Réplicas y dúplicas

Por Gonzalo Torres

Querellantes y fiscales realizaron la réplica al alegato de la defensa durante toda la mañana del miércoles 4 de mayo y descartaron punto por punto, con pruebas, doctrina y jurisprudencia las razones de la contraparte, que no pudo contestar durante la duplica con argumentos de envergadura los pedidos de prisión perpetua para todos lo imputados, que tendrán el próximo miércoles 11 de mayo la oportunidad de realizar su descargo y decir unas palabras antes de la esperada sentencia del Tribunal, que estaría en condiciones de dictar sentencia dentro de dos semanas.

Los “replicantes” durante el día número 58 de audiencia fueron Duilio Ramírez, por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Mario Bosch, por familiares de las víctimas, por secretaría de DD HH de la Nación y por el CELS, y Silvina Canteros en representación de la subsecretaría de DDHH de la provincia. Luego fue el turno los fiscales Carlos Amad y Jorge Auat, ambos con una sólida exposición.

Cabe resaltar que la totalidad de los acusadores dirimió las aguas entre la defensa oficial de Juan Manuel Costilla – Federico Carniel y la defensa particular del doctor Carlos Martín Pujol en el entendimiento de que los primeros fueron más respetuosos y se ciñeron a una defensa rigurosamente “técnica” mientras que el defensor particular “mintió groseramente” según manifestó el fiscal Carlos Amad. A continuación una apretadísima síntesis de la jornada.

Querella y fiscalía pusieron énfasis en rebatir la acusación de falso testimonio en masa que realizara Carlos Pujol por supuestas contradicciones de ex detenidos políticos en el relato de los los hechos ocurridos el 12 y 13 de diciembre de 1976 en U7 y Alcaidía.
El abogado Duilio Ramírez fue el primero en contestar la acusación del defensor. “Los testimonios dejan bien claro cómo sucedieron los hechos. El 12 de diciembre ingresó un grupo de presos. Esa noche se produjeron sesiones de torturas que incluyeron a detenidos de Alcaidía y de otros lugares. Luego de las torturas estos detenidos fueron trasladados y nunca más fueron vistos. En todo esto es unánime el relato”, demostró el querellante, para luego explicar que lo que se pretende es encontrar contradicciones en elementos secundarios que no vienen al caso, como el horario exacto de inicio de la paliza en el comedor del penal, o la duración cronométrica de la misma.

En este punto Ramírez resaltó el contexto en el que se hallaban los testigos a quienes la defensa pide precisión absoluta y minuciosa: “Ninguno sabía si sobreviviría esa noche”, razonó el querellante. Estaban en una situación de “pánico” incomunicados y sin posibilidad de ubicación espacio temporal, a pocos metros de una golpiza feroz.

A su turno, Mario Bosch atacó las imprecisiones del alegato de Pujol “en las cuales se le hizo decir a testigos lo que no dijeron” y expuso la diferencia existente entre una contradicción – dos juicios que no pueden ser válidos por ser diametralmente opuestos – y una discrepancia en la percepción de un hecho común. Bosch argumentó que esa divergencia en los relatos es la prueba de que los sobrevivientes no mienten. “No son testimonios calcados, cada sujeto registró lo que pudo desde su dolor, recordando aquello que más lo impactó”.

Para aclarar el panorama el querellante recurrió a Sigmund Freud y su explicación de la memoria traumática. “Voy a citarlo aún a riesgo de que también le pidan falso testimonio”, chicaneó a un risueño doctor Pujol. Según Bosch, Freud cuenta que “la memoria traumática es siempre presente, cuando se recuerda un hecho traumático no aparece el evento completo, como en la memoria corriente, sino que sólo se recuerda aquello que más impactó la psiquis del que recuerda”.

La abogada Silvina Canteros resaltó los errores conceptuales de la defensa respecto de la valoración de la prueba y la caracterización de la alevosía en el homicidio agravado sin que esta necesite la comprobación del estado físico de los trasladados “porque la esencia de la alevosía no es la decisión de matar”, aseveró. Luego declaró que la indefensión de las víctimas proviene de su condición de detenidos políticos, la severidad del traslado, las esposas, los tabiques, y las demás restricciones propias del régimen carcelario de exterminio del Terrorismo de Estado.

