Los alegatos de las defensas, réplicas y dúplicas

Durante dos días, las defensas de los imputados en la causa presentaron los alegatos. El primero en alegar fue Gerardo Ibañez, abogado de Jorge Bautista, quien señaló que su defendido actuó de buena fe y que desde el principio admitió que la versión de la fuga era disparatada, como también lo es que haya habido una orden de fusilamiento. Dijo que los tres sobrevivientes siempre pudieron hablar sobre lo ocurrido, incluso frente a su defendido, y que él hizo lo que estuvo al alcance para llegar a la verdad.

Sergio Oribornes, defensor de Luis Sosa y Emilio Del Real, advirtió por su parte que el juicio nunca se debió realizar porque los imputados ya fueron juzgados y amnistiados por Cámpora. El abogado también afirmó que los delitos están prescriptos ya que no se dieron en un contexto de plan sistemático de exterminio y que por lo tanto no serían de lesa humanidad. Señaló que la actuación de Sosa fue imprudente y desatinada, que no hubo una intención de generar esa “balacera” incontrolable, la cual fue producto más bien del nerviosismo de la guardia.

Los defensores Fabián Gabalachis y Gustavo Latorre, representantes de Paccagnini, aseguraron que hubo tres sobrevivientes gracias a las gestiones de su cliente y que aún si hubiera habido una orden de Lanusse de fusilar a los detenidos, no se pudo comprobar en el juicio que esta haya sido transmitida al entonces jefe de la base. Los abogados dijeron además que quien tuvo protagonismo en el tratamiento a los detenidos y en la explicación posterior sobre lo ocurrido fue el capitán Sosa.

Por último la defensa del cabo Carlos Marandino pidió la nulidad del juicio ya que consideró que su defendido careció de asistencia técnica durante la primera etapa de la instrucción. Marcos González se adhirió a lo dicho por las otras defensas respecto a que no se comprobó que la masacre se hubiera producido en un contexto de represión sistemática y que por lo tanto no constituye un crimen de lesa humanidad.

Todas las defensas pidieron la absolución de sus defendidos. En la misma audiencia de hoy, por presiones del tribunal, se realizaron las réplicas y las dúplicas. Quedó fijado para el 10 de octubre que los imputados dijeran sus últimas palabras y se prevé que el veredicto se lea el 15 de octubre.

El alegato de la fiscalía

La fiscalía presentó sus alegatos en dos jornadas que tuvieron una suspensión de cinco días de por medio. Quien inició con el relato de los hechos fue el fiscal Gelvez, quien consideró probado que la orden de matar a los presos políticos alojados en la base llegó desde las más altas esferas del gobierno de facto y que el jefe de la base, Paccagnini formó parte de ese plan.

En la jornada siguiente fiscal Horacio Arranz repasó las circunstancias en que se produjeron los hechos destacando que los detenidos se encontraban en una situación de indefensión ya que estaban desarmados y en un ambiente estrecho. Señaló que se dispararon por lo menos dos cargadores de ametralladora, cada uno con 32 balas.

Por su parte el fiscal Dante Vega hizo una exposición pormenorizada de todos los elementos que dan cuenta del carácter de lesa humanidad de los delitos juzgados. Argumentó que para 1972 existía una fuerte legislación represiva, que la tortura había sido institucionalizada y que ya se venían produciendo las primeras desapariciones.

Vega aseguró que el plan represivo para exterminar opositores o “disidentes” ya estaba esbozado y que lo que ocurrió a partir e 1976 fue su masificación. Por último, concluyó diciendo que la masacre tuvo como fin amedrentar y escarmentar a la sociedad civil.

El alegato de la fiscalía finalizó con un pedido de prisión perpetua para Sosa, Paccagnini, Del Real y Marandino y de dos años para Bautista, por encubrimiento.

Alegato de la Secretaría de Derechos Humanos

La Secretaría de Derechos Humanos presentó sus alegatos ante el tribunal. La querella recalcó el carácter imprescriptible de los hechos ocurridos el 22 de agosto y pidió la prisión perpetua de cuatro de los acusados por los 16 homicidios y las tres tentativas. También pidió, al igual que la querella de los familiares, la investigación del médico de la base Lisandro Lois y la extradición de Roberto Guillermo Bravo.

Además hizo dos pedidos adicionales: que se investigue al oficial Jorge Barreto quien al parecer mintió en su declaración y que se realicen exámenes periódicos al almirante Horacio Mayorga, quien estuvo ausente del juicio por razones de salud.

La SDH le imputó a Paccagnini el hecho de haber transmitió la orden de fusilar a los 19 militantes políticos. Además aseguró que el jefe de la base no dispuso el traslado inmediato de los seis heridos a un hospital y que eso provocó la muerte de uno de ellos. El tercero, Bonet, fue rematado con un tiro de gracia.

El Cels pidió perpetua para cuatro marinos acusados por la masacre de Trelew

El CELS culminó su alegato en la ciudad de Rawson en el juicio oral y público por la Masacre de Trelew con el pedido de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para los ex marinos Rubén Norberto Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino. Por su parte, para Jorge Bautista se solicitó la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo, de acuerdo a la ley vigente al momento de los hechos. Asimismo, se requirió que se investigue la responsabilidad penal del médico Lisandro Iván Lois en relación con la falsedad de sus reportes médicos, ya que podría ser autor del delito de encubrimiento, y la deportación de Roberto Guillermo Bravo, quien reside en los Estados Unidos y pesa sobre él la acusación de haber sido uno de los autores de la masacre.

