A 21 años de la muerte de Walter Bulacio, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifiesta que la reciente decisión del Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) de archivar el expediente en el que se investigaba el desempeño de la jueza de instrucción Alicia Iermini al frente de la causa, constituye un claro incumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Walter fue detenido por efectivos de la Comisaria 35 el 19 de abril de 1991 al concurrir a un recital. Murió una semana después como consecuencia de una golpiza recibida en esa dependencia. Iermini tuvo a su cargo la investigación por la detención ilegal y el homicidio del joven entre 1996 y 2005, pero su inacción durante esos 9 años provocó la prescripción de la causa.
La Corte IDH condenó al Estado argentino en 2003 por las graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron Walter y su familia y dispuso que la investigación de los hechos debía concluir y los culpables debían ser sancionados. Además, ordenó la investigación del accionar de los funcionarios judiciales que intervinieron en la causa penal. En diciembre de 2004, como consecuencia de dicha sentencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó la necesidad de la apertura del caso ante el CMN, con el objetivo de determinar las posibles responsabilidades judiciales.
En 2008, el Poder Ejecutivo presentó una denuncia contra Iermini ante el CMN y mantuvo un dictamen acusatorio. Pero en el último plenario del Consejo, realizado el pasado jueves 29 de marzo, el expediente debió ser archivado ante la falta de votos suficientes para la aprobación del dictamen.
Resulta muy preocupante que el Consejo haya cerrado el trámite disciplinario contra la jueza Iermini, cuya actuación fue fundamental para garantizar la impunidad de una grave violación de derechos humanos. El caso Bulacio es emblemático de las prácticas policiales más violentas. Con el archivo de la causa, el CMN perdió una gran oportunidad para demostrar su compromiso con la conformación de un poder judicial democrático y respetuoso de los derechos humanos.
La sentencia de la Corte IDH también obligó al Estado argentino a implementar otras medidas críticas para evitar la repetición de casos similares, muchas de las cuales se encuentran incumplidas. Por un lado, la justicia no ha dado comienzo al juicio para esclarecer las responsabilidades por la muerte de Walter. Por otro, está pendiente la revisión de las leyes conocidas como de Averiguación de Identidad o de Averiguación de Antecedentes, que facultan a las fuerzas de seguridad a detener personas sin una orden judicial o en circunstancias de flagrancia. De hecho, no se ha convocado a un espacio de trabajo a fin de definir la agenda de reforma para adecuar la normativa a los estándares internacionales de derechos humanos.
El archivo del pedido de juicio político a la jueza que abrió camino a la impunidad en el caso Bulacio, es un grave mensaje sobre el rol de la justicia en casos de violencia policial y fortalece el incumplimiento de tramos críticos de la sentencia de la Corte IDH.