“Voy a devolver estocada por cornada”, avisó el enérgico fiscal Jorge Auat al cierre de la replica. El día anterior Pujol le había dedicado varios tramos de su alegato y le acusó de tener que recurrir a la mitología griega por la falsedad de las imputaciones. A la recriminación de acción conjunta entre querella y fiscalía Auat le respondió que ambas partes tienen un “convergencia de intereses” y que los “une el espanto”, ya que “toda la sociedad interpela a los imputados”.

En cuanto a la acusación masiva de falso testimonio refirió que “la denuncia es punitiva en sí misma”, con el único objetivo de amenazar a los testigos y una clara manifestación de la incapacidad de demostrar la inocencia de sus defendidos.

El final de su réplica tuvo lugar para remarcar el carácter histórico de este juicio, “producto de un encomiable esfuerzo de memoria colectiva” y se despidió con una cita literaria, como para no perder la costumbre, moleste a quién moleste: “Recordando Margarita Belén pienso en Virgilio que por boca de Eneas dijo Mi alma retrocede de horror al evocar esos recuerdos”.

Al momento de las duplicas, que comenzaron después de las 16, los defensores reclamaron las mimas cuestiones planteadas durante sus alegatos. Juan Manuel Costilla expuso sobre los pactos y convenciones que según su entender asisten a sus defendidos.
Federico Carniel dedicó su duplica a la defensa de Chas alegando que una menor participación en el fusilamiento. Carlos Pujol contestó las replicas repitiendo varios tramos de su alegato, razón por la que fue amonestado varias veces por el Tribunal. El defensor particular insistió en la hipótesis del asalto montonero a la columna de traslado de detenidos políticos, esta vez con un dato nuevo: hubo guerrilleros infiltrados en el Ejército que colaron la información a sus camaradas para realizar el ataque.

Último alegato

Por Gonzálo Torres

Durante las casi tres horas que duró su exposición el abogado defensor Carlos Martín Pujol fue el protagonista absoluto del día número 57 de la Causa por la Masacre de Margarita Belén, con un alegato al que no le faltaron tapones punta, chicanas, ironías y un par de furcios.

En una sala del Tribunal Oral Federal con mayoría de familiares de las víctimas e integrantes de organismos de Derechos Humanos Pujol defendió a sus representados atacando: pidió la absolución para todos sus defendidos y el procesamiento por “falso testimonio agravado (10 años de pena) porque mintieron y dijeron cualquier cosa” para cincuenta testigos de la causa, la mayoría ex detenidos políticos en Alcaidía y U7 el 13 de diciembre de 1976. La lista incluye también al fotógrafo de la policía Miguel Salinas, al abogado de presos políticos Edwin Tissembaum (presente en la sala) y al ministro de Educación Francisco Romero.

Pujol acompañó su defensa de los militares Aldo Martínez Segón, Jorge Daniel Carnero Sabol, Gustavo Athos Renes y Germán Emilio Riquelme con la proyección de diapositivas de mapas de la ruta 11 y un listado de las incongruencias y contradicciones en los testimonios. Ratificó todo lo dicho por sus colegas defensores “especialmente el análisis de la prueba efectuado por el doctor Costilla”, acusó a la querella y a la fiscalía de “deslealtad procesal”, razonó sobre la estrategia militar en casos de ataque para intentar explicar porqué un civil no pude entender jamás de que se trata la “obediencia debida militar” y se permitió decir que el traslado de detenidos políticos se ejecutó por la noche porque “en diciembre hace mucho calor”.

Para el final le dedicó un par de frases al público presente. “Podemos enseñarle mucho a los organismos de Derechos Humanos, necesitamos una memoria cierta, no una tergiversada” lanzó. Por último se despachó con una curiosa explicación de la desaparición forzada de personas durante el terrorismo de Estado ejercido por la última dictadura en nuestro país: “Posiblemente en Argentina en hubieron (sic) desaparecidos, pero también es cierto que mucha de esa gente figura con documentos falsos en otros países”. Pero su chicana cayó en saco roto. La nutrida “barra de la memoria” presente en la sala lo escuchó en silencio, respetuosa del pedido del Tribunal de guardar recato.

Siete personas, familiares y amigos de los imputados, la mayoría mujeres, presenciaron el alegato de Pujol. Sobresalió por sus gestos y miradas la esposa del torturador Carlos De Marchi, apodado “el electricista” por su pericia manejando picanas en el Regimiento de Infantería 9 en Corrientes, donde fue condenado a 25 años de prisión por el tribunal que hoy comienza causa por torturas y desapariciones a militantes políticos de Goya.

