La resistencia uruguaya

No sólo para los argentinos el breve gobierno de Héctor José Cámpora (25 de mayo al 13 de julio de 1973) fue una primavera. Durante ese período, cientos de militantes obreros y estudiantiles uruguayos se refugiaron en Buenos Aires y otras ciudades motivados por la cercanía geográfica y el ambiente político favorable que se vivía en el país. Rubén Prieto Benencio fue uno de ellos.

En su reciente declaración ante el Tribunal Oral Federal Nº1, Rubén relató su experiencia en el exilio y, más concretamente, la creación en Argentina del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), un grupo de resistencia contra la dictadura cívico militar uruguaya al que él pertenecía.

El PVP fue casi aniquilado entre marzo y octubre de 1976. Sus integrantes fueron secuestrados y torturados en Argentina y muchos de ellos fueron llevados en vuelos clandestinos a Uruguay donde algunos fueron “blanqueados” en cárceles de ese país, mientras que otros se encuentran desaparecidos.

19761031 La Nacion
El preludio

Rubén Prieto Benencio contó que la situación política en Uruguay empezó a ser tensa mucho antes del golpe de Estado de junio de 1973. Los gobiernos constitucionales de ese país habían adoptado una legislación represiva que hacía prácticamente imposible cualquier propuesta de izquierda. Las condiciones del otro lado del Río de la Plata eran un tanto diferentes.

“En la Argentina, a principios de 1973, se vivía un ambiente de apertura, de mucha euforia y mucha emoción”, dijo Rubén. En ese contexto fueron llegando uno a uno los militantes de distintas organizaciones, escapando del estado de “guerra interna” declarado en Uruguay y de los tribunales militares que se habían creado para juzgar cualquier acto vinculado a la llamada “subversión”.

Luego de establecerse en la Argentina, comenzaron a organizar una resistencia. “En una ocasión se hizo una convocatoria para un acto organizado en la Federación de Box en donde hablaron varios representantes de la oposición uruguaya –relata Rubén-. Fue una convocatoria abierta. De ahí empezó a reunirse la gente para formar un comité de resistencia contra la dictadura”. Para 1974 ya eran más de cien personas las que integraban ese comité.

La primavera duró poco. El contexto político argentino se fue enrareciendo con las primeras manifestaciones de la represión por venir. Las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia de Argentina y Uruguay empezaron a trabajar conjuntamente. Según cuenta Rubén, el 2 de junio de 1974 se hizo una reunión en el local del comité y el lugar fue allanado por la policía. Las personas allí presentes fueron llevadas a Coordinación Federal.

“Los hombres permanecimos tres semanas detenidos. Muchos de los compañeros estaban seguros de que fueron uruguayos los que los interrogaron. El interrogatorio era político. Ese mismo año empezaron a haber secuestros.”

Nace un partido

Los vínculos entre miembros de distintas organizaciones que se habían forjado en Uruguay se fortalecieron en el exilio y en julio de 1975 surgió el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) . Hombres y mujeres provenientes de distintas corrientes como Federación Anarquista Uruguaya (FAU), Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR-33), refugiados en la Argentina, participaron en los debates del congreso fundacional. Finalmente fueron elegidos como dirigentes del grupo Gerardo Gatti y León Duarte.

“El primer objetivo que nos planteamos fue el de informar a todos los uruguayos sobre la creación de ese nuevo partido. Así que empezamos a idear una campaña de expectativa legal en Uruguay que implicó que yo viajara muchas veces a ese país de manera clandestina”, cuenta Rubén.

Entre fines de 1975 y principios de 1976 se planificó la campaña publicitaria que nunca llegó a ejecutarse. Rubén relató:

“Cuando fue el golpe en Argentina yo estaba en Montevideo reuniéndome con los publicistas. Elena Quinteros, una compañera del partido, me fue a buscar al hotel porque Gerardo Gatti quería comunicarse conmigo. Voy a la casa de ella y ahí recibo una llamada. Gatti me dice que tres compañeros fueron detenidos en Colonia. Habían entrado a Uruguay con propaganda. Eran Ricardo Gil, Luis Ferreira y Élida Rita Álvarez.”

