La sentencia

El Tribunal Oral Federal N°4 condenó a siete represores a penas de entre 18 años y prisión perpetua en cárcel común por 156 crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio.

Luego de casi un año y medio de iniciado el juicio oral, el tribunal integrado por Leopoldo Bruglia, Jorge Gorini y Pablo Bertuzzi condenó a los oficiales del ejército Héctor Gamen y Hugo Pascarelli a la pena de prisión perpetua por encontrarlos culpables de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. Los jueces revocaron su excarcelación y ambos deberán cumplir su pena en cárcel común.

Además, el tribunal condenó por su participación en casos de secuestro y tortura a los agentes del Servicio Penitenciario Federal José Maidana a 22 años y seis meses de prisión; Diego Chemes a 21 años y seis meses; Ramón Erlán y Ricardo Martínez a 20 años y seis meses; y Roberto Zeolitti a 18 años. También se encontraba imputado en esta causa el ex coronel Pedro Durán Sáenz, jefe del centro clandestino, quien murió impune el pasado 6 de junio.

La directora del Área de Litigio del CELS, Carolina Varsky, aseguró que “estas condenas constituyen un nuevo avance en el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina”. No obstante, sostuvo que la muerte sin condena del ex coronel Pedro Durán Saénz “pone en evidencia una vez más la necesidad de agilizar los procesos”.

Con respecto a los delitos sexuales que sufrieron hombres y mujeres dentro del centro clandestino, el tribunal ordenó la extracción de testimonios para su investigación de manera autónoma, como lo habían solicitado los abogados del CELS.

El Vesubio funcionó en un predio del Servicio Penitenciario Federal, ubicado en la intersección de Camino de Cintura y Autopista General Ricchieri, en el partido de La Matanza, entre abril de 1976 y diciembre de 1978, bajo jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército. Se sospecha que comenzó a ser demolido en esa fecha, con motivo de la visita a nuestro país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre los 150 testigos que declararon en la causa, más de cincuenta fueron sobrevivientes del centro y dieron testimonio de su cautiverio y del de otras víctimas que permanecen desaparecidas. El CELS patrocinó a las familias de María Teresa Trotta, Roberto Castelli, Laura Isabel Feldman y Roberto Luis Cristina.

Réplicas, dúplicas y últimas palabras

El miércoles 29 de junio la fiscalía y las querellas expusieron sus réplicas. En esa oportunidad, remarcaron el importante papel que tuvo Hugo Pascarelli como jefe de área y destacaron la credibilidad de los testimonios de las víctimas.

En respuesta, las defensas expusieron sus dúplicas centradas en dos puntos: la supuesta prescripción de los delitos por los que están acusados sus representados y en el principio de cosa juzgada. Además, la defensa de los agentes penitenciarios Diego Chemes, Néstor Maidana, Ramón Erlán y Ricardo Martínez también alegó que estos imputados no tenían poder de decisión en el centro clandestino.

Por su parte, la defensa de Roberto Zeolitti resaltó el “desempeño humanitario” de su representado dentro del centro y mencionó su colaboración con la justicia en democracia.

El martes 5 de julio a partir de las 10.30 Héctor Gamen y Hugo Pascarelli harán uso de la palabra por última vez antes de la finalización del juicio. Lo mismo harán Roberto Carlos Zeoliti y Diego Salvador Chemes el martes 12 de julio a partir de las 10.30. Los imputados Ricardo Néstor Martínez, José Néstor Maidana y Ramón Antonio Erlan dirán sus últimas palabras el jueves 14 de julio a las 10.30. Ese mismo día, a las 17, los jueces leerán el veredicto.

Alegatos de las defensas

El jueves 16 de junio concluyó la ronda de alegatos de la defensa con la exposición del abogado de Roberto Carlos Zeoliti, quien pidió la absolución de su defendido. A diferencia de sus predecesores, el defensor no negó la presencia del imputado en El Vesubio, pero centró su argumentación en la función de guardia y la baja jerarquía que ocupaba el imputado.

