“Era imposible que intentaran escapar”

En la audiencia de hoy declararon dos conscriptos más. Aldo Vega y Carlos Roveta. Vega señaló que a diana sonaba por lo general a las seis de la mañana y que en esa oportunidad no sonó. Que hicieron formar a todos los conscriptos en la plaza de armas y les dijeron la versión oficial de los hechos. Sobre eso, dijo: “Era imposible que se pudieran escapar, imposible de que intentaran escapar, imposible me parecía que alguien en esa situación pudiera escaparse de ese lugar”.

El segundo testigo, Carlos Roveta, contó al tribunal las actividades que tuvieron que realizar a partir de la fuga del 15 de agosto. Según él, estuvieron haciendo rastrillajes en la zona, lo que implicaba ingresar armados a las chacras.

El 22 de agosto fue informado, junto a los otros conscriptos, de lo ocurrido en la zona de calabozos. Ahí señaló que la versión sobre el supuesto intento de fuga a partir de la toma de Sosa como rehén resultaba ridícula, sobre todo teniendo en cuenta que Sosa estaba sin herida alguna. Dijo Roveta que a todos los conscriptos les recomendaron contar esa versión. Luego de esa información, el testigo fue enviado de vuelta a hacer rastrillajes en Rawson.

“Me enteré por los comentario que hacían algunos colimbas que no se que día a la mañana habían llevado algunos cuerpos de los presos que todavía estaban con vida y que no los habían atendido no les habían dado ningún tipo de atención médica”, dijo Roveta.

Señaló como algo extraño el hecho de que los conscriptos que estaban custodiando generalmente por fuera del edificio de la guardia, esa noche del 21 de agosto no habían estado porque les habían dado la orden de que se fueran a dormir.

Las ruedas de reconocimiento

En la audiencia de hoy declaró Gregorio Hirigoyen, conscripto para la época de los hechos. Participó en una rueda de reconocimiento que se realizó un día antes de la masacre y consideró que la versión oficial de un intento de fuga reprimido era inverosímil.

Posteriormente declaró Norma Carrete, quien trabajaba en la parte de sueldos y movimientos de personal en la base Almirante Zar. Según ella, para la época de los hechos había cerca de 800 personas en la base contando personal aeronaval y el del Batallón 4 y más de 40 civiles.

La testigo participó en ruedas de reconocimiento dirigidas por el juez Quiroga y custodiadas por el teniente Bravo. Carrete afirmó que tanto el Batallón como la escuadrilla de aviadores dependían de la máxima autoridad de la base que era el capitán Paccagnini.

Tres testigos de los hechos del aeropuerto

En la audiencia de hoy se presentaron tres testigos que pudieron dar cuenta, desde distintas perspectivas, sobre los hechos ocurridos el 15 de agosto de 1972, en el aeropuerto de Trelew. El primero en declarar fue Tomás Ricardo Maza, quien para la época se desempeñaba como secretario del juzgado federal penal de la provincia de Chubut a cargo del juez Alejandro Godoy.

Maza recuerda que ese 15 de agosto era feriado. Estaba en misa y cuando salió junto con su familia encontró en la puerta de su apartamento un personal de la fuerza de seguridad que le dice que el juez Godoy lo estaba buscando y lo necesitaba urgente en el aeropuerto.

“Sería a eso de las 8 y pico de la noche –cuenta el testigo-. Llego al aeropuerto y a la entrada me paran unos uniformados. Les digo que me ha citado el doctor Godoy y que por eso estoy ahí. Me piden que espere. No pasó mucho tiempo cuando viene el mismo personal y me dice que el juez me pide que vaya hasta la Unidad 6 de Rawson y que lo esperara allí”.

El testigo fue hasta el penal. Por su trabajo era usual que entrara libremente a la cárcel. Sin embargo, en esta oportunidad no pudo ingresar. Un guardia le dijo que por disposición de la presidencia de la Nación se había declarado la zona de emergencia y que por lo tanto el juez Godoy había perdido jurisdicción. Decide ir al juzgado, que quedaba cerca del lugar, y esperar a que regresara el juez.

Según el Maza, después de lo ocurrido en el aeropuerto y en la base militar, Godoy se convirtió en una persona muy taciturna. “Creo que si él no hizo algo fue porque realmente no pudo hacerlo”, dijo Maza refiriéndose a la imposibilidad que tuve el juez de garantizar la seguridad de los 16 evadidos.

