Alegatos en el juicio por el centro clandestino de detención El Vesubio

Hoy se presentó el alegato de la querella ante el Tribunal Oral Federal N° 4 en el juicio donde se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 204 víctimas en El Vesubio. El centro clandestino de detención funcionó entre 1976 y 1978 y dependía del Primer Cuerpo del Ejército. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) integra una querella unificada con el abogado Pablo Llonto y el equipo jurídico KAOS.

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Homicidios, delitos sexuales y antisemitismo
Dentro de El Vesubio existió una continuidad delictiva entre las privaciones ilegales de la libertad, los tormentos y los homicidios calificados como hechos que constituyeron una “unidad de acción”. En la sentencia del primer juicio –que terminó en 2011 con condenas– se dijo que “los homicidios eran la etapa final del plan prediseñado, que comenzaba con el secuestro y traslado a un centro clandestino”. La querella pidió la condena por homicidio en todos los casos donde se verificaron estas pautas. Hay casos donde, además, se comprobó la ejecución de víctimas dentro del centro clandestino.

En la sentencia de 2011 el Tribunal ordenó la extracción de testimonios por delitos sexuales. Si bien en este juicio la instrucción no imputó estos cargos, el CELS pidió para este la ampliación de la acusación. La violencia sexual es una particular forma de violencia independiente de la tortura y centrada en la condición de género de las víctimas. Los padecimientos de las mujeres se reflejaron en las violaciones concretas, en el trato a las embarazadas, en el sadismo y el particular ensañamiento incluso en las golpizas por su condición de mujeres, los manoseos, la humillación verbal, entre otros tratos.

Otra de las particularidades de El Vesubio es la especial brutalidad ejercida en las torturas sobre los detenidos judíos. Lejos de formar parte de hechos aislados que pudieran atribuirse a excesos o actos discriminatorios individuales, se tradujo en constantes prácticas que provocaron especiales padecimientos hacia ellos.

La Central de Reunión de Información (CRI)
Está probado el valor que la actividad de inteligencia tuvo en el desarrollo del plan clandestino de represión tanto por el testimonio de las víctimas como en las propias directivas del Ejército. El capturado era una fuente de información que debía ser aprovechada por el nivel de inteligencia, era a través de este canal que se determinaban los blancos, y sobre ellos luego se efectuaban interrogatorios bajo tormentos para obtener datos útiles que permitieran detectar a su vez nuevas víctimas, y así sucesivamente.

Esta actividad les permitía establecer lo que llamaban “nuevos blancos”, de modo tal que la CRI tenía la capacidad de disponer los supuestos “operativos antisubversivos”, previo reporte ante las autoridades de la Subzona. Además colaboraba con la organización y la logística, afectando recursos materiales y humanos a los operativos de secuestro, y afectando personal para los interrogatorios –es decir que personal de la CRI se desempeñaba en “El Vesubio”. Sabemos además que algunas víctimas que permanecieron alojadas en “El Vesubio” también cumplieron cautiverio en dependencias de la CRI. Era también en la Central donde se decidía el destino final de los cautivos.

Los imputados
Como querellantes, pedimos condenas a prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua para Gustavo Adolfo Cacivio, Néstor Norberto Cendón, Federico Antonio Minicucci, Jorge Raúl Crespi y Faustino José Svencionis –falleció antes de finalizar el juicio pero se solicitó que la sentencia deje constancia de su responsabilidad en función del derecho a la verdad de las víctimas.

Crespi, bajo el apodo de “Teco”, fue jefe de Inteligencia de la X Brigada, de la que dependía El Vesubio, y jefe de la CRI. Operó bajo la coordinación y supervisión del entonces Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Brigada –el condenado Gamen–, y eventualmente fiscalizada por el Comandante –Sasiaíñ. Su segundo, el imputado Cacivio, fue el jefe del Vesubio.

