Próximas audiencias

Luego de una semana de receso, el juicio oral se reiniciará el próximo miércoles 6 de junio, con los alegatos de las defensas de Pedro Godoy y Alfredo Feito. Ese mismo día está previsto que comiencen las réplicas y las dúplicas, que en caso de no concluir se extenderán hasta el jueves 7 de junio. El viernes 8 se escucharán las últimas palabras de los imputados y posteriormente se leerá el veredicto.

En la jornada del 24 de mayo la querella unificada n° 2, integrada por los representados de Justicia ya!, y la querella unificada n° 3, integrada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, presentaron sus alegatos.

La Fiscalía y la querella unificada N°1 concluyen sus alegatos

La Fiscalía concluyó sus alegatos solicitando al tribunal que condene a los imputados Pedro Godoy y Alfredo Feito a 25 años de prisión por genocidio. Durante la jornada, el Ministerio Público hizo una extensa descripción de por qué los hechos investigados en esta causa entran en los supuestos contemplados por el delito de lesa humanidad más grave que existe en la normativa internacional.

Por su parte, la querella unificada n°1 -que integran los representados del CELS, Madres de Plaza de Mayo -LF, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., Alcira Ríos y los representados por el grupo KAOS- solicitaron condenar a Godoy y Feito a 25 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados de las 181 víctimas de la causa.

En sus alegatos, la querella hizo especial énfasis en la importancia que tuvo para el aparato represivo las labores de inteligencia. Es precisamente a esa área a la que pertenecieron Godoy y Feito, el primero de ellos en la Policía Federal y el segundo en el Batallón 601.

Tanto la Fiscalía como la querella solicitaron que se extrajeran los testimonios pertinentes para la investigación por homicidio de 26 personas sobre las que se allegaron certificados de muerte presunta por desaparición y de cinco personas más cuyos cuerpos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. En el caso de la querella, también se pidió que se extrajeran los testimonios para agregarlos al proceso que se está llevando a cabo por la muerte de Horacio Mendizábal.

Mañana a las 10 se presentarán los alegatos de las otras querellas.

Alegatos de la Fiscalía

El día de hoy la Fiscalía empezó sus alegatos con el relato de los hechos que son objeto de imputación en esta causa. El miércoles 23 de mayo, a las 10, el Ministerio Público continuará con sus alegatos y está previsto que a las 14 horas de ese mismo día comience a alegar la querella unificada N° 1, integrada por los representados del CELS, Madres de Plaza de Mayo -LF, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., Alcira Ríos y los representados por el grupo KAOS.

“Tengo la convicción de que mi esposo fue asesinado dos veces”

Alicia Bonet, esposa de Ruben Bonet, dio su testimonio el día de hoy. Narró con mucha precisión el contexto de persecución política que se vivía durante comienzos de la década de los 70, el cuál alcanzaría su punto más álgido con la Masacre de Trelew. Rubén Bonet fue detenido en 1971 y una vez constatada su militancia fue enviado a la cárcel de Devoto.

“Iba a visitarlo con los chicos y veo como se va llenando la cárcel –cuenta Alicia-. Estudiantes, sindicalistas, políticos… Había mucha represión. Hacíamos una cola de más de tres horas los jueves y los fines de semana. Pasábamos una requisa muy humillante, muy dura. Sobre todo para los más chiquitos. Mariana –una de sus hijas- todavía se acuerda del ruido de las rejas y los candados”.

El ambiente empieza a complicarse más con la muerte de Luis Pujals, de quien Rubén era muy amigo. La esposa de Pujals, Susana Gallero, le contó a Alicia que cuando supo de la detención de su marido puso varios habeas corpus sin resultado.

Rubén fue condenado por el PEN a dos años y medio de cárcel. El proceso se llevó a cabo ante la Cámara Federal, más conocida como “Camarón”. Los abogados de Bonet fueron Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde. El primero de ellos fue asesinado años después por la triple A. El segundo tuvo que exiliarse durante la dictadura de 1976.