Dos fueron las cuestiones netamente jurídicas sobre las cuales el abogado defensor fundamentó la absolución de sus representados. Por un lado manifestó que los hechos ya fueron juzgados por jueces militares que sentenciaron que lo del 13 de diciembre fue un “acto de servicio” por parte de los oficiales intervinientes ante un “ataque artero e ilegítimo por parte del Ejército Revolucionario Montonero”, una laxa interpretación del “principio de legítima defensa”.

Sabedor de que en ocasiones no hay mejor defensa que un buen ataque, Pujol le apuntó a los tramos de las declaraciones de aproximadamente 50 testigos, en su mayoría ex detenidos políticos en Alcaidía o en la U7 – que no coinciden o no se adaptan al cien por cien en el recuerdo de la paliza mortal en el comedor de la Alcaidía con la que comenzó la Masacre- y a también a todo aquél que acercó datos o indicios de que lo que ocurrió fue un fusilamiento y no un combate, como el policía retirado Miguel Salinas, que contó haber fotografiado 17 cadáveres en la ruta 11 y una fosa común en el cementerio, o el abogado Edwin Tissembaum, por su participación en la entrevista a Ruíz Pío Villasuso.

“Mintieron y dijeron cualquier cosa” alegó Pujol, con una planilla proyectada sobre una de las paredes del Tribunal en la que estaban anotadas las contradicciones de cada cual. La contraparte también recibió lo suyo. Querellantes y fiscales fueron acusados de “deslealtad procesal” por no impedir las “mentiras” de los testigos y – extrañamente – por actuar en conjunto. “Actúan como un todo, y la igualdad de armas se ve avasallada” recriminó el defensor. Lo cierto es que querella y fiscalía comparten el mismo objetivo: acusan a los imputados.

El momento más acalorado del alegato llegó cuando el fiscal Jorge Auat manifestó que “errores conceptuales muy groseros” en el alegato de Pujol. “Lo que está haciendo no tiene nada que ver con la resolución de la causa, esto es un desaguisado procesal”, protestó el jefe del ministerio Público. Sobrevino un fuerte cruce entre las partes con Pujol exigiendo el cese de la interrupción, Auat insistiendo en su reprobación y la jueza Yunnes amonestando a ambos para superar la discusión y continuar el trámite. “Por favor, esto no es una riña de gallos”, exclamó.

“Es muy difícil entender la obediencia debida militar, porque es tan rayana con una orden imposible de revisar,” intentó explicarse Pujol, y prosiguió con una especie de clase de táctica y estrategia de guerra: “Supongamos una hipótesis de conflicto, la toma de un lugar ocupado por un ejército. Para el asalto final es necesario atacar por dos flancos, por el sur, donde está la mayor defensa y por el norte, menor. Y si se recibe una orden de atacar el flanco sur se debe cumplir a costa de la vida, porque eso significa vencer y salvar muchas más vidas…Esto es obediencia de vida militar y, ante la negativa, el que se niega puede ser ejecutado”. Luego razonó que “la justicia no puede permitir hacer un paquete y meterlos a todos, por algo que ni siquiera en su forma particular fue probada su responsabilidad. Es fácil acomodar teorías. ¿Dónde está la autoría?”, se preguntó.

Durante la mañana del miércoles 4 de mayo querella y fiscalía le responderán está y otras de sus inquietudes en las réplicas previas a la sentencia.

Primer alegato de la defensa

Por Gonzálo Torres

El primer tramo del alegato de la defensa consumió toda la mañana y buena parte de la siesta de la jornada número 56 de la Causa por la Masacre de Margarita Belén.

Los defensores oficiales Juan Manuel Costilla y Federico Carniel – que representan a Luis Alberto Patetta, Horacio Losito, Ricardo Reyes, Ernesto Simoni y Alfredo Luís Chas- pidieron la nulidad de la acusación a sus defendidos y su absolución de culpa y cargo. Invocaron razones de “insuficiencia probatoria” y la aplicación del principio de “beneficio de la duda”.