Minicucci y Svencionis fueron Jefes de Área del Regimiento III General Belgrano con asiento en La Tablada. Sus funciones en el marco de la llamada “Lucha contra la subversión” formaban parte del esquema de descentralización operativa. Tenían el control y la responsabilidad directa e indelegable de las actividades que en el marco de esa pretendida lucha se llevaban a cabo dentro del ámbito territorial bajo su jurisdicción.

Cendón prestaba servicios en el Servicio Penitenciario Federal y fue nombrado Subayudante con funciones en la Dirección General del Cuerpo Penitenciario, y mantuvo ese cargo hasta el cierre del centro clandestino. Su alias era “Castro”.

Peticiones
Se solicitó la investigación sobre la responsabilidad del ex capellán del Ejército Emilio Teodoro Graselli. La complicidad de la Iglesia Católica como institución y la referencia particular a la colaboración de algunos de sus miembros con la junta militar surge desde el propio informe de la CONADEP. Sin embargo, las innumerables referencias de las víctimas no tuvieron consecuencias en el plano judicial. En las audiencias abundaron las menciones a la actuación cómplice de Graselli, que era secretario del vicario castrense Adolfo Tórtolo durante la dictadura. Conocía y formó parte del aparato ilegal montado por las Fuerzas Armadas. Recibía a los familiares, tenía información certera que no sólo no les brindaba sino que además extraía de ellos datos que facilitaba luego al régimen.

También se solicitó que se investiguen los delitos contra la propiedad. De los relatos escuchados en el juicio surge que las casas de las víctimas fueron saqueadas, que en muchas oportunidades se quedaron con las propiedades, que pedían dinero a cambio de la liberación de los familiares (que finalmente no se producía).

Finalmente se solicitó al Tribunal que se investigue a los jueces y fiscales que dieron una respuesta insuficiente o incluso cómplice con el accionar de la dictadura: ya sea con el rechazo sistemático de habeas corpus con cobro de costas para los familiares, el archivo masivo de denuncias por secuestro, robo y allanamiento ilegal o el procesamiento de prisioneros que denunciaron torturas y malos tratos que recibieron durante su detención ilegal. Durante el debate decenas de relatos se refirieron a estas conductas. Los funcionarios judiciales que participaron en los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado deben ser investigados de manera seria y exhaustiva.

Un día se hizo justicia

A 41 años de la Masacre de Trelew 

El 15 de octubre de 2012 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a los ex marinos Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino por su participación en la Masacre de Trelew. Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Bautista fueron absueltos. Fue la primera sentencia dentro del proceso de juzgamiento por crímenes del terrorismo de Estado en la que se atribuyeron responsabilidades penales por delitos perpetrados en el contexto represivo de principios de los 70. Resultó necesario demostrar que la masacre fue un crimen de lesa humanidad, ejecutado en un contexto de ataque sistemático contra un grupo de la población civil.

Los hechos se originaron el 15 de agosto de 1972, con la fuga de veinticinco presos políticos que se encontraban en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal de Rawson. En esa oportunidad seis de los prisioneros lograron escapar a Chile. Los diecinueve restantes se entregaron a las autoridades y quedaron detenidos. Acto seguido fueron alojados en la base aeronaval Almirante Zar en donde permanecieron incomunicados. Seis días después, en la madrugada del 22 de agosto, fueron fusilados por personal de la Armada. Dieciséis de ellos murieron y tres lograron sobrevivir.

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La llamada Masacre de Trelew produjo una fuerte indignación. Aceleró los tiempos políticos, contribuyendo al fin de la dictadura iniciada en 1966 -ya debilitada por una creciente movilización popular- y estimulando la incorporación de nuevos militantes a las organizaciones revolucionarias.

Durante el juicio se demostró que el fusilamiento de los 19 presos políticos no fue un hecho aislado, sino que se trató del primer gran acto del plan clandestino de represión que alcanzaría su mayor expresión con la última dictadura militar. Los testimonios aportados mostraron los vínculos directos existentes entre las dictaduras de 1966 y 1976. Esas conexiones se dieron tanto en los métodos empleados como en la identidad de las víctimas del terrorismo de Estado. Muchos de los presos políticos de comienzos de los 70 fueron asesinados posteriormente. Otros, como dos de los sobrevivientes de la masacre, fueron secuestrados y desaparecidos.

