Bulacio: el Consejo de la Magistratura analiza remover a la jueza por irregularidades en el caso

El Consejo de la Magistratura se reunirá para decidir si acusa y abre el jury de enjuiciamiento o si desestima la denuncia contra la jueza Alicia Iermini por las irregularidades cometidas en la causa penal en la que se investigó la privación ilegítima de libertad y la muerte de Walter Bulacio.

El Consejo de la Magistratura se reunirá para decidir si acusa y abre el jury de enjuiciamiento o si desestima la denuncia contra la jueza Alicia Iermini por las irregularidades cometidas en la causa penal en la que se investigó la privación ilegítima de libertad y la muerte de Walter Bulacio. La audiencia es pública y se realizará en Libertad 731, 2º piso, ciudad de Buenos Aires.

Creemos que es necesario seguir de cerca este trámite e impulsar que se abra el jury para que se analice, a partir de este caso emblemático, la responsabilidad de los jueces que amparan la violencia policial y las detenciones arbitrarias. Además, permitirá evaluar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura en temas que tienen que ver con el desempeño de los jueces en casos de graves violaciones de derechos humanos. La decisión del Consejo también es fundamental para dar cumplimiento a las medidas de no repetición dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2003, cuando condenó al Estado argentino por la muerte de Walter.

Transcurridos todos los plazos legales previstos en el reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación, el Consejo de la Magistratura no se ha expedido sobre el desempeño de la jueza Iermini en este caso. La magistrada tuvo a su cargo la investigación por la detención ilegal y el homicidio de Bulacio durante más de nueve años. Su inacción hizo que prescribiera la causa, que luego fue reabierta por la Corte Suprema en 2004, en la medida en que se trataba de una grave violación a los derechos humanos.

El Consejo de la Magistratura tiene la oportunidad de avanzar en acciones concretas para la conformación de un poder judicial democrático y respetuoso de los derechos humanos. Para ello es necesario dejar de lado las decisiones corporativas y dar un fuerte mensaje sobre las consecuencias institucionales que acarrea para los jueces favorecer la impunidad en casos de violencia institucional.

Carta enviada al Consejo de la Magistratura