En abril de 1976 fueron secuestradas en Argentina tres personas más: Eduardo Chizzola, Ary Cabrera Prates y Telba Juarez. “Todos eran integrantes del PVP. Eso nos dio la pauta de que había una operación en nuestra contra”, recuerda Rubén. Ante esas primeras caídas, la dirección de la agrupación decidió darles a sus integrantes la libertad de irse a un exilio más lejano. “Ya se veía que la situación era muy dura. Pero la mayoría quería continuar.”

Julio y septiembre

La persecución de los disidentes políticos refugiados en Argentina fue implacable. En mayo de 1976 fueron secuestrados el senador Zelmar Michelini y el ex diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. Sus cuerpos aparecieron en un auto modelo Torino abandonado en las calles de Buenos Aires. Días después fueron secuestrados Gerardo Gatti y María del Pilar Nores Montedónico.

Durante un mes los secuestradores de Gatti extorsionaron a sus compañeros exigiendo dos millones de dólares para su liberación. El intermediario en esa “negociación” fue Jorge Washington Pérez, un dirigente sindical uruguayo sin actividad en Argentina, a quienes las fuerzas conjuntas de Uruguay y Argentina detuvieron y llevaron a Automotores Orletti en al menos dos oportunidades para entregarle pruebas de supervivencia.

“Las primeras pruebas lo muestran a Gatti sano. Luego aparecen fotos en las que se lo ve notablemente golpeado”, recuerda Rubén. Según él, los dirigentes del partido sospechaban que la extorsión no era más que un trabajo de inteligencia que hacían las fuerzas represivas para ganar tiempo. El 13 de julio fueron secuestrados unos veinte integrantes del PVP en una primera detención masiva. Entre ellos se encuentraban Sara Méndez, Asilú Maceiro, León Duarte, Eduardo Dean, Sergio López Burgos, Elba Rama, Gastón Zina, Ariel Soto, Margarita Michelini, Raúl Altuna, Ana Inés Quadros, Enrique Rodríguez Larreta, Laura Anzalone, Ana María Salvo, Edelweis Zhan y Alicia Raquel Cadenas. Todos fueron llevados a Automotores Orletti y posteriormente trasladados en un vuelo clandestino a Uruguay.

Luego tuvieron lugar algunos secuestros individuales. “Mauricio Gatti y Alberto Mechoso son los únicos que quedan de la dirección anterior. Se nombra una dirección de emergencia en la que estamos Gustavo Insaurralde, Jorge Zaffaroni y yo –dice Rubén-. Entonces pensé que lo primero que había que hacer era entrar en contacto con la ACNUR [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados], y tratar de sacar de la Argentina a la mayor cantidad de gente posible”

A finales de septiembre comienza la segunda oleada represiva contra el PVP. Fueron secuestrados, entre otros, Victoria Lucía Grisonas, Adalberto Soba, Elena Laguna, Alberto Mechoso, Raúl Tejera Llovet, Juan Pablo Errandonea, Jorge Zaffaroni, Maria Emilia Islas Gatti, Washington Cram, Cecilia Trías y Rubén Prieto González. Los secuestros masivos concluyeron entre el 1 y el 4 de octubre cuando son detenidos Bernardo Arnone, Rafael Lezama, Carlos Rodriguez Mercader, Casimira María del Rosario Carretero, Miguel Ángel Moreno Malugani, Juan Pablo Recagno Ibarburu y Washington Queiro.

19761029 La Nacion
Otra campaña de desprestigio

El 28 de octubre de 1976, en un comunicado de prensa de las Fuerzas Conjuntas uruguayas, se informó sobre el desmantelamiento del “grupo subversivo” Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Como prueba de esa labor de “inteligencia”, los militares uruguayos exhibieron a catorce detenidos acusados de intentar “invadir” el país para reiniciar la lucha armada. Esos prisioneros eran parte del grupo de secuestrados en la primera redada de julio en Argentina.