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De igual manera, las declaraciones de dos ex marinos sobre el entrenamiento que recibieron desde finales de la década del 60, entre otra prueba, evidenciaron la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional y su hipótesis del enemigo interno. Fue en ese período comprendido entre los años 1966-1973 donde el Estado decidió colocar en la clandestinidad parte de su actividad represiva, lo que significó una práctica generalizada de detenciones y torturas, registrándose también numerosos homicidios y las primeras desapariciones forzadas de personas.

En esta causa la prueba documental tuvo un valor fundamental. Durante el transcurso del juicio, en un depósito de la Armada fueron halladas copias de las demandas civiles que realizaron familiares de las víctimas de la masacre. En esos expedientes se encontraron comunicaciones internas donde los abogados de los militares reconocían la responsabilidad de los marinos. También se incorporaron reglamentos de la Armada cuya existencia se ignoraba y habeas corpus colectivos presentados a favor de los centenares de presos políticos del régimen.

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Aún queda mucho por decir respecto de los responsables de lo ocurrido el 22 de agosto. Está pendiente que se resuelva el recurso de casación que interpuso la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Secretaría de Derechos Humanos y la fiscalía contra la absolución de Paccagnini y Bautista. El 5 de noviembre de 2012 el juez a cargo de la investigación requirió nuevamente la detención provisoria y la extradición de Roberto Guillermo Bravo desde EEUU, uno de los perpetradores de la masacre. También se encuentra en etapa de instrucción la indagación acerca de dos ex marinos que habrían tenido participación en los hechos.

PARA VER LA SENTENCIA: http://www.cels.org.ar/blogs/2012/Trelew.pdf

A 10 años de la anulación de las leyes de impunidad

El 21 de agosto de 2003, el Senado de la Nación aprobó la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, que constituyó un impulso fundamental para la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. El hecho marcó un hito en la búsqueda de verdad y justicia por los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.

En un contexto muy desfavorable, el parlamento fue el escenario en el que los organismos de derechos humanos pudieron incidir para confrontar el discurso de perdón y olvido que impuso el gobierno de Carlos Saúl Menem durante la década de 1990. En 2010, el poder legislativo reforzó ese compromiso con la Declaración del Bicentenario, mediante la cual estableció por unanimidad que el actual proceso de justicia constituye una política de Estado de carácter irrenunciable.

Ese proceso generó resultados dignos de ser destacados. Desde 2006, año en el que se realizó el primer juicio desde la reapertura de los procesos judiciales, hasta la fecha se emitieron 103 sentencias en las que resultaron 415 personas condenadas y 35 absueltas. En la actualidad, hay más de dos mil personas vinculadas a las casi 400 causas activas por estos crímenes en todo el país.

No sólo se produjo un crecimiento cuantitativo en materia de juicios. En los últimos tiempos, además, se avanzó en la diversificación y profundización de las investigaciones que permitió una mayor compresión histórica del fenómeno represivo. El juzgamiento de hechos anteriores al golpe de Estado de 1976, la reconstrucción de la complicidad de algunos sectores de la sociedad civil con las Fuerzas Armadas y de seguridad y la atribución de responsabilidades a los ideólogos y ejecutores de la represión en la comisión de los delitos contra la integridad sexual son algunos de los aspectos en los que se ha venido indagando.

La condena a prisión perpetua de tres ex marinos por su participación en la llamada “Masacre de Trelew”, ocurrida el 22 de agosto de 1972, fue la primera sentencia en la que se atribuyeron responsabilidades penales por delitos cometidos en el contexto represivo de principios de la década de 1970. Este fallo, dictado en octubre de 2012, reforzó la necesidad de juzgar los crímenes cometidos durante el breve período democrático entre dictaduras por actores paraestatales, como la Triple A, y por las mismas Fuerzas Armadas que posteriormente tomarían el poder. En este momento hay varias en causas en curso en las que se investigan hechos de esas características, como los de la Masacre de Capilla del Rosario, ocurrida en 1974; la causa por la Triple A, en la que se encuentran procesadas cinco personas, y la del Operativo Independencia, que está en etapa de instrucción.