Desde la defensa se anunció que “varios” de los imputados no aceptarán declarar pero sí tienen la intención de decir “unas palabras” antes de las sentencia. Horacio Losito participó por video conferencia desde el consejo de la Magistratura en Buenos Aires, donde fue intervenido quirúrgicamente.

El eje del alegato de la defensoría oficial giró en torno a cuestiones técnicas, con especial atención en determinados aspectos formales de la prueba y de las imputaciones como por ejemplo la utilización de las declaraciones de los imputados realizadas en sede de instrucción militar, la prescripción de la acción penal, la forma en la que se realizaron las acusaciones y la atipicidad de la figura de desaparición forzada de personas en el derecho penal. Los hechos que se juzgan no fueron abordados con la misma profundidad. En cuanto a los “tecnicismos” pronunciados, la mayoría de ellos ya han sido resueltos en otros tribunales.

Sobre los hechos concretos, los abogados defensores intentaron desaprobar la existencia de la Masacre sin llegar al extremo de acepar la coartada del enfrentamiento y alegaron que el Tribunal no puede tener “la necesaria certeza absoluta” de cómo sucedieron los hechos para dictar una sentencia condenatoria.

“En realidad no sabemos bien qué pasó ese día. Ninguna de las versiones está probada debidamente”, reconoció Federico Carniel. “No fue probado que el enfrentamiento armado no existió”, declaró Juan Manuel Costilla, en una especie de carambola jurídica: la querella no debe probar que existió una Masacre, sino que el enfrentamiento fue falso.

La defensa refutó la incorporación como prueba documental de las declaraciones de los imputados en el juzgado de instrucción militar durante el año 84. Estas declaraciones revisten importancia porque son una prueba contundente de que los imputados estuvieron en el lugar de los hechos el 13 de diciembre de 1976. Más allá de las consideraciones respecto de qué justicia debía juzgarlos, si la justicia civil o los jueces castrenses, las declaraciones fueron tomadas siguiendo el mecanismo que mandaba la ley de esa época, sin coacción de ningún tipo ni violación de las garantías constitucionales de los declarantes.

Esto fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados fallos. En el caso específico de la causa Masacre fue resuelto por el juez de instrucción al dictar el auto de procesamiento, por la Cámara Federal de de Resistencia, por la Cámara Nacional de Casación y finalmente por el mismo Tribunal que lleva la causa durante el planteamiento de las cuestiones preliminares al manifestar que las declaraciones en sede judicial son perfectamente válidas.

“Hay que tomar con recaudo los testimonios”, advirtió Juan Manuel Costilla, con la firme intención de desestimar los testimonios de ex detenidos políticos que no coincidan cien por cien en los detalles de cómo fue la tarde/noche previa al 13 de diciembre en la U7 y en la Alcaldía 35 años atrás.

Costilla explicó que según su entender había una suerte de organización en el penal, con Aníbal Ponti, Miguel Bampini a la cabeza. Los reclusos no estaban aislados y la circulación de información era “perfectamente viable”. Asimismo, remarcó que la “cuestión de las torturas previas y las malas condiciones físicas de los trasladados el 13 de diciembre no puede comprobarse”.

De todos los testigos que declararon en la causa el más desacreditado no fue un ex detenido político. El fotógrafo de la policía Miguel Salinas (aseguró haber registrado 17 cadáveres el 13 de diciembre de 1976 a la vera a la ruta 11) se llevó la mayoría de las críticas de la dupla de defensores: “Es un testigo falso que vino a mentir al Tribunal”, acusaron. Lo cierto es que después de que Salinas prestara declaración testimonial, y participara en la inspección ocular en la ruta 11 y en el cementerio en la búsqueda de fosas comunes nadie pidió su procesamiento por falso testimonio.

La Fiscalía solicita condena a perpetua para los nueve imputados

Por Gonzalo Torres

Con los alegatos de los fiscales Jorge Auat, Carlos Amad y Luis Benítez concluyó la etapa acusatoria de la Causa por la Masacre de Margarita Belén durante la mañana (y la siesta) del martes 19 de abril, en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia. Desde aquí serán dos semanas de receso hasta el 3 de mayo para que la defensa pueda preparar su alegato, en pos de la “paridad” en el proceso, tal y como lo explicó la presidenta del Tribunal jueza Gladys Yunnes.