Héctor Castro, la segunda persona en declarar, tuvo la oportunidad de estar dentro del aeropuerto durante la toma y fue testigo presencial de las negociaciones entre los detenidos y el capitán Sosa. El 15 de agosto, Castro estaba en el aeropuerto acompañando a un amigo quien iba a viajar a Buenos Aires. Cuando estaba por despegar el avión un grupo de hombres vestidos de militares pasó corriendo a su lado y detuvo la aeronave. Minutos después el avión despegó.

El testigo salió del aeropuerto y cuando iba en su auto se entera por radio de que el lugar había sido tomado. Regresó y aprovechó cuando unos periodistas –Daniel Carreras y Eduardo Bussi- pudieron entrar. “Adentro había gente armada, había una cantidad importante de personas, algunos habían ido a despedir a los pasajeros del vuelo de Austral, pero la mayor parte eran pasajeros que iban a embarcar en el vuelo que minutos después debía pasar por Trelew haciendo escala desde comodoro a Buenos Aires, el famoso vuelo de Aerolíneas que no aterrizó”, recordó Castro.

En un momento dado aparece el juez Godoy, quien empieza a actuar. En las afueras estaban fuerzas de infantería de marina a mando del capitán Sosa. “Se inicia una serie de negociaciones en la cual Godoy era el que hablaba con los evadidos y es ahí donde se produce la proclama –contó Castro-. Es la famosa grabación que tanto se ha buscado y que lo tiene de protagonista a Pujadas. Luego viene el doctor Viglione que ellos piden que los revise y verifique el perfecto estado de salud en el que estaban, que no tenían golpes ni torturas porque querían garantizar en qué forma se iban a rendir”.

Castro recuerda las exigencias que hicieron Pujadas, Bonet y Berger en nombre de sus compañeros para entregarse. El único requisito era que fueran devueltos al penal de Rawson. Incluso cuando Sosa les advertía que eso no podía ser ya que la cárcel estaba tomada, los evadidos aseguraban que si ellos entraban convencerían a los compañeros para que depusieran su actitud.

“En esas condiciones se llega a la rendición de ellos y a la entrega de su armamento. Ahí es entonces cuando algunos periodistas –me consta por mi participación- íbamos acompañando de a uno o de a dos a quienes estaban armados y los acompañábamos hasta un lugar donde está esa famosa foto en la que todos los que se rindieron están parados en la playa de estacionamiento del aeropuerto. Ya comenté que tengo muy presente el recuerdo del sonido que produce en una noche silenciosa el caer de una ametralladora sobre el pavimento. Es un ruido muy especial que nunca más escuché en mi vida”, dijo Castro.

Terminado este episodio los 19 evadidos suben a un ómnibus junto con el juez Godoy, el doctor Amaya y tres periodistas más, incluyendo al testigo. Permanecieron estacionados unos 10 minutos cuando se les ordena descender. “Bajamos y veo que estaba Paccagnini, quien le comunica al juez Godoy que se iba a trasladar a los detenidos a la base aeronaval –recuerda Castro-. Godoy plantea que las condiciones de la rendición fueron otras. Pero Paccagnini le informa que se había decretado el estado de emergencia en la zona por orden del presidente de la nación motivo por el cual él había perdido el control operacional de la situación y que debía trasladarlos por orden de la superioridad a la base Almirante Zar”.

El juez Godoy asume la tarea de contarles a los detenidos que se había incumplido el acuerdo. Finalmente fueron trasladados a la base y ahí fue donde el testigo los vio por última vez. Tiempo después se enteró del fusilamiento.

Castro recuerda dos episodios relacionados con esos hechos. En primer lugar, relata cuando la familia de Mariano Pujadas fue a verlo días después de la masacre para pedirle que les mostraran el video de su hijo en el aeropuerto. “Convinimos de recibirlos a los padres de Pujadas a las dos de la mañana en el canal. Es así como les hicimos ver a los padres el último mensaje de su hijo. Fue una escena muy fuerte ver a los padres abrazarse y llorar –dijo Castro-. Dos meses después vuelven los padres y nos piden lo mismo. Realmente era muy duro. De nuevo en la madrugada les mostramos el tape. Era una situación complicada. Les hicimos una copia y se las dimos, para que la tuvieran, la vieran y no tuvieran que venir. Después nos enteramos que la familia Pujadas, con la copia y todo, fueron volados en su casa en Córdoba”

El segundo episodio tiene que ver con una conversación que tuvo en la mañana del 22 de agosto con el mayor Eugenio Borsone, que era secretario del comandante de la zona de emergencia, el general Betti. “Esa mañana estaba absolutamente distinto al tipo que yo conocía. Me dijo ‘¿Sabés qué es esto? –señalando sus borceguies-. Esto es sangre’. Eran las ocho y media de la mañana del día 22 de agosto. Nadie sabía nada, al menos en el segmento civil y periodístico”.