Dos días antes, el 14 de junio, el abogado del imputado Gamén dio su alegato señalando que el juicio contra su defendido se estaba adelantando fuera de tiempo. “No se puede analizar con los ojos de hoy hechos ocurridos hace más de 30 años”, dijo el abogado. El defensor reconoció que Gamén sabía de la existencia de los llamados Lugares de Reunión de Detenidos, y lo justificó: “Por supuesto que existían, si estaba la lucha contra la subversión”. Finalmente, invocando cosa juzgada a partir de la aplicación de las leyes de punto final y obediencia debida, pidió la absolución de Gamén por todos los hechos.

Los alegatos de la defensa de los imputados Chemes, Erlán, Maidana y Martínez, presentados el 7 de junio, se concentraron en intentar probar que los acusados no cumplieron funciones en El Vesubio. Por tal motivo la defensa pidió la absolución de los cuatro imputados.

La defensa de Hugo Pascarelli tuvo su oportunidad de alegar el 31 de mayo. El abogado defensor consideró en esa oportunidad que los crímenes que están siendo juzgados estaban prescriptos. Además, rechazó cualquier tipo de participación del imputado -quien de hecho se desempeñó como jefe del área 114, donde estaba ubicado El Vesubio- y solicitó su absolución.

La ronda de alegatos se vio interrumpida por la muerte del imputado Pedro Alberto Durán Sáenz, jefe del centro clandestino de detención, quien falleció el lunes 6 de junio. Al ex coronel se le imputaba la responsabilidad por 63 secuestros y tormentos y 19 homicidios. Adicionalmente, durante el juicio, varias testigos declararon haber sido violadas por el ex militar.

Las querellas –incluida la del Centro de Estudios Legales y Sociales- y la fiscalía solicitaron en sus alegatos que Durán Sáenz fuera condenado a prisión perpetua y que se abrieran las correspondientes investigaciones por los delitos sexuales que fueron denunciados. Pese a la gravedad de los crímenes de los que se le acusaba, el ex coronel gozaba del beneficio de arresto domiciliario.

Alegatos de la fiscalía

El Ministerio Público Fiscal concluyó sus alegatos con una solicitud de condena perpetua para Héctor Gamen, Hugo Pascarelli y Pedro Durán Sáenz. En cuanto a los penitenciarios Ramón Erlán, Diego Salvador Chemes, José Néstor Maidana, Ricardo Néstor Martínez y Roberto Carlos Zeolitti, el fiscal Félix Crous pidió que fueran condenados a 25 años de prisión.

El alegato, emotivo en varios instantes, duró cinco días. Crous resaltó al inicio de su presentación cómo durante el juicio se tuvo una sensación de lo diabólico a través de los testimonios que dieron sobrevivientes y familiares de las víctimas.

“Desde luego, vivimos en una época en la que referirse al diablo parece cada vez más ingenuo o más tonto, y sin embargo es imposible enfrentar el hecho de las desapariciones sin que algo en nosotros sienta la presencia de una fuerza que parece venir de las profundidades, de esos abismos donde inevitablemente la imaginación termina por situar a todos aquellos que han desaparecido”, señaló.

El representante del ministerio público presentó a cada una de las víctimas a través de las referencias que cientos de testigos y familiares dieron de ellos durante el juicio. Mencionó hechos como la desaparición del documentalista Raymundo Gleyzer y la tortura y posterior fusilamiento de Federico Martor, Gabriel Eduardo Dunayevich y Mirta Lavazano, jóvenes militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios del Colegio Nacional Buenos Aires. Para la fiscalía, los acusados siguen siendo “torturadores” en la medida en que persisten en no decir cuál fue el destino final de los desaparecidos.