“En marzo del 72 lo llaman nuevamente al tribunal y esa es la última vez que lo veo vivo. En mayo lo trasladan a Rawson. Era un penal de máxima seguridad, que aislaba a los presos sindicalistas y políticos. Ir allá dos veces por semana era imposible. También lo era para los abogados”, dijo Alicia.

Se enteró por radio de la fuga del 15 de agosto, de la toma del aeropuerto del grupo que no alcanzó a evadirse, de la conferencia de prensa en la que participó Rubén junto con Antonia Berger y Mariano Pujadas y del traslado de los detenidos a la base Almirante Zar en Trelew. Alicia viajó a la ciudad patagónica –sitiada por los militares- y se reunió con varios familiares de otros detenidos en el hotel Touring. Intentaron contactarse con las autoridades para poder saber sobre las condiciones de sus seres queridos y obtuvieron como respuesta la detención en una comisaría del lugar, donde fueron fichados por la policía.

Regresó a Buenos Aires. El 22 se entera del supuesto intento de fuga. “El primer comunicado que escucho es del general Betti –jefe de la zona de emergencia que decretó el gobierno de Lanusse-. Allí dan la lista de los muertos y mi marido está en la lista de los heridos”, cuenta Alicia. Señala, además, que desde el principio dudó de esa versión. “Los 19 que estaban en la base tenían una buena formación política, habían pasado meses preparando la fuga de Rawson y el lugar en donde estaban… era imposible esconderse. Ninguno de ellos era un loco, impulsivo o inmaduro. En el momento en que estoy escuchando surge la convicción de que eso no ocurrió”.

Alicia viajó a Bahía Blanca, donde supuestamente fueron trasladados los heridos. Al llegar se entera de que Rubén es la víctima número 16. Le dicen que regrese a Buenos Aires, que allá podrá recoger el cuerpo de su marido. Sin embargo, las autoridades decidieron enviar los restos a la ciudad de origen de cada una de las víctimas. Rubén fue llevado a Pergamino. Los ataúdes llegaron sellados. La orden militar era enterrarlos rápido. Pero Alicia quería constatar sus sospechas y luchó para poder ver el cuerpo de su esposo.

“Me dicen que le iban a abrir la parte superior del cajón pero reclamo todo. Me dicen que abren pero debe retirarse el escribano y el médico. Acepto. Por mi instinto de maestra entro con un papel y un lápiz. Escucho el ruido de la sierra y el soplete. Entro. Mi marido era un hermoso hombre. Describo lo que veo –recuerda Alicia-. Estaba desnudo, tenía como un lunar grande en un brazo, otro cerca del pecho, otro cerca del abdomen, hematomas en la cara y la cabeza estaba puesta en el cajón, como si fuera plastilina, estaba destrozada. Salgo y me voy con ese papelito. Doy la orden de que sea enterrado y me voy de Pergamino a mi casa”.

Alicia demandó al Estado. Los jueces ordenaron hacer una autopsia al cuerpo de Rubén y se constata que las heridas son diferentes, que el último tiro que recibió fue disparado cuando él ya estaba en el piso. “Tengo la convicción de que mi esposo fue asesinado dos veces. La pregunta es quién dio el tiro que mata a Rubén a las 12:55, porque ese tiro fue mortal y debió ser dado en la enfermería”, asegura. Durante el proceso, que posteriormente fue interrumpido, se conocen los nombres de Herrera, Marchan –ambos fallecidos-, Marandino, Sosa, Bravo y Del Real.

Vino la primavera camporista, el regreso de Perón y luego la aparición de la triple A, quien se ensañó especialmente con cualquier persona que tuviera vínculo con los hechos de Trelew. El abogado de presos políticos Ortega Peña fue asesinado por ese grupo y los familiares de los detenidos fueron amenazados. El peligro de muerte se concretó con el exterminio de la familia de Mariano Pujadas. Alicia entró en la clandestinidad a partir de agosto de 1974 y luego de múltiples persecuciones, se exilió con su familia en Francia.