En el comunicado se mencionó la captura en Uruguay de 62 personas en distintos operativos. “Pensamos que los que cayeron en septiembre y en octubre habrían sido también trasladados a Uruguay; sin embargo, las cuentas no cerraban”, afirma Rubén. Según se pudo comprobar después, hubo un segundo vuelo clandestino en el que fueron llevados los secuestrados en aquel período. Sin embargo, de ese grupo quedaron pocos sobrevivientes.

Los refugiados que quedaban en Buenos Aires denunciaron el secuestro y desaparición de sus compañeros. Como respuesta a esas denuncias, las fuerzas armadas publicaron otro comunicado en el que informaron sobre la supuesta campaña subversiva para desprestigiar internacionalmente a los gobiernos de Argentina y Uruguay.

Mientras tanto, Rubén trató de sacar a los pocos integrantes del PVP que quedaban vivos. El 10 de noviembre viajó a Europa y en ese nuevo exilio empezó a contar esta historia que para muchos resultaba inverosímil; hasta que fueron apareciendo otros testigos que dieron fe de lo sucedido. Era tan solo las primeras manifestaciones del Plan Cóndor en la dictadura Argentina.

19761030 La Opinion

 

Un día se hizo justicia

A 41 años de la Masacre de Trelew 

El 15 de octubre de 2012 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a los ex marinos Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino por su participación en la Masacre de Trelew. Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Bautista fueron absueltos. Fue la primera sentencia dentro del proceso de juzgamiento por crímenes del terrorismo de Estado en la que se atribuyeron responsabilidades penales por delitos perpetrados en el contexto represivo de principios de los 70. Resultó necesario demostrar que la masacre fue un crimen de lesa humanidad, ejecutado en un contexto de ataque sistemático contra un grupo de la población civil.

Los hechos se originaron el 15 de agosto de 1972, con la fuga de veinticinco presos políticos que se encontraban en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal de Rawson. En esa oportunidad seis de los prisioneros lograron escapar a Chile. Los diecinueve restantes se entregaron a las autoridades y quedaron detenidos. Acto seguido fueron alojados en la base aeronaval Almirante Zar en donde permanecieron incomunicados. Seis días después, en la madrugada del 22 de agosto, fueron fusilados por personal de la Armada. Dieciséis de ellos murieron y tres lograron sobrevivir.

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La llamada Masacre de Trelew produjo una fuerte indignación. Aceleró los tiempos políticos, contribuyendo al fin de la dictadura iniciada en 1966 -ya debilitada por una creciente movilización popular- y estimulando la incorporación de nuevos militantes a las organizaciones revolucionarias.

Durante el juicio se demostró que el fusilamiento de los 19 presos políticos no fue un hecho aislado, sino que se trató del primer gran acto del plan clandestino de represión que alcanzaría su mayor expresión con la última dictadura militar. Los testimonios aportados mostraron los vínculos directos existentes entre las dictaduras de 1966 y 1976. Esas conexiones se dieron tanto en los métodos empleados como en la identidad de las víctimas del terrorismo de Estado. Muchos de los presos políticos de comienzos de los 70 fueron asesinados posteriormente. Otros, como dos de los sobrevivientes de la masacre, fueron secuestrados y desaparecidos.

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De igual manera, las declaraciones de dos ex marinos sobre el entrenamiento que recibieron desde finales de la década del 60, entre otra prueba, evidenciaron la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional y su hipótesis del enemigo interno. Fue en ese período comprendido entre los años 1966-1973 donde el Estado decidió colocar en la clandestinidad parte de su actividad represiva, lo que significó una práctica generalizada de detenciones y torturas, registrándose también numerosos homicidios y las primeras desapariciones forzadas de personas.