Sobre la situación de Zeoliti, calificado por algunos sobrevivientes como “guardia bueno”, Crous intentó mostrar las diversas oportunidades en las que se contradijo y otras tantas en las que mintió. La bondad de Zeolitti, dijo el fiscal, “consistió en hacer más llevadero el camino hacia el dolor y la muerte de las víctimas. Un matarife que no quiere problemas. ¿Quién es más perverso, el guardia impasible o el que ofrece el último cigarrillo al condenado a muerte?”.

En conclusión, Zeolitti se ocupó de conducir a las víctimas hasta la sala de tortura y regresarlos masacrados, cumplía su trabajo para que otros machacaran la carne y el alma humana hasta el infinito, por tanto es responsable.

El fiscal pidió al Tribunal que ordene al juez de la primera instancia que parte de la causa vuelva a sus manos para que les impute a los acusados el delito de violencia sexual como delito autónomo. Pidió, además, que el juez impute los 22 homicidios comprobados por la identificación de los cuerpos a los cinco penitenciarios que hasta ahora no están acusados.

Alegatos del Cels

Durante cinco días – del 9 al 13 de mayo – la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) presentó sus alegatos. Los abogados solicitaron prisión perpetua para los militares Pedro Durán Sáenz, jefe de El Vesubio, y Hugo Idelbrando Pascarelli y Héctor Humberto Gamen, ambos jefes de área del centro clandestino.

Para los otros cinco penitenciarios imputados en la causa pidieron penas de 25 años de prisión por haber sido parte importante en el engranaje represivo. “Quienes oficiaban de guardias hicieron un aporte fundamental para mantener vivas a las víctimas y someterlas a tratos degradantes”, señaló Rodrigo Borda, abogado del Cels.

La querella solicitó que las violaciones que padecieron hombres y mujeres detenidos en El Vesubio fueran consideradas como un delito autónomo y no vinculadas a la categoría de tormentos. Por esa razón le pidieron al tribunal que remita los testimonios de las víctimas a un juzgado de primera instancia para investigar a los responsables de esos crímenes, incluyendo al propio Durán Sáenz.

La fiscalía presentará sus alegatos el 16 y 20 de mayo.

Comienzan los alegatos

Mañana a partir de las 10 el tribunal dará inicio a las audiencias de alegatos en el juicio oral contra ocho ex militares por crímenes de lesa humanidad cometidos en El Vesubio.

Las querellas serán los primeros en desarrollar su exposición, luego será el turno del Ministerio Público Fiscal y, por último, el de las defensas.

En el juicio se investiga la participación en esos delitos de Pedro Alberto Durán Sáenz, Héctor Humberto Gamen, Hugo Idelbrando Pascarelli, Ramón Antonio Erlán, José Néstor Maidana, Roberto Carlos Zeolitti, Diego Salvador Chemes y Ricardo Néstor Martínez.

Elena Alfaro

Treinta y cuatro años después de su secuestro, Elena Alfaro, sobreviviente del centro clandestino El Vesubio, decidió declarar por videoconferencia desde Francia. Su relato fue meticuloso, preciso y conmovedor por su franqueza.

Todo comenzó el 19 de abril de 1977. Ese día, una patota entró violentamente en su casa. Ella se encontraba haciendo reposo ya que había tenido varios problemas de salud por su embarazo. Elena iba a tener un hijo con su compañero Luis Alberto Fabri. “Luis había salido. Tenía una cita en la tarde para encontrarle un lugar donde vivir a Norma, que es Mirta Iriondo -recordó Elena-. Es decir que a las cuatro de la tarde Norma, su hijo de cuatro años, y Luis van a esa cita que estaba cantada, fue una trampa. Los secuestran y a medianoche me vienen a buscar a mi a mi casa”.

Elena fue llevada a El Vesubio. Permaneció una semana en la sala de torturas. El 22 de abril cumplió 25 años, esa es la última fecha de referencia que tiene. Después perdió el sentido del tiempo. Durante esa semana, escuchó los gritos de los demás secuestrados. Reconoció algunas voces, entre ellas la de Mirta Iriondo, quien insistentemente preguntaba por su hijo. Vio, también, como su compañero, Luis Fabri, fue torturado.