La extensa exposición de la Fiscalía en el día de audiencia número 55 de la Causa se dividió en tres partes; durante las primeras dos horas de la audiencia el fiscal Carlos Amad arremetió contra la “coartada” del enfrentamiento con un amplio y detallado manejo de datos, testimonios y pruebas incorporadas a la causa. Acto seguido el fiscal federal Luis Benítez se ocupó de exponer el plan del Ejército y cómo funcionó el sistema jurídico de la dictadura. Pasado el mediodía Jorge Auat finalizó el fundamento del Ministerio Público para el pedido de prisión perpetua para los nueve imputados con un enérgico alegato en el cual describió las idas y vueltas de la causa – “un expediente cargado de dolor e ignominia”- no sólo desde lo estrictamente jurídico sino tomando citas conceptos de la filosofía, los clásicos griegos, la obra de Cortázar, y hasta la Divina Comedia de Dante Alligheri.

Auat remarcó la importancia de causas judiciales como la de la masacre en tanto “estos juicios son mucho más que un expediente, son la reconstrucción de la historia más dolorosa que nos tocó vivir en el siglo XX” y determinó – ya desde el campo de la teoría del Derecho y la jurisprudencia – la calificación legal para las imputaciones. “El Código Penal no alcanza para mensurar estos crímenes porque son el mal absoluto”, sostuvo el antiguo fiscal de instrucción de la Causa Masacre y actual jefe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por crímenes de lesa humanidad.

Familiares de las víctimas (Gustavo Piérola, Dafne Zamudio, y Juan Pablo Tierno), ex detenidos políticos y militantes de Derechos Humanos, junto con una decena de fiscales de Chaco, Corrientes y Buenos Aires presenciaron la acusación de los fiscales, que acompañaron su alegato con la proyección de fotografías de los militantes políticos asesinados en la Masacre y un power point de las pericias realizadas por el Equipo de Argentino de Antropología Forense (EAFF) para la identificación de Emma Cabral, Carlos Duarte y Alcides Bosch.

Como viene sucediendo desde los inicios de este juicio histórico, trabajadores de la Dirección de Cine y Espacio Audiovisual del Instituto de Cultura de la provincia registraron toda la audiencia.

Al final del alegato el fiscal Amad comunicó la denuncia de la Fiscalía por falso testimonio en la Causa a los militares Sebastián Rampulla (ex oficial de Inteligencia del Grupo de Artillería 7) y Osvaldo Bianchi (teniente coronel retirado y licenciado en Educación Física y Deportes), al médico de la policía denunciado por torturas Héctor Rolando Grillo y a los peritos de la defensa Elvira Venthey y Daniel Bled.

La próxima audiencia es el 3 de mayo.

Con pedido de condenas por genocidio, culminaron los alegatos de la querella

Por Gonzálo Torres

El día número 54 de audiencia de la Causa por la Masacre de Margarita Belén fue una jornada extenuante, que comenzó a pasadas las nueve de la mañana del viernes 15 de abril y culminó cerca de las seis de la tarde.

Los querellantes Silvina Canteros y Sergio Quiroz – que alegaron en representación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia – pidieron prisión perpetua para los militares Aldo Martínez Segón, Horacio Losito, Luis Alberto Patetta, Jorge Carnero Sabol, Gustavo Athos Rennes, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, y Ernesto Simoni; y 20 años de prisión para el policía Chas (partícipe secundario) por homicidio agravado por alevosía en once hechos y cuatro casos de desaparición forzada.

Duilio Ramírez y los hermanos Ataliva y Pedro Dinani – por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre – reclamaron prisión perpetua para los 9 imputados por el delito de genocidio.

Silvina Canteros y Duilio Ramírez sobresalieron por su claridad y solidez al momento de alegar y fueron aplaudidos por el público en la sala. Canteros fundamentó la valoración de los hechos juzgados y culminó su alegato con un texto de Julio Cortázar. Ramírez detalló las razones que desestiman la versión del enfrentamiento apelando al cotejo de varias de las testimoniales de la causa y expuso el genocidio en el cual se enmarcó la Masacre.

El tribunal objetó la manera en la cual uno de los querellantes llevaba adelante su alegato por lo cual se pasó a un cuarto intermedio de casi dos horas hasta que pudo resolverse la cuestión.

El final de la audiencia vino con un cruce de palabras entre uno de los presentes y el Tribunal en razón de la “desbordante emoción” del militante de Derechos Humanos y el pedido de recato por parte de los jueces dentro de la sala del tribunal. Primó la cordura y la cosa no pasó a mayores.