Según Castro, Borsone le contó que siendo la madrugada lo llamaron a la sede de la jefatura de zona para comunicarle que había habido un problema en la base aeronaval Almirante Zar. Él, en su condición de ayudante de zona, fue enviado a la base y cuando llega hace abrir un lugar. ‘Estaba lleno de cadáveres’-le dijo Borsone a Castro-. Me contó que escuchó quejidos y entonces ordenó que se sacaran algunos heridos que había entre ese conjunto de cuerpos”.

Eduardo Bussi, camarógrafo de canal 3, fue el tercer testigo. Bussi señaló que filmó todo lo ocurrido en el aeropuerto: a Pujadas, Berger y Bonet explicando las razones de su lucha, a cada uno de los 19 detenidos diciendo su nombre y su lugar de militancia, a todo el grupo entregándose ante el capitán Sosa y luego subiendo al micro que los llevaría a la base. Señaló que era notable el embarazo de Ana María Villareal de Santucho, una de las detenidas.

El veredicto

El Tribunal Oral Federal n° 2 (TOF 2) condenó hoy al ex policía federal Pedro “Calculín” Godoy a 25 años de prisión y al ex miembro del Ejército Alfredo “Cacho” Feito a 18 años de prisión por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino Atlético – Banco – Olimpo (ABO).

El TOF 2 -integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini- condenó a los imputados Godoy y Feito por considerarlos responsables de privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos ocurridos entre 1976 y 1979 en el centro que operaba bajo el control del Primer Cuerpo del Ejército. Este es el tercer fallo que emite la justicia por los crímenes ocurridos en ABO.

Es el primer juicio que se celebra con aplicación de las reglas que dispuso la Cámara Nacional de Casación Penal para juicios complejos, lo que permitió evitar la reiteración de muchos testimonios y con ello la revictimización de sobrevivientes que habían declarado en los dos juicios anteriores por los crímenes ocurridos en ABO.

Con el fusilamiento la supuesta legalidad del régimen comenzó a desdibujarse

“Yo era abogado defensor de presos políticos y sindicales nucleados en la gremial. Éramos 150 abogados de los cuales 130 están desaparecidos”. Así comenzó su declaración de hoy Rodolfo Mattarollo, defensor de detenidos por razones políticas, quien conoció de primera mano los hechos que rodearon el fusilamiento del 22 de agosto de 1972.

El testigo contó que a partir de ese año, el gobierno de facto empezó a mezclar la represión “legal” –que se expresaba en la detención y “juzgamiento” de presos políticos- con la ilegal, que consistía en secuestros, torturas y malos tratos. El objetivo de los abogados era denunciar esos hechos y luchar porque los detenidos tuvieran acceso a un juicio justo. En ese entonces ya se venían estudiando las tácticas de la escuela francesa para la lucha antisubersiva, en donde la tortura ilimitada jugaba un papel fundamental. Para el testigo, la Cámara Federal en lo Penal –más conocida como Camarón- tenía conocimiento de esas prácticas.

La represión ilegal comenzó una escalada luego del Cordobazo y se hizo más evidente a partir de la fuga del 15 de agosto, cuando los defensores no pudieron ponerse en contacto con quienes permanecían en la cárcel de Rawson y los detenidos en la base Almirante Zar.

Mattarollo era defensor de Maria Angélica Sabelli, una mujer de apenas 23 años, profesora de matemáticas, que militaba en el peronismo. “Conservé una relación de muchos años con sus padres. Recuerdo su dolor ilimitado, la forma como buscaban justicia –dijo el testigo-. Pero sabíamos que era inútil hacer una denuncia; la supuesta legalidad empezó a desdibujarse, a mostrarse engañosa como efectivamente lo era”.

Según el testigo, el fusilamiento fue un escarmiento, un intento de aplicar la pedagogía del terror. El resentimiento que tenían las fuerzas militares por la fuga de los cuadros políticos más importantes de las organizaciones armadas también jugó su parte. El que haya habido tres sobrevivientes tiene que ver más con el azar que con la supuesta asistencia médica que se les brindó.