En esta causa la prueba documental tuvo un valor fundamental. Durante el transcurso del juicio, en un depósito de la Armada fueron halladas copias de las demandas civiles que realizaron familiares de las víctimas de la masacre. En esos expedientes se encontraron comunicaciones internas donde los abogados de los militares reconocían la responsabilidad de los marinos. También se incorporaron reglamentos de la Armada cuya existencia se ignoraba y habeas corpus colectivos presentados a favor de los centenares de presos políticos del régimen.

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Aún queda mucho por decir respecto de los responsables de lo ocurrido el 22 de agosto. Está pendiente que se resuelva el recurso de casación que interpuso la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Secretaría de Derechos Humanos y la fiscalía contra la absolución de Paccagnini y Bautista. El 5 de noviembre de 2012 el juez a cargo de la investigación requirió nuevamente la detención provisoria y la extradición de Roberto Guillermo Bravo desde EEUU, uno de los perpetradores de la masacre. También se encuentra en etapa de instrucción la indagación acerca de dos ex marinos que habrían tenido participación en los hechos.

PARA VER LA SENTENCIA: http://www.cels.org.ar/blogs/2012/Trelew.pdf

A 10 años de la anulación de las leyes de impunidad

El 21 de agosto de 2003, el Senado de la Nación aprobó la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, que constituyó un impulso fundamental para la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. El hecho marcó un hito en la búsqueda de verdad y justicia por los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.

En un contexto muy desfavorable, el parlamento fue el escenario en el que los organismos de derechos humanos pudieron incidir para confrontar el discurso de perdón y olvido que impuso el gobierno de Carlos Saúl Menem durante la década de 1990. En 2010, el poder legislativo reforzó ese compromiso con la Declaración del Bicentenario, mediante la cual estableció por unanimidad que el actual proceso de justicia constituye una política de Estado de carácter irrenunciable.

Ese proceso generó resultados dignos de ser destacados. Desde 2006, año en el que se realizó el primer juicio desde la reapertura de los procesos judiciales, hasta la fecha se emitieron 103 sentencias en las que resultaron 415 personas condenadas y 35 absueltas. En la actualidad, hay más de dos mil personas vinculadas a las casi 400 causas activas por estos crímenes en todo el país.

No sólo se produjo un crecimiento cuantitativo en materia de juicios. En los últimos tiempos, además, se avanzó en la diversificación y profundización de las investigaciones que permitió una mayor compresión histórica del fenómeno represivo. El juzgamiento de hechos anteriores al golpe de Estado de 1976, la reconstrucción de la complicidad de algunos sectores de la sociedad civil con las Fuerzas Armadas y de seguridad y la atribución de responsabilidades a los ideólogos y ejecutores de la represión en la comisión de los delitos contra la integridad sexual son algunos de los aspectos en los que se ha venido indagando.

La condena a prisión perpetua de tres ex marinos por su participación en la llamada “Masacre de Trelew”, ocurrida el 22 de agosto de 1972, fue la primera sentencia en la que se atribuyeron responsabilidades penales por delitos cometidos en el contexto represivo de principios de la década de 1970. Este fallo, dictado en octubre de 2012, reforzó la necesidad de juzgar los crímenes cometidos durante el breve período democrático entre dictaduras por actores paraestatales, como la Triple A, y por las mismas Fuerzas Armadas que posteriormente tomarían el poder. En este momento hay varias en causas en curso en las que se investigan hechos de esas características, como los de la Masacre de Capilla del Rosario, ocurrida en 1974; la causa por la Triple A, en la que se encuentran procesadas cinco personas, y la del Operativo Independencia, que está en etapa de instrucción.

Sobre la responsabilidad civil en crímenes de lesa humanidad, se también produjeron avances importantes, como el procesamiento de Carlos Blaquier en la causa Ledesma, el de los directivos de la empresa Ford y del ex titular de la Comisión Nacional de Valores Juan Alfredo Etchebarne, la elevación a juicio del tramo de la causa Campo de Mayo en la que se investigan desapariciones de trabajadores de empresas de la zona de Zárate-Campana y las solicitudes que hicieron los tribunales orales para que se profundice la investigación de la complicidad de la empresa Loma Negra y del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca.