Sobre la responsabilidad civil en crímenes de lesa humanidad, se también produjeron avances importantes, como el procesamiento de Carlos Blaquier en la causa Ledesma, el de los directivos de la empresa Ford y del ex titular de la Comisión Nacional de Valores Juan Alfredo Etchebarne, la elevación a juicio del tramo de la causa Campo de Mayo en la que se investigan desapariciones de trabajadores de empresas de la zona de Zárate-Campana y las solicitudes que hicieron los tribunales orales para que se profundice la investigación de la complicidad de la empresa Loma Negra y del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca.

En relación con los crímenes de violencia sexual, a principios de agosto de este año se dictó la tercera sentencia en la que los imputados fueron declarados culpables de los delitos de abuso y violación sexual. Actualmente se juzgan estos delitos en la causa ESMA III y Arsenal Miguel de Azcuénaga en Tucumán y existen causas abiertas en varias provincias, surgidas a partir de declaraciones de víctimas en juicios en curso.

Este largo recorrido es resultado de la lucha de los organismos de derechos humanos, de las víctimas y de aquellos actores políticos que tomaron las decisiones más acertadas para la construcción de la democracia. Muchos son los obstáculos que aún deben sortearse, pero el proceso de justicia debe continuar y eso requiere, entre otras cosas, de una sostenida voluntad política.

Los niños apropiados del Plan Cóndor

El pasado 7 de agosto tomó estado público el caso de Pablo Germán Athanasiu Laschan, quien recuperó su identidad luego de 37 años de búsqueda por parte de su familia. Pablo tenía tan sólo cinco meses y medio de edad cuando fue secuestrado junto a sus padres Frida Elena Laschan y Ángel Athanasiu, ambos de origen chileno, el 15 de abril de 1976 en Buenos Aires, en una operación conjunta entre las fuerzas represivas de Chile y Argentina. Estos hechos están siendo juzgados en la causa Plan Cóndor que actualmente se lleva a cabo en Capital Federal. En esta causa el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) patrocina a los familiares de algunas de las víctimas y se constituyó como querellante colectivo por los hechos ocurridos en el centro clandestino conocido como Automotores Orletti, que funcionó como una de las principales bases de operaciones del Plan Cóndor.

La historia de Frida y Ángel es similar a la de muchos militantes chilenos, uruguayos, bolivianos, brasileños y paraguayos que, ante el ascenso de regímenes políticos dictatoriales en sus países, se exiliaron junto con sus hijos en Argentina. Sin embargo, luego de un corto período de estabilidad, empezaron a ser perseguidos. Muchos de ellos fueron asesinados, otros secuestrados y posteriormente desaparecidos como consecuencia del accionar clandestino y coordinado de las fuerzas armadas y de seguridad de las dictaduras del Cono Sur.

Son varios los niños que fueron apropiados en el marco del Plan Cóndor. Además de Pablo Germán Athanasiu, están los casos de Simón Riquelo y Mariana Zaffaroni, quienes tenían pocos años de vida al ser secuestrados, y de María Victoria Moyano Artigas, Macarena Gelman y Carlos D’Elia, quienes nacieron en cautiverio. Todos ellos recuperaron su identidad. En el juicio en curso se incluye el caso de Pablo y los crímenes de los cuales fueron víctimas los padres de los otros niños apropiados.

articulos Diario La Voz, 10 de julio de 1983, Solicitada de Abuelas de Plaza de Mayo
Fuente: Archivo institucional del CELS


 

Los delitos de violencia sexual cometidos en la ESMA

En las últimas audiencias del juicio  ESMA III declararon sobrevivientes sobre los delitos de violencia de género de los que fueron víctimas las personas secuestradas en ese centro clandestino.