Pese a vivir lejos de Argentina, cada 22 de agosto Alicia se dedicó a recordar a las víctimas de Trelew. Su solicitud siempre fue la misma: justicia.

Indagatoria de Godoy y pruebas incorporadas por lectura

En la jornada de hoy el imputado Pedro Godoy amplió su indagatoria, mientras que el Alfredo Feito decidió no hacer uso de ese derecho. Posteriormente la defensa de ambos procesados se opuso a la incorporación por lectura de los registros de video y audio y las declaraciones testimoniales de las causas ABO 1 y Masacre de la calle Belén. Sin embargo, el tribunal rechazó esa oposición.

Godoy comenzó su exposición recordando que ingresó al cuerpo de informaciones de la Policía Federal en abril de 1958. Luego hizo un resumen de los servicios que prestó, lo que incluyó trabajos en el departamento de contrainteligencia, sumarios y finalmente a en la división de instrucción. En 1976 fue nombrado profesor en la materia de situación subversiva.

El imputado hizo mención al accidente que sufrió estando en acto de servicio en la avenida Santa Fe y Carlos Pellegrini. Dijo Godoy que desde agosto hasta diciembre de 1976 no salió de su domicilio por razones de salud. Afirmó que fue reintegrado en agosto de 1977 y cumplió funciones en la central de inteligencia. En febrero de 1978 –luego de algunas vacaciones- es nombrado profesor de guerra revolucionaria. Siguió ascendiendo en su carrera hasta ser nombrado jefe de la sección de custodia de la dirección general de inteligencia.

Para explicar las razones por las que está siendo imputado, Godoy considera que el problema es que fue profesor de Antonio del Cerro (alias Colores), a quien le fue muy mal en la materia y fue reprobado. “En el año 85 hizo una serie de declaraciones en las que menciona que Calculín es Pedro Godoy, sin dar otro tipo de explicación ni de indicios de que yo pudiera estar incorporado en el centro clandestino”, señaló.

Ante la pregunta sobre si había participado en la lucha contra la subversión, Godoy señaló que nunca participó en la lucha ilegal pero sí en la que estaba encuadrada dentro de la justicia. Dice que no fue interrogador y que tenía prohibido tener trato con las personas detenidas por estar ligadas a actividades subversivas. Finalmente le preguntaron si estuvo en algún centro clandestino de detención a lo que el imputado respondió: “no, jamás”.

Después de escucharse la declaración de Godoy, se discutió la incorporación por lectura de distinto material probatorio perteneciente a las causas ABO 1 y Masacre de la calle Belén. La defensa de los procesados se opuso por creer que al no debatirse ese material en el juicio oral se está vulnerando el derecho de defensa de los imputados. “El proceso se rige por el código de procedimiento penal y no por una acordada”, dijo uno de los defensores, haciendo alusión a la acordada 1/12, de la Cámara de Casación Penal, que permite la incorporación de material probatorio para acelerar los procesos.

La Fiscalía se opuso a las objeciones de la defensa por considerar que no se dijo qué testimonios concretos afectan los derechos de los imputados. Advirtió, además, que la prueba incorporada por esa vía busca acreditar la existencia del campo y de las víctimas. “Se convocaron únicamente a los testigos que vieron y reconocieron a los imputados”, recordó el Ministerio Público. Las querellas se adhirieron a los argumentos de la Fiscalía.

Luego de un cuarto intermedio, el tribunal decidió rechazar la oposición de las defensar ya que estas no pudieron identificar concretamente la forma como se afectan los derechos de sus asistidos. Recordó, además, que la acordada no busca solamente la celeridad sino también evitar la revictimización de los testigos. De igual manera resaltó que en su oportunidad las defensas pudieron citar a los testigos que consideraran necesarios para el debate.

El día de mañana, a las 9 horas, comenzarán los alegatos de la Fiscalía. El 23 de mayo alegarán las querellas.