En relación con los crímenes de violencia sexual, a principios de agosto de este año se dictó la tercera sentencia en la que los imputados fueron declarados culpables de los delitos de abuso y violación sexual. Actualmente se juzgan estos delitos en la causa ESMA III y Arsenal Miguel de Azcuénaga en Tucumán y existen causas abiertas en varias provincias, surgidas a partir de declaraciones de víctimas en juicios en curso.

Este largo recorrido es resultado de la lucha de los organismos de derechos humanos, de las víctimas y de aquellos actores políticos que tomaron las decisiones más acertadas para la construcción de la democracia. Muchos son los obstáculos que aún deben sortearse, pero el proceso de justicia debe continuar y eso requiere, entre otras cosas, de una sostenida voluntad política.

Los niños apropiados del Plan Cóndor

El pasado 7 de agosto tomó estado público el caso de Pablo Germán Athanasiu Laschan, quien recuperó su identidad luego de 37 años de búsqueda por parte de su familia. Pablo tenía tan sólo cinco meses y medio de edad cuando fue secuestrado junto a sus padres Frida Elena Laschan y Ángel Athanasiu, ambos de origen chileno, el 15 de abril de 1976 en Buenos Aires, en una operación conjunta entre las fuerzas represivas de Chile y Argentina. Estos hechos están siendo juzgados en la causa Plan Cóndor que actualmente se lleva a cabo en Capital Federal. En esta causa el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) patrocina a los familiares de algunas de las víctimas y se constituyó como querellante colectivo por los hechos ocurridos en el centro clandestino conocido como Automotores Orletti, que funcionó como una de las principales bases de operaciones del Plan Cóndor.

La historia de Frida y Ángel es similar a la de muchos militantes chilenos, uruguayos, bolivianos, brasileños y paraguayos que, ante el ascenso de regímenes políticos dictatoriales en sus países, se exiliaron junto con sus hijos en Argentina. Sin embargo, luego de un corto período de estabilidad, empezaron a ser perseguidos. Muchos de ellos fueron asesinados, otros secuestrados y posteriormente desaparecidos como consecuencia del accionar clandestino y coordinado de las fuerzas armadas y de seguridad de las dictaduras del Cono Sur.

Son varios los niños que fueron apropiados en el marco del Plan Cóndor. Además de Pablo Germán Athanasiu, están los casos de Simón Riquelo y Mariana Zaffaroni, quienes tenían pocos años de vida al ser secuestrados, y de María Victoria Moyano Artigas, Macarena Gelman y Carlos D’Elia, quienes nacieron en cautiverio. Todos ellos recuperaron su identidad. En el juicio en curso se incluye el caso de Pablo y los crímenes de los cuales fueron víctimas los padres de los otros niños apropiados.

articulos Diario La Voz, 10 de julio de 1983, Solicitada de Abuelas de Plaza de Mayo
Fuente: Archivo institucional del CELS


 

Los secuestros de Mónica Mignone y María Esther Lorusso

Por primera vez desde la reapertura del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina, llegaron a juicio oral los casos de siete jóvenes que realizaban trabajo social en la villa del Bajo Flores: Mónica María Candelaria Mignone, María Marta Vázquez Ocampo,  César Lugones, Beatriz Carbonell, Horacio Pérez Weiss, Mónica Quinteiros y María Esther Lorusso Lämmle. Todos ellos fueron secuestrados casi en simultáneo el 14 de mayo de 1976. Mónica María Candelaria, integrante del grupo, era hija de Emilio Mignone, uno de los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En la audiencia del lunes 5 de agosto, declararon Mercedes Mignone, hermana de Mónica, y Luis Lorusso Lämmle, hermano de María Esther, en la causa ESMA Unificada (ESMA III), que juzga los hechos de los que fueron víctimas. En su testimonio, Mercedes también relató los inicios de Madres de Plaza de Mayo y del CELS durante la última dictadura cívico militar.