“Las torturas al principio aparentemente eran seguidas, supongo que sería a diario […] eran de noche, después fueron más espaciadas. Son imposibles de describir. […] esto era espantosamente humillante. También las violaciones eran humillantes: ellos me pusieron en una cama limpia, me esposaron a la cama y cuando les quedaba cómodo me violaban”

“Me salve de una violación porque estaba indispuesta, se burlaban y me obligaban a masturbarme con un palo de goma”

“Cuando me pasaron al camarote del frente, donde estaba Inés Cobos, ella me contó que había sido abusada reiteradamente por Acosta. Pernías intentó aproximarse y yo pude pararlo. Hasta que una noche me bajan, es la primera vez que veo la oficina de Acosta. Estaba con una remera náutica y una luz baja, no se le veía bien la cara. Me ofreció un pedazo de torta que en ese entonces era algo raro. Mañana te voy a sacar, me dijo. Yo entendía a qué se refería. Al día siguiente me lleva al departamento de Olleros y Libertador. Iba con una valijita de cuero repujado donde lleva las sábanas. […] Me llevó dos veces, creo. Cuando volvía nuevamente para la ESMA volvían también los grilletes, las esposas, el tabique y el balde para hacer las necesidades […]”

Los delitos de violencia sexual son crímenes de lesa humanidad

Las violaciones sexuales, los abusos y vejaciones fueron perpetrados en forma sistemática, tal como el resto de los delitos que están siendo investigados (tortura o privación ilegítima de la liberad, entre otros) y configuraron una práctica extendida y diferenciada. El juzgamiento autónomo de estos delitos en los últimos años representa un avance fundamental al reconocer que la violencia sexual en los centros clandestinos formó parte del plan general de aniquilamiento y degradación de la subjetividad de las personas y, por lo tanto, no se trató de situaciones aisladas. De esta forma se entiende que los delitos de violación sexual perpetrados son crímenes de lesa humanidad y, por tanto, son imprescriptibles. Este reconocimiento deviene del desarrollo de conceptos y estándares de tribunales internacionales en justicia de género, como los Tribunales Internacionales Penales para Ruanda (TPIR) y Yugoslavia (TPIY); el Tribunal Especial para Sierra Leona; las Salas Especiales de los tribunales de Camboya y la Corte Penal Internacional (CPI), que en sus estatutos incluyeron la violación sexual como crimen de lesa humanidad. Por su parte, también el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, ha establecido una definición de violación estipulada como crimen de lesa humanidad.

La violencia sexual fue invisibilizada en los testimonios de la década de 1980 en la Argentina, ya que el relato se construyó en torno a la búsqueda de prueba a través del reconocimiento e identificación de personas que continúan desaparecidas por parte de los sobrevivientes con los que compartieron cautiverio. Así pues, si bien técnicamente la posibilidad de juzgamiento de los delitos de violencia de género continuó vigente en épocas de impunidad, recién en los Juicios por la Verdad, iniciados a mediados de la década de 1990, las declaraciones de los sobrevivientes hicieron foco en el caso propio y empezaron a exponer con mayor frecuencia las violaciones y abusos sexuales.

Obstáculos a la judicialización

La judicialización de la violencia sexual perpetrada en el marco del plan clandestino de represión encuentra muchos y variados obstáculos. Los mismos van desde cuestiones que son comunes a la investigación de delitos contra la integridad sexual cometidos en la actualidad – el carácter sexista y discriminatorio en términos de género que el poder judicial reproduce y la falta de sensibilización por parte de los operadores del sistema– hasta cuestiones particulares vinculadas a la prueba, al carácter de delito de lesa humanidad y a la concepción que se adopte respecto a la autoría y la participación criminal.