“Al cabo de un tiempo nos llevan a las famosas cuchas de mujeres. Era otra casa que tenía una cocina, un bañito sin puerta con un lavabo y una ducha. Había un gancho en el zócalo y ahí ponían la cadena donde nos ataban, siempre con una capucha negra –dijo Elena-. El régimen era muy, muy duro. El que se levantaba la capucha era fuertemente castigado. Si alguien no cumplía había paliza generalizada, eso era lo más terrible”.

A Elena le asignaron el “nombre” O-8. Alfaro destacó esa especie de “bautizo”, el cuál, para ella, no constituía un hecho librado al azar. Era más bien la manifestación de la ideología reinante en ese lugar, en donde la ley era elaborada a capricho por el jefe del campo, Pedro Durán Sáenz. Pasado el tiempo el régimen se fue “flexibilizando”. En un momento les dejaron a las mujeres levantarse un poco la capucha. Así empezaron a conocerse. En ese lugar Alfaro vio a Maria Luisa, partera de Quilmes, que estaba en la misma cucha que Gererosa Fratasi. También vio a Ana María Di Salvo, Marta Brea, María del Pilar García, Cuqui –Elena Reinaldi-; a Catalina Ciuffo; a Violeta y su hijo Pablito; a Nelly –mujer mayor que tenía un marcapasos-; a Ofelia Cassano, Silvia de Rafaelli y a la Tana, a quien Elena reconoció por fotos.

Elena pudo ver a varios de los hombres secuestrados en el campo. En una oportunidad reunieron a todos los detenidos que pertenecían a Poder Obrero. Ahí vio al gringo Gasparini, a Nelo –amigo de su compañero Luis Fabri- a Goldin, a los Ciuffo, entre otros.

Más o menos para el 18 de mayo, Luis Fabri pudo visitar a Elena. Le dijo que lo habían examinado para ver si sus heridas ya habían cicatrizado. Ella no entendía bien lo que pasaba, sentía que pronto se iba a quedar sola. Luis le dijo que quizás los iban a llevar a otro lado, a un lugar mejor. “Yo creo que él ya lo sabía”, dijo Elena.

El 23 de mayo a la noche empiezan a llamar a uno por uno de los diecisiete sobrevivientes que quedaban de Poder Obrero. Los llevan a todos a la cocina, permanecen un rato ahí, atados. Un guardia les dijo que los iban a trasladar. Cuando sintieron que estaban solos, se levantaron la capucha, se observaron, se dieron aliento. De repente alguien abrió la puerta y gritó: “O-8 vuelve a las cuchas”. Esa era Elena Alfaro. Fue la última vez que vio a sus compañeros.

“Regresé a las cuchas y me volvieron a atar. Empecé a llorar, a gritar, no me importaba nada. En ese momento Violeta se acercó y sacudiéndome me dijo “Elena, date cuenta de que sos la única que tiene posibilidades de contar todo esto”. Eso fue como una paz para mí. Esas son las palabras que siempre recuerdo. Permanentemente las tuve en cuenta, para poder resistir y salvar mi vida”, dijo Elena.

Marta Brea le contó después a Elena que vio cómo todo el grupo fue llevado a la jefatura. Ahí los obligaron a dejar su ropa. Ella y otras secuestradas más tuvieron que quemar esas prendas en una estufa. Contó también que había escuchado una charla entre el jefe de campo Durán Sáenz y el responsable del Grupo de Tareas 4, en el que este último le informaba que tenía instrucciones de matar a todos los que quedaban de Poder Obrero. Durán Sáenz, que era “muy católico”, le pidió que dejara viva a Elena porque ella estaba embarazada y se comprometió a matarla una vez tuviera familia.