FotoMyE                 Mónica Mignone (izquierda) y María Esther Lorusso (derecha)

Al comienzo de su declaración, Mercedes Mignone exhibió una foto en la que se encontraba su hermana Mónica con María Marta Vázquez Ocampo, César Lugones, Beatriz Carbonell, Horacio Pérez Weiss y Mónica Quinteiros. Todos eran amigos y tenían militancia social y política, como parte del movimiento villero peronista, en la villa del Bajo Flores. También exhibió una foto de María Esther Lorusso Lämmle que había realizado trabajo social con el grupo. Mónica Mignone, María Marta y María Esther habían sido alumnas del colegio Nuestra Señora de la Misericordia, mientras que Mónica Quinteiros había sido profesora de ellas en la misma institución cuando todavía era religiosa de esa orden.

GrupoEl 14 de mayo de 1976 los siete jóvenes fueron secuestrados en distintos operativos.  Mónica Mignone fue llevada de su domicilio, donde se encontraba con su familia. Su hermana Mercedes recordó en la audiencia:

“Esa mañana, a las 5, empezamos a escuchar el timbre, sonaba sin parar, y escuchamos golpes en la puerta. Mis padres se despertaron y fueron hacia la puerta (…) él preguntó qué pasaba y le dijeron que eran de las Fuerzas Armadas a los gritos, violentamente. Mi padre pidió ver una credencial y le mostraron una ametralladora.”

Mercedes relató que ingresaron cuatro personas armadas al departamento y un quinto se quedó en la entrada del edificio, al que irrumpieron luego de forzar la cerradura. También reconoció al jefe del operativo, a quien había visto días antes  cerca del domicilio de la familia y, posteriormente, pudo identificarlo como el imputado Antonio Pernías.

En un primer momento la familia pensó que el grupo de tareas tenía como objetivo secuestrar a Emilio Mignone, quien había sido rector de la Universidad de Luján y como abogado había intercedido por presos políticos. Pero ellos preguntaron por Mónica. Luego de registrar el departamento tomaron una agenda de ella y les dijeron que la llevaban para interrogarla sobre una amiga y que estaría de regreso en dos horas. Mercedes rememoró los últimos momentos con su hermana:

“Entramos al baño juntas, mientras ella se cambiaba. Nos miramos las dos, mirada profunda de pánico, que te queda para toda la vida (…) Nos saludamos con un beso. Ella siempre era cariñosa. Fue un beso muy dulce, pero se notaba que no se quería despedir.”

Nuevos secuestros en la villa del Bajo Flores

Pocos días después del secuestro de los siete jóvenes, otras personas que realizaban trabajo social en la villa del Bajo Flores fueron detenidas en un nuevo operativo.  Mercedes Mignone relató que su familia era amiga del padre Rodolfo Alfredo Ricciardelli, quien vivía en la villa, y les contó que el 23 de mayo,  nueve días después del secuestro de Mónica y el grupo,  se llevaron a los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics y a otros jóvenes que trabajaban con ellos. Luego de recibir esta información, Mercedes detalló las gestiones de la familia:

“Mi papá enseguida lo va a ver al sacerdote (Gabriel) Bossini, quien oficiaba la misa ese día. Le dice que los sacerdotes Jalics y Yorio están en la ESMA, entonces Bossini le lleva la comunión a ellos. Cuando liberan a Yorio, él cuenta que efectivamente recibió la comunión de parte del padre Bossini.”

Los sacerdotes fueron liberados seis meses después. Orlando Yorio contó que durante su cautiverio fue interrogado sobre Mónica Quinteros, María Marta Vásquez Ocampo y otra Mónica, que pensó que era Mónica Mignone. María Elena Funes, una de las catequistas secuestradas con Yorio y Jalics, declaró en una audiencia previa que le habían preguntado por Mónica Mignone y María Marta Vásquez mientras estuvo en la ESMA.