Sin dudas la principal dificultad es la negativa de los jueces de instrucción a imputar penalmente a los señalados como responsables por delitos de violación sexual  y la falta de sensibilización de los operadores judiciales respecto a estos temas. Si la experiencia demuestra que resulta complejo para cualquier persona relatar los abusos y violaciones sexuales a los que fue sometida, sin dudas aumenta esa dificultad el hecho de que los funcionarios se muestran muchas veces renuentes a escuchar este tipo de relatos y no generan el marco adecuado para que las víctimas puedan expresarse. En el caso de estos delitos cometidos dentro de un centro clandestino de detención, en general al prestar declaración testimonial no se les pregunta particularmente si fueron víctimas de violencia sexual durante su detención y sí se les consulta respecto de otros delitos (robos, torturas, ingresos violentos a sus domicilios, etc.)

Avances y perspectivas

En los últimos años han aumentado los testimonios en los que los sobrevivientes denuncian la violencia sexual padecida en los centros clandestinos. Esto se ha visto reflejado en sentencias y resoluciones de distintas partes del país:  la condena a Gregorio Molina en Mar del Plata como autor directo de violaciones sexuales en 2010; el procesamiento de Jorge Rafael Videla –ya fallecido- y de otros 9 imputados como partícipes necesarios de crímenes sexuales en el marco del Operativo Independencia. En este caso hay dos aspectos a resaltar: se trata de hechos anteriores a 1976 y perpetrados tanto en el centro clandestino de detención como en las casas de los pobladores de la zona, en donde las mujeres fueron sometidas a modalidades de esclavitud y servidumbre sexual. Otros ejemplos son la condena en 2012 de Musa Azar y otros tres imputados como autores mediatos de los delitos de abuso deshonesto y violación sexual; el juicio Megacausa Jefatura II y Arsenales II, actualmente en curso en la provincia de Tucumán, en el que se encuentran procesados los jefes militares Ernesto Alais, Luis Orlando Varela y Adolfo Ernesto Moore, como autores mediatos de los delitos de violación sexual y abuso deshonesto de seis víctimas.

Condenaron a prisión perpetua a tres ex marinos

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó hoy a prisión perpetua a los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino por su participación en la Masacre de Trelew. Los jueces consideraron que los hechos ocurridos en agosto de 1972 constituyen crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles. Por otra parte, el tribunal absolvió a quien fuera jefe de la Base Almirante Zar al momento de los hechos, Rubén Norberto Paccagnini, y al juez militar designado para realizar la investigación, Jorge Bautista.

El tribunal -integrado por los jueces Enrique Guanziroli, Juan Leopoldo Velázquez y Nora Monella- también ordenó que se solicite la extradición de Roberto Guillermo Bravo, quien reside en los Estados Unidos y está acusado de haber sido uno de los autores de la masacre. Sin embargo, no se pronunció sobre el pedido de investigación de la responsabilidad penal del médico Lisandro Iván Lois en relación con la falsedad de sus reportes médicos, solicitada por la querella por considerar que podría ser autor del delito de encubrimiento.

En el fallo, los jueces afirmaron que “los sucesos de Trelew fueron dados en un marco de ataque generalizado y sistemático” y concluyeron: “El hecho ocurrido en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972, dentro de ese plan de lucha antisubversiva, no se agotó allí ni fue un suceso aislado, sino que por el contrario venía precedido de otros y también otros lo continuarían como se ha referenciado, sin soslayar por supuesto toda la etapa posterior que vendría después”.

Los alegatos de las defensas, réplicas y dúplicas

Durante dos días, las defensas de los imputados en la causa presentaron los alegatos. El primero en alegar fue Gerardo Ibañez, abogado de Jorge Bautista, quien señaló que su defendido actuó de buena fe y que desde el principio admitió que la versión de la fuga era disparatada, como también lo es que haya habido una orden de fusilamiento. Dijo que los tres sobrevivientes siempre pudieron hablar sobre lo ocurrido, incluso frente a su defendido, y que él hizo lo que estuvo al alcance para llegar a la verdad.