El “cuarto intermedio” de la causa se prolongará hasta el próximo martes a las 8.30 de la mañana, momento en el cual los fiscales del Ministerio Público comenzarán su alegato. A continuación una apretada síntesis de los tramos medulares de los alegatos más representativos.

“Señores jueces, hagan justicia”

Por Gonzálo Torres

Tal y como estaba previsto la querella a cargo de Mario Bosch solicitó la pena de prisión perpetua para los militares Athos Gustavo Renés, Aldo Martínez Segón, Horacio Losito, Jorge Daniel Carnero Sabol, Ricardo Reyes, Luis Alberto Patetta, Germán Riquelme y Ernesto Simoni, y 25 años para el policía Alfredo Luís Chas.

En el alegato presentado el pasado 13 de abril por el representante del Cels y otras querellas se rescató la participación familiares, amigos y militantes en la realización de este juicio histórico. Bosch afirmó que los jerarcas del terrorismo de Estado que adoptaron la escuela francesa de la tortura y desaparición forzada cometieron un error táctico: los genocidas franceses dejaron sus crímenes en Argelia, pero en Argentina los desaparecidos tenían hijos, padres, madres, hermanos y abuelos.

“Hoy estos familiares les reclaman a ustedes, señores jueces, hagan justicia’’, dijo Bosch y toda la sala irrumpió en un gran aplauso, mientras la presidenta del Tribunal Gladys Yunnes vociferaba por el recato del público bajo pena de expulsión.

Bosch denunció los casos de detenidos desaparecidos con alta probabilidad de haber sido asesinados en la Masacre y aportó datos e indicios que descartan de plano la veracidad de un enfrentamiento el 13 de diciembre de 1976. El querellante pidió nuevas imputaciones por los casos de Raúl María Cairé, Carlos Tereszecuk, Raúl Antonio Mendes, Eduardo Fernández, Delicia Fernández, Dora Noriega y Juan Ramón Vargas. Todos sufrieron el cautiverio clandestino en distintos centros de detención y fueron vistos por última vez en cercanías diciembre de 1976. Permanecen desaparecidos desde entonces. Estos nombres se suman a la lista de desaparecidos que integran Roberto Yedro, Fernando Piérola, Julio “Bocha” Pereyra y Reynald Zapata Soñéz.

Luego fue el turno de Daniel Domínguez Henaín – el otro querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación – quién completó el alegato con el marco jurídico y doctrinario para la imposición de las penas y la tipificación de las condenas.

Sergio Quiroz fue el último querellante en alegar. Lo hizo en representación de la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Quiroz desarrolló el contexto histórico de la Masacre. Continuará durante la mañana del viernes 15 de abril, conjuntamente con el alegato de los abogados Duilio Ramírez y Ataliva Dinani, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Ambos querellantes anunciaron su pedido de prisión perpetua para los imputados en el marco de un genocidio.

Últimas pruebas documentales

El 29 de marzo se sumaron como pruebas documentales las declaraciones incorporadas en la causa Caballero, en las que el teniente general Ricardo Brinzoni ratificaba que lo ocurrido en Margarita Belén fue una masacre. También se sumó la declaración del empleado municipal y capataz del cementerio que afirmó haber estado presente al momento en que ingresaron los cuerpos de las víctimas.

Al día siguiente se agregaron al proceso las declaraciones de personas fallecidas, otros testimonios que fueron rendidos por escrito y el documento del Plan del Ejército contribuyente al Plan de Reorganización Nacional.

El 13 de abril comienzan los alegatos con Mario Bosch, representante -entre otras- de la querella del Cels.

La versión de un “arrepentido”

Por Gonzalo Torres

La causa por la Masacre de Margarita Belén continuó con la lectura del cuerpo 4 del expediente, las declaraciones de los imputados en juzgado de instrucción militar y varios recortes periodísticos cuya autoría se atribuye a Ruiz Pío Villasuso, el para-policial “arrepentido” que en su lecho de muerte reconoció que lo sucedido el 13 de diciembre fue una masacre y no un enfrentamiento.