A fines de mayo se construye una nueva sala en donde serán alojados los secuestrados más antiguos de centro. En ese lugar, que será conocido como la Sala Q, permaneció Elena Alfaro a partir de junio de 1977. “La sala Q era una expresión de su ideología. Era decir ‘acá están los quebrados, los traidores’. Muchos de los que permanecieron en las cuchas se creyeron esa idea del traidor y al salir la divulgaron tal como lo quisieron los genocidas”, dijo Elena.

En este punto relato de los hechos se detuvo, para dar paso a una descripción sobre la violencia de género en El Vesubio. Elena Alfaro afirmó que durante todo su cautiverio observó como en cada acto cometido por los guardias y represores había un deseo de despojar a las mujeres de toda dignidad.

“Para bañarnos nos llevaban en fila, desnudas. Los guardias nos manoseaban, nos decían que éramos el diablo, que no servíamos para nada, solo servíamos para darles placer a ellos”, dijo Elena. Muchas de las secuestradas fueron violadas y cuando eso ocurría los violadores culpaban a las propias víctimas.

La violencia de género en el Vesubio alcanzó su máxima expresión en Pedro Durán Sáenz. El jefe del centro clandestino obligó a muchas de las secuestradas a convivir con él. Eran frecuentes sus discursos y sus actos profundamente misóginos, mezclados con un fervor religioso que rayaba con la locura.

El 20 de junio, Durán Sáenz subió a Elena Alfaro en un auto y la llevó a su cuarto, en el regimiento de La Tablada. Ahí la violó; luego la dejó atada a la cama durante el resto del día, sin comer ni beber. Tenía cuatro meses de embarazo. “Denuncié este hecho –que no fue el único- en 1985. Eso dio origen a una gran cantidad de difamaciones. Yo quise salvar la dignidad de las mujeres. No solo fuimos torturadas, sino violadas. La dignidad es contar que fuimos violadas y que esto también constituye un crimen contra la humanidad”.

La declaración de Elena continuó. Habló sobre la presencia de El Francés, un integrante del Grupo de Tareas 2, encargado de secuestrar a cualquiera que pareciera tener vínculo con la columna sur de Montoneros. Según la testigo, durante los siete meses que permaneció en El Vesubio habrían pasado por ese centro clandestino unas 2000 a 2500 personas. Pocos, muy pocos, sobrevivieron. En esa época cayeron Rosa María Pargas de Camps, Alberto Camps, Francoise Dauthier, entre otros.

Los meses transcurrieron y el embarazo de Elena Alfaro ya estaba a término. En un momento llega de visita Suárez Mason. Uno a uno fueron llevados ante él los prisioneros de El Vesubio. Llegó el turno de la testigo. “Entonces el General entró a verme –recuerda Elena-. Nunca olvidare los ojos de odio. Me preguntó si mis padres sabían que estaba embarazada, le dije que sí. Luego me preguntó si quería dejar a mi hijo en manos de familias de militares, y ahí tuve la lucidez de decirle ‘No señor; yo tuve una educación católica y sé que cuando dios nos manda una carga hay que asumirla”. Entonces Suárez Mason dio media vuelta y dijo ‘inmediata libertad’”.

A los pocos días fue liberada. Su padre la esperaba en una esquina de Boedo. Sin embargo, durante muchos meses, Elena permanecería vigilada.

El testimonio de Elena Alfaro continuará mañana, 9 de febrero, a las 8.

Las hermanas Taranto

El 13 de mayo de 1977, Rosa Taranto, de 19 años, fue secuestrada junto con su compañero Horacio Altamiranda y su hermana mayor, Adriana, quien fue liberada tiempo después. Hoy, 2 de febrero, otra hermana de Rosa, Gabriela Taranto, declaró en el Tribunal sobre los hechos.

