Los abogados aseguraron que en muchas de las imputaciones hechas a Acosta violaron el principio de congruencia, que no estuvo al momento de ocurrencia de los hechos del grupo de la Santa Cruz y Walsh.

También se intentaron demostrar que el imputado no estaba en lo más alto del escalafón jerárquico de la Armada y que por eso –por no tener capacidad autónoma de mando- no tenía más alternativa que seguir las órdenes que sus superiores le daban en materia de lucha contra la subversión, las cuales consideraba, además, legales. Solicitaron que fuera absuelto.

Sobre Radice, la defensa adoptó el criterio de la fiscalía y señaló que al momento en que ocurrieron los hechos que se le imputan –el secuestro del grupo de la Santa Cruz y el homicidio de Rodolfo Walsh- el procesado no pertenecía al grupo de tareas. También advirtió la violación del principio de congruencia porque el requerimiento de elevación a juicio no contempló los delitos de homicidio sino de privación ilegal de la libertad y robo. Por eso solicitaron su absolución.

Al momento de abordar el caso de Donda, la defensa señaló que cinco casos atribuidos al imputado ocurrieron antes de que él integrara la unidad de tareas. Frente a los otros hechos que se le imputan, los abogados dijeron que sólo participó en las detenciones de algunas víctimas y que el imputado las ejecutó con la creencia de que se trataba de conductas legítimas. Solicitaron su absolución.

Finalmente, en el caso de Capdevilla, la defensa argumentó prescripción, cosa juzgada y obediencia debida. Negaron que fuera un médico defensor de la tortura. Pidieron que fuera absuelto.

Las audiencias continúan el 4 y 5 de agosto con la defensa de Pernías.