Eduardo Pío Ruiz Villasuso fue un extraño personaje relacionado con los servicios de Inteligencia. En 1985 dijo conocer cómo había sido organizada la Masacre. Según su versión, lo ocurrido no fue un enfrentamiento sino un asesinato colectivo de detenidos políticos, con participación de militares y policías. Villasuso murió después de ser apuñalado en un confuso episodio, por lo que no pudo dar más detalles.

Durante la audiencia se leyó una carta de su autoría publicada en el diario Norte en la que explicó como sucedió el fusilamiento de los presos políticos y nombró a varios policías y militares intervinientes en el operativo. En la misiva, Villasuso contó que tomó conocimiento de lo qué pasó porque llegó al lugar de los hechos poco después del fusilamiento. Después de explicar su rechazo a toda reivindicación a los caídos porque entiende que “los militantes guerrilleros son delincuentes subversivos”, Villasuso explicó su posición: “El operativo de Margarita Belén, al no tener las características de una acción de guerra se transformó lisa y llanamente en una Masacre, un crimen, y sus autores deben ser imputados y juzgados como verdaderos criminales y no como militares”.

En un aparte de la carta da los detalles del fusilamiento: “Sobre un camino lateral próximo a la localidad de Margarita Belén se llevó acabo la ejecución de 21 subversivos, mujeres cuatro, varones diez y siete. Se ejecutan disparos con distintas armas para dar la impresión de un enfrentamiento. El pacto era que todos los presentes debían efectuar disparos para evitar arrepentimientos posteriores (…) Los oficiales ejecutores fueron el capitán Bianchi, capitán Rampulla, teniente Patetta, Martínez Segón subteniente Simoni, capitanes Carnero Sabol, los policías Thomas, Gabino Manader, Cardozo (…) Los subversivos fueron asesinados a mansalva, allí los detenidos dejaron la vida y nuestro Ejército dejó un jirón de su honor”, manifestó.

Otras piezas de mayor relevancia leídas durante la audiencia número cincuenta de la causa fueron las declaraciones de los imputados rendidas en el Juzgado de Instrucción Militar (JIM) a mediados de los años ochenta. Esas declaraciones revisten gran importancia porque son una prueba contundente de que los imputados estuvieron en el lugar de los hechos.

Por ejemplo, Horacio Losito aceptó haber cumplido funciones de seguridad en el camión de traslado, el Mercedes Benz 1114, junto con los imputados Ernesto Simoni, Guillermo Reyes y Daniel Carnero Sabol. Losito iba con uniforme de combate y pertrechado con su pistola reglamentaria y un FAL (Fusil de Asalto Liviano). Dijo recordar 13 detenidos políticos trasladados en el Mercedes, todos esposados. A unos metros del puente del arroyo Ortega, por Ruta 11, escuchó unos disparos. El camión frenó de golpe y Losito cayó al piso, atropellado por los detenidos en fuga. Confundido por los gritos y la balacera, Losito bajó del camión y disparó hacia el oeste, sin percibir a sus atacantes ni a sus vehículos. Recordó cinco bajas en el grupo de detenidos.

Patetta, el imputado de la remera colorada, siguió la lectura sentado en el escritorio de los abogados defensores, masticando caramelos y haciendo esfuerzos para no dormirse. En sede militar contó que en 1976 se desempeñaba como jefe de sección de Enlace del Área Resistencia. Durante el “traslado” a Formosa cumplió funciones de custodia desde el camión Unimog, a unos cien metros de distancia del Mercedes. Patetta viajaba junto con el capitán Carnero Sabol, el subteniente Riquelme, los tenientes Martínez Segón, Reyes, Mayor Rennés y el capitán Norberto Tozzo, jefe de la dotación.

Tozzo debería estar sentado en el banquillo de acusados, de no ser por su fuga a Brasil después del Habeas corpus concedido por los camaristas de Resistencia en 2003. Fue capturado en Río de Janeiro y aguarda su extradición en el penal de máxima seguridad de Ary Franco. Según Patetta el estado general de los detenidos trasladados era “bueno, normal”. Todo iba bien hasta que una pinchadura detuvo al Unimog. Patetta iba armado con una pistola y una escopeta, y respondió el fuego a la izquierda de su posición. Después del tiroteo pudo observar dos cuerpos tirados sobre la banquina y otro más cerca de la caja del camión.

La lectura de la documental continuará el 28 y 29 de marzo, después de lo cual estará habilitada la ronda de alegatos, para que cada una de las partes fundamente su posición y el Tribunal decida.