En el alegato se señaló que “la Masacre de Trelew no fue un hecho aislado, producto de decisiones circunstanciales o de algún descontrol ocasional. Por el contrario, se produce en un marco de pleno desarrollo de un plan general de ataque a un grupo de la población civil, definido en forma genérica como ‘comunistas’, ‘subversivos’, ‘terroristas’, etc”. Y agrega: “de tal suerte, para el momento en que se producen los hechos de la causa, que configuran el delito de homicidio y de tortura, se encontraba en curso ya una persecución contra una parte de la población civil que por su magnitud, características y sistematicidad, debe ser considerada como suficiente a los fines de tener por acreditado el contexto requerido para la existencia de crímenes de lesa humanidad”.

En la primera parte del alegato se expuso el contexto represivo en el que se produjo la masacre. Los abogados del CELS relataron como desde 1966 se empezó a adoptar una legislación y reglamentación represiva que sería empleada posteriormente durante la dictadura de 1976. Ya para ese entonces se habían puesto en marcha todos los dispositivos de la Doctrina de Seguridad Nacional. Se describió, también, la labor de la Cámara Federal en lo Penal como fuero antisubversivo encargado de darle un halo de legalidad a las detenciones masivas de presos políticos y sociales que se producían en el marco de un ambiente de creciente movilización social.

Posteriormente se hizo una descripción de los hechos investigados, comenzando por la fuga de la cárcel de Rawson, la toma del aeropuerto y el envío posterior de 19 detenidos a la Base Almirante Zar. Se relató cómo la mañana del 22 de agosto esas 19 personas fueron despertadas, se les ordenó formar frente a las celdas donde se encontraban y luego fueron fusiladas. Los abogados del CELS presentaron un examen detallado de la prueba documental y testimonial que da cuenta de que los 19 detenidos recibieron tiros de gracia y que de los seis sobrevivientes que hubo, dos murieron en la base por falta de atención médica y uno fue ultimado 9 horas después. Por último, la querella mencionó todos los hechos represivos vinculados con la masacre y que incluyen familias diezmadas, abogados asesinados y tres sobrevivientes desaparecidos.

Durante el día 18 y 19 la otra querella conformada por Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hará sus alegatos y el 20 y 21 será el turno de la fiscalía.

La voz de los sobrevivientes

La etapa probatoria del juicio culminó hoy con la voz de los tres sobrevivientes de la masacre. El audio fue aportado por Jorge Kuschnir, quien trabaja con el director de cine Fernando Pino Solanas en una película sobre los hechos de Trelew. Entre junio y julio de 1972, Kuschnir se reunió con Maria Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar en el estudio de Pino. Ahí realizaron una serie de entrevistas que hoy fueron escuchadas por todos los asistentes a la audiencia. En ese audio, los sobrevivientes narran la masacre con los mismos detalles y la misma lucidez de declaraciones anteriores realizadas por ellos en distintos ámbitos.

El segundo testigo de la jornada fue el periodista del diario Clarín Armando Vidal, quien fue enviado especial a Trelew para que informara sobre la fuga. El 16 de agosto de 1972 se encontró con los periodistas locales Héctor Castro y Adolfo Samyn, con el corresponsal de AP Horacio Finoli y con un fotógrafo.

Todo el grupo fue en auto hasta la cárcel de Rawson y estacionaron cerca del lugar para tomar algunas fotografías. De repente unos guardias empezaron a disparar desde el penal. En su huída los periodistas también recibieron disparos de parte de dos policías que se encontraban apostados en la zona. Uno de esos disparos atravesó en la cintura a Horacio Finoli.

Después de dejar al herido en el hospital, Samyn, Castro y Vidal buscaron al general Betti, comandante de la zona de emergencia, para reclamarle por su seguridad. “Le preguntamos si existían garantías para nuestro trabajo. El General Betti respondió que no. Yo le dije que si acaso esto era Vietnam y el General Betti respondió que sí”, contó Vidal.

La ciencia vs. La versión oficial

En la jornada de hoy el doctor en física Rodolfo Pregliasco presentó a los resultados del peritaje que realizó en la zona de los calabozos en la Base Almirante Zar. Hubo dos conclusiones importantes que se sustraen del examen.

En primer lugar, la pared del fondo del pasillo que separaba las dos filas de calabozos fue reparada en una fecha cercana a 1972. Esa reparación se hizo solo en una parte del muro que va desde los hombros hacia abajo, lo que coincidiría con la zona donde habrían impactado las ráfagas de ametralladora.

Sobre el orificio que se encuentra en una de las puertas exteriores y que según los autores de la masacre corresponde al disparo que habría efectuado Pujadas al quitarle el arma al capitán Sosa, el perito señaló que no se puede determinar la fecha en que ese disparo fue realizado y que además la zona en donde este se habría ejecutado está muy alejada de la zona en donde se encontraba Pujadas.

Ambas conclusiones le restan aún mayor credibilidad a la versión oficial de los hechos y además demuestran la intención de la armada por ocultar la verdad de lo ocurrido el 22 de agosto. Posteriormente se hizo una visita a la base en donde el perito les pudo explicar a los asistentes las dimensiones y características de la zona de calabozos, ya que ese lugar fue modificado.