La masacre de Trelew no fue un hecho aislado

Hipólito Solari Irigoyen, abogado de Agustín Tosco, viajó a Trelew a penas se enteró del intento de fuga en la cárcel de Rawson. Mientras intentaba ponerse en contacto con su defendido, acompañó a los abogados Duhalde, González Gartland y Amaya, quienes también trataban infructuosamente de salvaguardar la vida de los que permanecían detenidos tanto en Rawson como en la base Almirante Zar. Cuarenta años después, Solari Irigoyen recuerda todos los hechos de represión y angustia que se intensificaron a partir del 15 de agosto de 1972.

“Amaya fue detenido y permaneció preso más de cien días. Yo fui su defensor –recuerda el testigo-. Él era un militante de la no violencia. Siempre fue un hombre calumniado. El diario Nueva Provincia tituló, a su muerte, ‘Que a Amaya lo lloren los marxistas’”.

Para el testigo, lo ocurrido en Trelew no constituye un hecho aislado. A partir del golpe de estado de 1966 se empezó a gestar un plan para combatir a la disidencia civil a cualquier precio. El gobierno de facto se creía poseedor de una legitimidad que no tenía y por eso atacaba a cualquiera que la pusiera en duda. Además de las detenciones arbitrarias, se producían asesinatos, secuestros y desapariciones, como el caso de Néstor Martins. En medio de todo se producían detenciones y juicios absolutamente arbitrarios, destinados a la persecución política de los sectores contestatarios de la población.

“Agustín Tosco fue detenido luego del Cordobazo. Él me contó cómo fue todo. Lo llevaron a un salón, lo pusieron en una mesa donde había varios militares, uno de los cuales actuaba como el presidente del “tribunal”. El juicio duró ocho minutos y le impusieron una pena de ocho años y seis meses de prisión”, contó Solari Irigoyen. Fue así como Tosco terminó en el penal de Rawson. Luego de la fuga y el fusilamiento, el régimen carcelario se agravó; se parecía al de un campo de concentración en donde se daba un trato inhumano y degradante a los detenidos.

Sobre el funcionamiento de la Cámara Federal en lo Penal, el testigo dijo que se trataba de un tribunal especial prohibido por la constitución. “En todas las defensas que yo realicé en ese entonces, lo primero que hacía era impugnar la legitimidad de la cámara”, dijo Solari Irigoyen.

Luego de los hechos, el testigo fue perseguido por la triple A; sufrió varios atentados y finalmente fue secuestrado el 17 de agosto de 1976. Tiempo después fue liberado. Esas mismas circunstancias la padecieron la gran mayoría de los abogados que defendían a presos políticos. Algunos no sobrevivieron para contar la historia.

Dos testigos más

Alicia Sanguinetti era una de las mujeres que desde febrero de 1972 se encontraba prisionera en el penal de Rawson. Compartió su detención con Maria Angélica Sabelli, Susana Lesgart, Clarisa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho y Maria Antonia Berger. Todas ellas fueron víctimas de la masacre. Con Berger, la única sobreviviente, volvería a encontrarse en la cárcel de Devoto. Y fue en ese lugar donde Alicia conoció los pormenores de lo ocurrido el 22 de agosto.

“Esa madrugada fueron sacados de sus celdas y puestos en fila. Les hicieron bajar la cabeza. Había una metralleta en la parte delantera del pasillo donde estaban ellos, había uno de la marina que pasaba y los insultaba, y después empezó el fusilamiento”, dijo Sanguinetti. Berger le relató también que los pocos que quedaron vivos y que lograron arrastrarse adentro de las celdas fueron rematados. “Les fueron dando el tiro de gracia a uno por uno”, contó Alicia.“Cuando entraron a la celda de ella, le pusieron la 45 acá, en la cara, y dijeron ‘esta yegua está viva’ -señaló la testigo-. Maria Antonia no perdió totalmente el conocimiento pero dice que sintió que le estalló la cabeza y pensó que se moría en ese momento”.

Según le contó Berger a Sanguinetti, los disparos se interrumpieron cuando entró otra persona, aparentemente ajena a la situación, hablando muy fuerte y preguntando qué había sucedido. Revisaron quiénes habían sobrevivido y los llevaron a la enfermería. No recibieron atención médica en la base y uno a uno fueron muriendo los pocos que habían quedado con vida –Kohon y Bonet, entre ellos-. Finalmente, a medio día, Berger, Haidar y Camps fueron llevados a Bahía Blanca donde por primera vez fueron vistos por un médico.