“Rosa estaba embarazada de siete meses, más o menos, y mi hermana Adriana había ido ese día a ayudarla. En la noche entró un grupo de hombres. Rompieron todo, sacaron a los otros dos hijos de Rosa y los dejaron en la casa de un vecino. Uno de los secuestradores tenía la foto del abuelo paterno de los chicos y le dijo a ese vecino que a él tenía que entregarle mis sobrinos. Luego subieron a mis hermanas y a mi cuñado a un auto, encapuchados, y se los llevaron”, dijo Gabriela.

A la madrugada, Adriana apareció en la casa materna. Estaba descalza. Golpeó la puerta y dijo que se habían llevado a Rosa. Contó que cuando iba en el auto sintió el ruido de una tranquera y ruido de campo, pero no dio más precisión.

Después de mucho tiempo, un grupo de hombre entró a la casa en la que vivía Gabriela con su madre. “No recuerdo cuando fue. Tenía cinco o seis años. Sólo sé que escuchamos el ruido de los autos, las frenadas, los portazos. La puerta voló. Yo estaba en la cama, tapada. Un hombre se sentó arriba de mi cama y me apuntó con una metralleta. Mientras tanto los otros tiraban todo. Buscaban las armas que supuestamente mi hermana y mi cuñado tenían”, recordó la testigo.

La persecución de la familia Taranto continuó. La casa estaba constantemente vigilada. Gabriela era perseguida cuando iba al colegio, al igual que su madre cuando iba al trabajo. Adriana, muy afectada por lo vivido, se fue a vivir con su padre a otro lugar.

“Mi mamá empezó a ir a las comisarías. Fue una vez a la de Florencio Varela y ahí le dijeron que ‘se dejara de romper las pelotas’. Luego volvieron a ir a mi casa, rompieron todo, tiraron todo y ese día le dijeron que no buscara más a mi hermana, que estaba muerta ya, que no existía. Le dijeron, además, que si seguía jodiendo iba a ser peor porque iban a desaparecer a Adriana y ‘a la guacha que estaba en la cama’. Nunca más volvieron. Aún así, mi madre siguió buscando”, contó Gabriela.

Tiempo después, Susana Reyes –quien también estuvo secuestrada junto con Rosa- se puso en contacto con la familia Taranto. Confirmó el nacimiento del hijo de Rosa y contó algunos detalles sobre la vida en el centro clandestino de detención. Dijo que Rosa estaba contenta porque los secuestradores le habían asegurado que cuando naciera el bebé lo entregarían a su familia materna, cosa que nunca ocurrió.

Belén, la hija de Rosa nacida en cautiverio, fue llevada a un orfanato donde fue adoptada legalmente. “El padre adoptivo le insistió para que buscara su origen. Finalmente se hizo los análisis de sangre en Abuelas y ahí salió que era la hija de mi hermana y de mi cuñado. La recuperamos en 2007. Es una mujer hermosa”, dijo Gabriela.

Adriana Taranto murió a los 39 años. De Rosa nunca se tuvieron más noticias.

“Me quedé sin hijos”

Con una entereza y una lucidez admirable, Soledad Davi, con sus 88 años y una historia de vida trágica a cuestas, inauguró la audiencia de testimonios. Soledad comenzó su relato con la muerte del menor de sus dos hijos, Eduardo, quien fue asesinado durante la masacre de Trelew el 22 de agosto de 1972. A partir de entonces Jorge, el mayor de sus hijos, comenzó a participar en política. Una madrugada de agosto de 1976, una patota de quince personas se presentó en el domicilio de Soledad en busca de su hijo. “Estuvieron treinta horas”, relató, y describió las humillaciones a las que fueron sometidos. Ella logró contactar por teléfono a su hijo Jorge para avisarle que no fuera y de ese modo frustró el operativo. En consecuencia, Soledad comenzó a participar de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo y también empezaron las amenazas de muerte.