Tribunal niega ampliación de la acusación

El tribunal resolvió rechazar el pedido de ampliación de la acusación por los homicidios formulado por la Fiscalía, por considerar que no se constatan los requisitos que exige la normativa procesal vigente (art. 381 del Código Procesal Penal de la Nación), pues los datos en los que se fundó el planteo no constituyen a su criterio hechos novedosos, ni circunstancias agravantes conocidas durante el debate, ni forman parte de un delito continuado.

Así, por mayoría, los jueces Gorini y Giménez Uriburu consideraron que las pruebas producidas en el debate no son novedosas en cuanto a la significación dada a los “traslados” en el contexto de los centros clandestinos de detención y efectuaron un análisis de algunos elementos que ya habían sido valorados durante la investigación por el juez instructor.

El jueves 17 de mayo se resolverá la incorporación por lectura de la prueba ofrecida por las partes y está previsto que los imputados amplien su declaración indagatoria. Al día siguiente -el viernes 18 de mayo- está previsto que comience el alegato de la Fiscalía. Las querellas alegarán la semana siguiente, pero aún se ha confirmado la fecha y el orden de esos alegatos

Los argumentos de la defensa en contra de la ampliación de la acusación

La audiencia de hoy comenzó con el testimonio de Gilberto Rengel Ponce, quien sólo pudo recordar que durante su cautiverio en el Olimpo escuchó el nombre “Calculín”. Posteriormente la defensa argumentó en contra de la solicitud de ampliación de la acusación hecha por el Ministerio Público en la audiencia del 2 de mayo. Los abogados de Godoy y Feito consideraron que la petición va en contra del derecho de defensa, que el plateo realizado es confuso y que por eso debía ser desestimado.

Según ellos, que el código procesal contempla tres supuestos para modificar la acusación que son excluyentes entre sí. Advirtieron, además, que en este caso no se cumple con ninguno de los requisitos para hacer esa ampliación. “No se puede confundir el hecho nuevo con prueba nueva –señaló la defensa, haciendo alusión a que, según la Fiscalía, los testigos del juicio han expresado como nunca antes lo hicieron el significado de los traslados-. Los llamados traslados y su significado era conocido en instrucción”.

También argumentaron que los certificados de ausencia por muerte presunta o desaparición allegados por varios familiares de las víctimas no son el medio idóneo para probar la ocurrencia de un homicidio. Agregaron que esos certificados tampoco fueron allegados en la etapa previa al inicio del debate oral. “Lo que no se hizo en instrucción no puede ser saneado en el juicio”, dijo la defensa.

Mañana a las 11, el tribunal dirá si admite o desestima la petición de ampliación de la Fiscalía.

Más sobre Calculín

Jorge Alberto Allega dio su testimonio hoy, desde Berna (Suiza), país donde reside. Recordó que durante su detención en el club Atlético y también en el Banco escuchó nombrar y vio a Calculín. Lo describió con los mismos rasgos que han señalado otros testigos: se trataba de un hombre de estatura media, un poco robusto, con poco cabello y anteojos de bastante aumento. Recuerda haberlo visto caminar por el centro clandestino con una cantidad de carpetas bajo el brazo, lo que lo hace deducir que era una persona que se ocupaba de inteligencia y manejaba varios casos de detenidos.

El testigo narró el primer traslado, a mediados de 1977- que vivió en el centro clandestino. Recordó como fueron llamados a formar en fila dos de sus amigos –Gustavo Groba y su novia, Graciela- junto con unas 50 personas más. “Les dijeron que los iban a llevar en un avión, que iban a ir a un campo”, contó. Al salir preguntó por ellos y supo que nunca más aparecieron. Luego, cuando fue llevado al Banco, vivió otros traslados. Durante la audiencia especificó a qué personas vio en esas oportunidades.

El segundo testigo fue Jorge Braiza, quien narró el traslado de diciembre de 1978 en el Olimpo. Él estaba detenido en el sector de incomunicados y pudo escuchar cómo los represores les decían a los que iban a ser trasladados “esto no te lo lleves porque no es necesario, esto otro tampoco”.

Sobre Calculín dijo lo siguiente: “Sí, lo escuché como uno de los represores del campo. No tuve mucha oportunidad de verlo. No era guardia, no era tipo Colores o el Turco Julián, aparentemente era de un grado superior a ellos”.