Sergio Oribornes, defensor de Luis Sosa y Emilio Del Real, advirtió por su parte que el juicio nunca se debió realizar porque los imputados ya fueron juzgados y amnistiados por Cámpora. El abogado también afirmó que los delitos están prescriptos ya que no se dieron en un contexto de plan sistemático de exterminio y que por lo tanto no serían de lesa humanidad. Señaló que la actuación de Sosa fue imprudente y desatinada, que no hubo una intención de generar esa “balacera” incontrolable, la cual fue producto más bien del nerviosismo de la guardia.

Los defensores Fabián Gabalachis y Gustavo Latorre, representantes de Paccagnini, aseguraron que hubo tres sobrevivientes gracias a las gestiones de su cliente y que aún si hubiera habido una orden de Lanusse de fusilar a los detenidos, no se pudo comprobar en el juicio que esta haya sido transmitida al entonces jefe de la base. Los abogados dijeron además que quien tuvo protagonismo en el tratamiento a los detenidos y en la explicación posterior sobre lo ocurrido fue el capitán Sosa.

Por último la defensa del cabo Carlos Marandino pidió la nulidad del juicio ya que consideró que su defendido careció de asistencia técnica durante la primera etapa de la instrucción. Marcos González se adhirió a lo dicho por las otras defensas respecto a que no se comprobó que la masacre se hubiera producido en un contexto de represión sistemática y que por lo tanto no constituye un crimen de lesa humanidad.

Todas las defensas pidieron la absolución de sus defendidos. En la misma audiencia de hoy, por presiones del tribunal, se realizaron las réplicas y las dúplicas. Quedó fijado para el 10 de octubre que los imputados dijeran sus últimas palabras y se prevé que el veredicto se lea el 15 de octubre.

El alegato de la fiscalía

La fiscalía presentó sus alegatos en dos jornadas que tuvieron una suspensión de cinco días de por medio. Quien inició con el relato de los hechos fue el fiscal Gelvez, quien consideró probado que la orden de matar a los presos políticos alojados en la base llegó desde las más altas esferas del gobierno de facto y que el jefe de la base, Paccagnini formó parte de ese plan.

En la jornada siguiente fiscal Horacio Arranz repasó las circunstancias en que se produjeron los hechos destacando que los detenidos se encontraban en una situación de indefensión ya que estaban desarmados y en un ambiente estrecho. Señaló que se dispararon por lo menos dos cargadores de ametralladora, cada uno con 32 balas.

Por su parte el fiscal Dante Vega hizo una exposición pormenorizada de todos los elementos que dan cuenta del carácter de lesa humanidad de los delitos juzgados. Argumentó que para 1972 existía una fuerte legislación represiva, que la tortura había sido institucionalizada y que ya se venían produciendo las primeras desapariciones.

Vega aseguró que el plan represivo para exterminar opositores o “disidentes” ya estaba esbozado y que lo que ocurrió a partir e 1976 fue su masificación. Por último, concluyó diciendo que la masacre tuvo como fin amedrentar y escarmentar a la sociedad civil.

El alegato de la fiscalía finalizó con un pedido de prisión perpetua para Sosa, Paccagnini, Del Real y Marandino y de dos años para Bautista, por encubrimiento.

Alegato de la Secretaría de Derechos Humanos

La Secretaría de Derechos Humanos presentó sus alegatos ante el tribunal. La querella recalcó el carácter imprescriptible de los hechos ocurridos el 22 de agosto y pidió la prisión perpetua de cuatro de los acusados por los 16 homicidios y las tres tentativas. También pidió, al igual que la querella de los familiares, la investigación del médico de la base Lisandro Lois y la extradición de Roberto Guillermo Bravo.

Además hizo dos pedidos adicionales: que se investigue al oficial Jorge Barreto quien al parecer mintió en su declaración y que se realicen exámenes periódicos al almirante Horacio Mayorga, quien estuvo ausente del juicio por razones de salud.

La SDH le imputó a Paccagnini el hecho de haber transmitió la orden de fusilar a los 19 militantes políticos. Además aseguró que el jefe de la base no dispuso el traslado inmediato de los seis heridos a un hospital y que eso provocó la muerte de uno de ellos. El tercero, Bonet, fue rematado con un tiro de gracia.