Las familias de Mónica Mignone y María Esther Lorusso Lämmle realizaron numerosas gestiones para encontrar el paradero de ambas.  Mercedes Mignone detalló algunas de las reuniones que realizaron tanto con los altos mandos de la Armada como con las autoridades eclesiásticas:

“Con (Emilio) Massera mi papá estuvo en tres oportunidades. Una de ellas creo que estuvo con mi mamá (Angélica Paula Sosa de Mignone) Massera le negó que los chicos estuvieran en la Armada. Pero que sí había presos en la ESMA. Mi papá supo también,  por un amigo de él, que Massera iba muy seguido a la ESMA a ver a los presos.”  

Emilio Mignone y José María Vázquez, padre de María Marta, también se entrevistaron con el almirante Oscar Montes, quién negó que los siete jóvenes estuvieran en la ESMA, pero admitió que los sacerdotes Jalics y Yorio estaban detenidos allí.  Otras gestiones incluyeron reuniones con integrantes del Ministerio del Interior y numerosas presentaciones de habeas corpus, sin ningún resultado positivo. En relación a otros intentos de obtener información sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos ante integrantes de la iglesia, Mercedes Mignone contó en su testimonio que su padre se contactó con los religiosos Juan Carlos Aramburu, Jorge Bergoglio y Pío Laghi; este último fue el único que mostró interés.

El surgimiento de Madres de Plaza de Mayo y del CELS

En la audiencia también se relataron los inicios de los organismos de derechos humanos que se crearon durante la última dictadura militar y continúan su trabajo hasta el presente. Las primeras reuniones tuvieron lugar en el departamento de Emilio Mignone y su esposa, donde recibían a familiares de detenidos desaparecidos. Mercedes declaró en la audiencia que su padre los orientaba y les informaba dónde hacer averiguaciones. Mostró una fotografía de una pintada intimidatoria que les hicieron en la puerta del edificio donde vivían y recordó que eran muy controlados y vigilados.

pintadamignoneMercedes también contó que su mamá comenzó a reunirse con otras madres de detenidos desaparecidos que luego formarían parte de Madres de Plaza de Mayo en 1977, con el impulso de Azucena Villaflor. Emilio les sugirió que formaran la organización y las asesoró al respecto. A su vez, las impulsó a que viajaran al exterior para dar a conocer la situación que se vivía en el país.

Por su parte, Emilio comenzó a formar parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) desde abril de 1976, poco antes de la desaparición de su hija Mónica. Luego, junto a otros abogados, decidieron fundar otra organización para investigar y llevar a juicio los casos. En la audiencia, Mercedes precisó:

“Ahí en el departamento se gesta lo que fue después, y existe actualmente, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Sus fundadores fueron Augusto Conte, José Westerkamp, Boris Pasik, Alfredo Galleti, Carmen Aguiar de Lapacó, mi papá y mi mamá. Cuando se gesta, más o menos coincide con la llegada  de la OEA (1979) y presentan el caso de Mónica.”

Tanto la APDH como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tenían registros donde los familiares hacían sus denuncias, lo que luego conformó un listado de detenidos desaparecidos. Hacia 1981, dos años después de la visita de la Comisión a la Argentina, Emilio Mignone y Augusto Conte presentaron un documento sobre la desaparición forzada en el país. Una vez que ese documento se hizo público, allanaron las oficinas del CELS y secuestraron a todos sus integrantes. Como resultado de la presión internacional por esas detenciones, fueron liberados.

A su vez, Luis Lorusso también relató las gestiones que realizaron a partir de la desaparición de su hermana María Esther, que incluyeron viajes a varios países, entre ellos Paraguay, donde figura entre las víctimas de los archivos del terror de ese país:

“Durante varios años, (estuvo) la presunción de que nuestra hermana podía estar vivía… Yo quiero expresar que hace 37 años que desapareció, la sigo buscando y la voy a seguir buscando.”