Alicia Sanguinetti también habló sobre el recrudecimiento en las condiciones de detención que padecieron los que permanecían en la cárcel de Rawson. Hubo torturas, violaciones, insultos, aislamiento. “Nos encerraban en las celdas las 24 horas y abrían las ventanas para que entrara el frío”, contó. De igual manera, relató cómo todas las familias vinculadas a los 19 detenidos en la Base Aeronaval padecieron la persecución y la muerte durante los años posteriores a 1972.

Luego declaró en la audiencia Elisa Martínez, una de las tantas habitantes de Trelew que ayudó a los familiares de presos políticos detenidos en Rawson. Elisa describió la figura del “apoderado”, que era una persona que tenía asignada un preso y podía visitarlo todas las semanas, llevarle comida, ropa, reemplazar un poco la ausencia de las familias que no podían desplazarse hasta Chubut para atender a sus seres queridos.

La testigo fue apoderada de Mariano Pujadas. “Era un chico muy parco pero muy afectuoso –dijo-. El último día que lo vi, Mariano me tomó de los hombros y ese gesto después cobró mucha importancia. Era como si se estuviera despidiendo”.

El 15 de agosto de 1972, Elisa vio a Pujadas en la televisión. Vio como habló a la prensa y luego se entregó, junto con sus 18 compañeros, a las fuerzas militares. Después se enteró de su muerte. Desde entonces, los habitantes de Trelew no podían dormir porque sentía que podía haber represarías contra ellos ya que habían sido solidarios con los presos políticos. Y así fue.

“En una fecha cercana al día de la madre estaba en mi casa, sentada en el living, cuando de repente entra un militar. Tenía un arma y me apuntaba. Me dijo que buscara un abrigo. Me llevaron, junto con otros habitantes más, en una camioneta al aeropuerto viejo. A un costado había unas carpas muy grandes. Ahí estaban todos los apoderados, separados los hombres de las mujeres”, contó Elisa.

Posteriormente, todos los detenidos fueron llevados en un Hércules hasta Capital Federal. Elisa recuerda que había muchas personas en ese avión. Los detuvieron en la cárcel de Devoto, donde fueron interrogados sobre sus ideas políticas y las razones por las que habían sido apoderados. La testigo salió a los 10 días, pero muchos permanecieron más tiempo detenidos.

“Al llegar a Madryn nos querían dejar en nuestras casas, pero nosotros quisimos ir a la plaza de Trelew, donde sabíamos que había una multitud esperándonos y luchando por nuestra libertad”, dijo Elisa.

Tiempo después, la testigo se encontró con los padres de Pujadas. Recordó haberlos abrazado. Su esposo, que era escultor, hizo un busto de Mariano y se los regaló. Esa escultura apareció después en el pozo en donde fue arrojada e incinerada toda la familia Pujadas.

Cronograma de audiencias

El tribunal dio a conocer el cronograma de audiencias para el mes de junio, julio y agosto.

Junio

Lunes 25 de junio: Reproducción de los testimonios de Eduardo Luis Duhalde y Raúl Fitte.
Martes 26 de junio: Declaración de los testigos Eduardo Ambrosio Busi, Tomás Maza y Héctor Gabriel Castro.
Miércoles 27 de junio: Declaración de Gregorio Enrique Hirigoyen y Norma Beatriz Carrete.
Jueves 28 de junio: Declaración de Carlos Roveta y Aldo Vega.

Julio

Miércoles 25 de julio: Declaración de Carlos Steiner y Carlos Neira
Jueves 26 de julio: Declaración de Carlos Juarez y Hugo Gonzalez
Viernes 27 de julio: Declaración de Oscar Alfredo Díaz y Jorge Barreto
Martes 31 de julio: Declaración de Alberto Silvetti y Agustín Magallanes

Agosto

Miércoles 1 de agosto: Declaración de Carlos Celi y Heraldo Torne
Jueves 2 de agosto: Declaración de Miguel Marileo y Luis Ortolani
Viernes 3 de agosto: Declaración de Sergio Maida.
Viernes 10 de agosto: Declaración del perito Rodolfo Pregliasco. Visita a la base.

Lunes 27 de agosto: Declaración de Mariana Arruti.
Martes 28 de agosto: Declaración de Julio Ulla, Toschi y Ana María Bigy
Miércoles 29 de agosto: Declaración de Horacio Ballester y Vera Carnovale
Jueves 30 de agosto: Declaración de Ricardo Luis Hirsch y Aníbal Amilcar Acosta.
Viernes 31 de agosto: Declaración de Mario Luis Actis y Julio Cesar Urien.