Lectura de los documentos

Por Gonzalo Torres

El miércoles 16 de marzo comenzó la lectura de los documentos relevantes de la causa. Entre los escritos leídos se destacan: las copias de los registros del cementerio, el informe del incendio de los archivos policiales, el informe sobre las sepulturas e incineraciones en el Ejército, la documentación de los integrantes de la guardia del día 13 de diciembre de 1976 en la prisión Unidad 7 y el memorándum de entrega de detenidos políticos al mayor de Ejército Rennés – imputado en la causa.

También se leyó la notificación del Ejército sobre el “fallecimiento” de Carlos Zamudio remitida a la madre del militante asesinado, fechada el 30 de diciembre de 1976 y firmada por el Coronel Baguear. El documento decía: “Comunicó a usted que el día 13 de 12 del 76 una columna que transportaba detenidos políticos desde Resistencia a Formosa a la altura del kilómetro 1042 de la ruta nacional 11 fue atacada por delincuentes subversivos con la aparente intención liberarlos o eliminarlos a efectos de evitar declaraciones… como consecuencias del choque armado se produjeron bajas en ambos lados y algunos detenidos lograron fugar. Tengo la ingrata función de comunicarle que su hijo Carlos Alberto Zamudio formaba parte del traslado habiendo perdido la vida en el enfrentamiento. El cadáver del mismo se halla a disposición de la jefatura del Área 232 Misiones…”. La nota contradice informaciones militares que afirman que Zamudio consiguió fugarse para caer en otro enfrentamiento en Misiones.

Mientras tanto, enfrente a la sede del Tribunal Oral Federal, sobre la vereda de la plaza 25 de Mayo el colectivo de artistas “Cultura por Justicia” organizó una colecta de firmas para un documento a presentarle al Tribunal con el pedido de mayor celeridad para la causa.

Dafne Zamudio, hija de Carlos Zamudio y coordinadora del Programa de Asistencia a las Víctimas del terrorismo de Estado manifestó su inquietud por el retraso de la sentencia y por una serie de medidas tomados por el Tribunal. “Nos parece una barbaridad que se demore tanto, esperamos desde hace más de treinta años”, afirmó.

Además comentó la posibilidad de que el Tribunal esté recibiendo presiones para dilatar el proceso. “Una de las hipótesis es que están recibiendo una presión de algo lado. Hubo actitudes como la de no dejar participar de las inspecciones oculares en las cárceles y el Regimiento a las psicólogas del acompañamiento a los testigos víctimas ni a los familiares querellantes que nos hacen sospechar”, agregó.

La causa por la Masacre formó parte del juicio a las Juntas Militares en 1984. Fue elevada a juicio oral el 24 de febrero de 2009, ocho años después de la presentación para su reapertura en mayo de 2001. El 3 de junio de 2010 comenzó el juicio, por el que pasaron más de cien testigos. A los nueve represores juzgados se les imputa el delito de homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes en once hechos y desaparición forzada de personas.

El jueves 17 continúa la audiencia.

Inspección en el Regimiento de la Liguria

El miércoles 2 de marzo se hizo una inspección ocular en el Regimiento de la Liguria, Grupo de Artillería 7. En el procedimiento participaron tres testigos: los ex detenidos Ricardo Uferer y Eduardo Luque, quienes fueron detenidos en el regimiento mientras se encontraban prestando el servicio militar, y el policía Luis Rafael Ovalle, quien el 13 de diciembre de 1976 tomó las huellas dactilares de un grupo de cadáveres que habían sido traídos por los militares luego de la masacre.

Ovalle realizó las pericias a siete cuerpos en un “dormitorio, pasando la Plaza de Armas”. Después de idas y vueltas, Ovalle no logró identificar el lugar. “Son treinta y cuatro años, espero que me entienda”, se disculpó ante la jueza Yunnes.

Los otros dos testigos contaron y señalaron los lugares donde fueron detenidos pocos meses después de marzo de 1976. A Eduardo Luque lo fueron a buscar en la zona de la guardia, hacia el frente del Regimiento, casi sobre la avenida 9 de Julio. Ricardo Uferer fue detenido durante un descanso de su turno de guardia por el en ese entonces teniente Ricardo Reyes, hoy imputado.

El 16 de marzo comienza la lectura documental de la causa.