Durante la audiencia, las querellas, defensas y fiscalía desistieron varios testigos. El testigo Gilberto Rengel Ponce fue reprogramado para el jueves, 10 de mayo, cuando se reanudará el debate. Mañana viernes no hay audiencias.

Ampliación de la acusación por homicidio

La Fiscalía solicitó la ampliación de la acusación por homicidio de cinco detenidos desaparecidos cuyos restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y por 26 personas desaparecidas que los testigos sobrevivientes vieron irse en un traslado y respecto de las cuales se expidió certificado de ausencia por presunción de fallecimiento o por desaparición forzada. Así también, las 3 querellas unificadas adhirieron al planteo del Ministerio Público Fiscal.

La petición se debe a la incorporación de nuevos elementos probatorios en el proceso. Ese nuevo material son las partidas de defunción aportadas en el debate, la declaración de varios testigos que han diferenciado el procedimiento de liberación del de traslado y las recientes declaraciones de Jorge Rafael Videla publicadas en el libro “Disposición final”.

Para el Ministerio Público, esas pruebas permiten aclarar la sucesión secuestro-tortura-traslado-muerte de la que fueron víctimas varias personas que pasaron por el circuito Atlético Banco Olímpo. También muestra que imputados como Pedro Godoy y Alfredo Omar Feito tenían pleno conocimiento de lo que significaban los traslados y además contribuyeron a su ejecución.

Sobre los testimonios, la fiscalía destacó las recientes declaraciones de Marcelo Daelli, Miguel Dágostino, Susana Caride, Isabel Cerruti, Isabel Fernandez Blanco, Enrique Ghezan, Daniel Merialdo, Mario Villani, Jorge Taglioni, Graciela Trotta, quienes relataron como nunca antes lo habían hecho que los perpetradores alimentaban la esperanza de vida de los prisioneros y que esa promesa no era más que el inicio de todo un procedimiento para llevar a los detenidos desaparecidos desde sus celdas hasta el destino final que se había decidido para ellos.

“La Fiscalía considera por este conjunto de prueba nueva que las personas cuyos cadáveres permanecen desaparecidos, que estuvieron cautivas en alguno de los centros del circuito ABO, que fueron vistas por última vez en un traslado, y a quienes el Estado reconoció documentalmente su muerte, fueron asesinadas y que Feito y Godoy custodiaron prisioneros con conocimiento de su traslado a la disposición final”, dijo el Ministerio Público.

Los casos a los que se aplicaría esta ampliación por homicidio son el de Marcelo Miguel Ángel Butti Arana, Hernando Deria, Adolfo Nelson Fontanella, Leon Gajnaj, Gustabo Adolfo Groba, Graciela Ester Nicolía, Alejandra Mónica Lapacó, Abel Héctor Mateu, Jorge Claudio Lewi, Pablo Pavich, Guillermo Pagés Larraya, Roberto Alejandro Zaldarriaga, Luis Rodolfo Guagnini, Carlos Alberto Squeri, María del Carmen Reyes, Ana María Sonder de Lewi, Marta Inés Vaccaro, Marcelo Weisz, Rolando Víctor Pisoni, Irene Inés Bellochio, Alfredo Almicar Troitero, Teresa Alicia Israel, Sergio Víctor Centrángolo, José Liborio Poblete, Juan Héctor Prigione y Mirta González.

También se incluye a las cinco víctimas identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Se trata de los hermanos Jesús e Isidoro Peña, Helios Serra Silvera, Cristina Carreño Araya y Santiago Villanueva. Todos ellos fueron trasladados el 6 de diciembre de 1978, junto a un contingente más grande de prisioneros, y sus cuerpos fueron encontrados entre el 16 y 17 de ese mes en las playas del Partido de la Costa.

El jueves 10 de mayo las defensas de los imputados Godoy y Feito responderán al planteo de ampliación de la acusación y los jueces integrantes del TOF 2 resolverán al respecto.