Los delitos de violencia sexual cometidos en la ESMA

Documentos:

-Violencia de género y abusos sexuales en centros clandestinos de detención. Un aporte a la comprensión de la experiencia argentina.
Por Lorena Balardini, Ana Oberlin y Laura Sobredo.

Disponible aquí

-Informe del CELS sobre ESMA (1988)
Fuente: Archivo institucional

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InformeESMA- Nota periodística publicada en La Semana, 1983
Fuente: Archivo institucional del CELS

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LaSemana1983

Los delitos de violencia sexual cometidos en la ESMA

En las últimas audiencias del juicio  ESMA III declararon sobrevivientes sobre los delitos de violencia de género de los que fueron víctimas las personas secuestradas en ese centro clandestino.

“Las torturas al principio aparentemente eran seguidas, supongo que sería a diario […] eran de noche, después fueron más espaciadas. Son imposibles de describir. […] esto era espantosamente humillante. También las violaciones eran humillantes: ellos me pusieron en una cama limpia, me esposaron a la cama y cuando les quedaba cómodo me violaban”

“Me salve de una violación porque estaba indispuesta, se burlaban y me obligaban a masturbarme con un palo de goma”

“Cuando me pasaron al camarote del frente, donde estaba Inés Cobos, ella me contó que había sido abusada reiteradamente por Acosta. Pernías intentó aproximarse y yo pude pararlo. Hasta que una noche me bajan, es la primera vez que veo la oficina de Acosta. Estaba con una remera náutica y una luz baja, no se le veía bien la cara. Me ofreció un pedazo de torta que en ese entonces era algo raro. Mañana te voy a sacar, me dijo. Yo entendía a qué se refería. Al día siguiente me lleva al departamento de Olleros y Libertador. Iba con una valijita de cuero repujado donde lleva las sábanas. […] Me llevó dos veces, creo. Cuando volvía nuevamente para la ESMA volvían también los grilletes, las esposas, el tabique y el balde para hacer las necesidades […]”

Los delitos de violencia sexual son crímenes de lesa humanidad

Las violaciones sexuales, los abusos y vejaciones fueron perpetrados en forma sistemática, tal como el resto de los delitos que están siendo investigados (tortura o privación ilegítima de la liberad, entre otros) y configuraron una práctica extendida y diferenciada. El juzgamiento autónomo de estos delitos en los últimos años representa un avance fundamental al reconocer que la violencia sexual en los centros clandestinos formó parte del plan general de aniquilamiento y degradación de la subjetividad de las personas y, por lo tanto, no se trató de situaciones aisladas. De esta forma se entiende que los delitos de violación sexual perpetrados son crímenes de lesa humanidad y, por tanto, son imprescriptibles. Este reconocimiento deviene del desarrollo de conceptos y estándares de tribunales internacionales en justicia de género, como los Tribunales Internacionales Penales para Ruanda (TPIR) y Yugoslavia (TPIY); el Tribunal Especial para Sierra Leona; las Salas Especiales de los tribunales de Camboya y la Corte Penal Internacional (CPI), que en sus estatutos incluyeron la violación sexual como crimen de lesa humanidad. Por su parte, también el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, ha establecido una definición de violación estipulada como crimen de lesa humanidad.

La violencia sexual fue invisibilizada en los testimonios de la década de 1980 en la Argentina, ya que el relato se construyó en torno a la búsqueda de prueba a través del reconocimiento e identificación de personas que continúan desaparecidas por parte de los sobrevivientes con los que compartieron cautiverio. Así pues, si bien técnicamente la posibilidad de juzgamiento de los delitos de violencia de género continuó vigente en épocas de impunidad, recién en los Juicios por la Verdad, iniciados a mediados de la década de 1990, las declaraciones de los sobrevivientes hicieron foco en el caso propio y empezaron a exponer con mayor frecuencia las violaciones y abusos sexuales.

Obstáculos a la judicialización

La judicialización de la violencia sexual perpetrada en el marco del plan clandestino de represión encuentra muchos y variados obstáculos. Los mismos van desde cuestiones que son comunes a la investigación de delitos contra la integridad sexual cometidos en la actualidad – el carácter sexista y discriminatorio en términos de género que el poder judicial reproduce y la falta de sensibilización por parte de los operadores del sistema– hasta cuestiones particulares vinculadas a la prueba, al carácter de delito de lesa humanidad y a la concepción que se adopte respecto a la autoría y la participación criminal.

Sin dudas la principal dificultad es la negativa de los jueces de instrucción a imputar penalmente a los señalados como responsables por delitos de violación sexual  y la falta de sensibilización de los operadores judiciales respecto a estos temas. Si la experiencia demuestra que resulta complejo para cualquier persona relatar los abusos y violaciones sexuales a los que fue sometida, sin dudas aumenta esa dificultad el hecho de que los funcionarios se muestran muchas veces renuentes a escuchar este tipo de relatos y no generan el marco adecuado para que las víctimas puedan expresarse. En el caso de estos delitos cometidos dentro de un centro clandestino de detención, en general al prestar declaración testimonial no se les pregunta particularmente si fueron víctimas de violencia sexual durante su detención y sí se les consulta respecto de otros delitos (robos, torturas, ingresos violentos a sus domicilios, etc.)

Avances y perspectivas

En los últimos años han aumentado los testimonios en los que los sobrevivientes denuncian la violencia sexual padecida en los centros clandestinos. Esto se ha visto reflejado en sentencias y resoluciones de distintas partes del país:  la condena a Gregorio Molina en Mar del Plata como autor directo de violaciones sexuales en 2010; el procesamiento de Jorge Rafael Videla –ya fallecido- y de otros 9 imputados como partícipes necesarios de crímenes sexuales en el marco del Operativo Independencia. En este caso hay dos aspectos a resaltar: se trata de hechos anteriores a 1976 y perpetrados tanto en el centro clandestino de detención como en las casas de los pobladores de la zona, en donde las mujeres fueron sometidas a modalidades de esclavitud y servidumbre sexual. Otros ejemplos son la condena en 2012 de Musa Azar y otros tres imputados como autores mediatos de los delitos de abuso deshonesto y violación sexual; el juicio Megacausa Jefatura II y Arsenales II, actualmente en curso en la provincia de Tucumán, en el que se encuentran procesados los jefes militares Ernesto Alais, Luis Orlando Varela y Adolfo Ernesto Moore, como autores mediatos de los delitos de violación sexual y abuso deshonesto de seis víctimas.