Finalmente, el 12 de mayo de 1977 una patota encontró la casa en la que Jorge vivía con su compañera Irma Sayago y el hijo mayor de ella, Pablo Miguez – Pablito-. Ese día fue secuestrado el hijo de Soledad, Jorge Capello, junto a su familia. Desde ese momento “me quedé sin hijos”, reveló Soledad y su voz se quebró. Jorge, su compañera Irma y Pablito continúan desaparecidos.

Soledad contó que el hijo menor de la pareja, Eduardo, se salvó del secuestro porque ella lo estaba cuidando en su casa. Eduardo tenía 2 años y su nombre se lo debe a su tío muerto en Trelew. Él fue criado por su abuela Soledad y hoy estuvo presente en la sala para acompañarla.

Víctor De Gennaro, histórico dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), fue el otro testigo del día. Relató cómo se enteró del secuestro de Jorge Watts y graficó el plan sistemático de persecución del que fueron objeto los trabajadores. A pesar de ello, “durante todos esos años los trabajadores resistieron”, explicó De Gennaro. También resaltó la importancia de la lucha y los testimonios de los sobrevivientes en el proceso de memoria, verdad y justicia. Además remarcó la ofensa a la que fueron sometidos durante tantos años por el sólo hecho de estar vivos: “cuando se los llevaron ‘por algo será’, cuando volvieron ‘por algo será’”.

Las audiencias testimoniales continuarán el 2 de febrero a las 10 con Gabriela Fernanda Taranto y Diana Montequín.

Las llaves de Hugo

La única testigo del día fue María Leonor Teso, quien declaró mediante videoconferencia desde México sobre el secuestro de su pareja, Hugo Vaisman, y la persecución de la que fue objeto.

María comenzó su relato con palabras de agradecimiento: “antes que nada yo quería manifestar mi satisfacción, mi alegría de poder estar, de poder participar aunque sea con mi humilde testimonio en este juicio”, indicó y aclaró que “me siento muy orgullosa de que en mi país se estén llevando adelante éstos juicios, que creo que son un ejemplo para muchos otros países”.

Luego relató el secuestro de su marido, Hugo Vaisman, ocurrido la tarde del 14 de agosto de 1978 en la confitería Imperio, en la esquina de Canning (hoy Scalabrini Ortiz) y Corrientes, ciudad de Buenos Aires. Contó que Hugo tenía una cita con un compañero de militancia y que un grupo de personas de civil se lo llevaron. La camioneta con la que Hugo acudió al encuentro nunca más apareció.

Ese mismo día existieron dos operativos más: uno en la casa de sus padres y el otro en la imprenta que trabajaba Hugo, de donde intentaron llevarse las máquinas. Hugo, ya secuestrado, llamó a la casa de sus suegros para avisar que irían a cenar allí. Pocas horas después una patota se hizo presente en la casa haciéndose pasar por amigos de la pareja. Allí estuvieron esperando unas horas a que llegara María, hasta que un llamado telefónico hizo que la patota saliera “corriendo”. Antes de retirarse le advirtieron a la hermana de María “decile a tu hermana que no va a ver más a su marido”. “Y lo cumplieron”, indicó la testigo.

A los quince días del secuestro, la mamá y la hermana de María fueron a ver la casa de la pareja. “Se habían llevado todo”, indicó, “y no habían forzado la puerta”; habían usado las llaves de Hugo. Luego de los procedimientos María no tuvo lugar a donde recurrir, “yo me quedé en la calle literalmente”, dijo, y no pudo contener más las emociones, sus lágrimas expresaban impotencia y dolor. “Pensaba, esperaba que iba a aparecer” indicó.

Finalmente se dirigió a los jueces y dijo que quería “agradecerles que se estén ocupando de hacer justicia, esto debería ser normal pero con la historia que tenemos en la Argentina realmente es una gran alegría para nosotros que esto se esté llevando a cabo”. También hizo un llamado a la conciencia de los acusados: “Si pueden ellos en un acto de humanidad decirnos a los familiares qué han hechos con nuestros seres queridos”.