“Eran los mejores, los elegidos por nosotros”

La audiencia de hoy comenzó con el testimonio por videoconferencia de Hernán Bonet, hijo de Rubén Pedro Bonet. Si bien era muy chico para la época de los hechos, Hernán recuerda perfectamente el día en que visitó junto con sus abuelos y hermana a su padre en la cárcel de Rawson.

“En ese momento me dio un regalo. Una cosa que hicieron con piedras”, dijo el testigo. Según él, nunca le ocultaron las razones por las que estaba detenido su padre. “Siempre estuvimos al tanto, él y mamá. Siempre nos contaron los hechos, de por qué hacían eso y qué había pasado”, señaló.

Contó luego la persecución que vivió su familia a partir de 1974 y la imposibilidad de usar su apellido, ya que era peligroso. Hasta que en 1977 no tuvieron más remedio que exiliarse. Hernán Bonet viajó varias veces a Trelew. En 2006 visitó la cárcel en donde estuvo su padre y también fue a la base aeronaval. En esa oportunidad pudo encontrarse y hablar con personas que fueron testigos de esos tiempos.

“Preparando mi declaración me doy cuenta que no es una declaración probatoria, pero para mí es importante hacerla –dijo Hernán-. Sirve para demostrar que sí viví todo esto en la clandestinidad, en el exilio, como refugiado. Esos acontecimientos forman parte de mi vida. El nene que tenía cinco años, al que le mataron al padre, sigue estando presente. Y por eso seguimos luchando y pedimos justicia”.

A continuación dio su testimonio Rubén Oscar Suárez, compañero de varias de las víctimas durante su detención en la cárcel de Rawson. El testigo era obrero metalúrgico y en 1970 fue detenido un día, mientras trabajaba en una empresa como soldador. Nunca le explicaron las razones de su detención. Permaneció tres años a disposición del PEN y fue enviado sin condena a la cárcel de Rawson.

“Mis abogados estaban en Rawson y no podían viajar. Además la causa estaba parada. Le decían a mi esposa que no se hiciera ilusiones, porque el proceso estaba encajonado. Era inútil gastar dinero en la defensa”, recordó Suárez, quien además detalló las torturas que padeció durante el tiempo que permaneció detenido.

El testigo fue uno de los que no pudo fugarse del penal. “Decidimos entrar de nuevo a las celdas. Teníamos miedo. No sabíamos quién iba a tomar el penal, cómo nos iban a tratar”, dijo. En efecto, el trato que recibieron una vez fue retomado el control sobre la cárcel no fue bueno. Era invierno y los dejaron con ropa de verano. Les quitaron todo lo que tenía, excepto el colchón sobre el cual dormían. Y permanecieron incomunicados durante varios días. Libros, instrumentos musicales, ropa… todo fue a parar a una gran hoguera.

“Teníamos una radio escondida –dijo Suárez-. Es por ella que nos enteramos del fusilamiento del 22 de agosto. La fuga que intentamos nosotros se planificó, por eso sabíamos que en su caso habían sido asesinados. Empezamos a gritar, a golpear. Sentimos una impotencia tremenda. Hasta que Tosco habló y nos dio una arenga. Nos levantó a todos. Nos sacó de la locura. Nos dijo que mientras siguiéramos en la lucha nuestros iban a vivir”.

Las condiciones de detención fueron tan graves, que los presos políticos decidieron hacer huelga de hambre. “Luego vino Abal Medina como representante de Perón para pedirnos que levantáramos la huelga, porque nos estábamos deteriorando”, dijo Suárez. El testigo permaneció en ese penal hasta el 26 de mayo de 1973.

Para Suárez, el Acuerdo Nacional de Lanusse se encontraba en disputa con otro sector de los militares que pretendían tener un golpe al estilo brasilero. Sin embargo, ambas perspectivas tenían un mismo objetivo: mantener la inferencia de las fuerzas armadas en la vida política del país.

Sobre sus compañeros, el testigo dice: “Eran los mejores. Elegidos por nosotros. El compromiso era primero salvar a los dirigentes máximos y luego cada uno de nosotros fue eligiendo qué compañero se merecía ir en libertad. Y esos que escogimos nosotros fueron asesinados por el escuadrón de la muerte. Me siento culpable de haberlos elegido”.