El juez subrogante en el juzgado federal de Rawson, Enrique Guanziroli, dio a conocer en la tarde de hoy su veredicto por las actividades de inteligencia interna que se realizaban desde la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, provincia de Chubut. El fallo condenó a 13 marinos con penas que oscilaron entre seis meses y un año y medio, de acuerdo a las responsabilidades de los involucrados y absolvió al Capitán de Corberta Cristian Andrés Vidal. También dispuso la inhabilitación especial para realizar tareas de inteligencia y deberán cursar 50 horas cátedra en derecho consitucional. Además ordenó el envío del fallo a la Presidente de la Nación, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, y a la Comisión Bicameral para que tomen conocimiento del mismo . La sentencia confirmó la existencia de prácticas sistemáticas y estructurales de espionaje en clara violación a las leyes de Seguridad Interior, de Inteligencia Nacional y de Defensa Nacional.
La causa se inició hace seis años a partir de una denuncia presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y fueron imputados el vicealmirante Eduardo Luis Avilés; los contraalmirantes Pablo Carlos Rossi y Luis De Vincenti; los capitanes de navío Jorge Alberto Janiot, Gustavo Leopoldo Ottogalli, Carlos Daniel Vázquez, Carlos Ruda y Félix Medici; los capitanes de corbeta Eduardo Omar Merlo, Cristian Andrés Vidal y Gustavo René Monzani; el suboficial principal Alfredo Luis Andrade, el suboficial primero Vicente Claudio Rossi y el suboficial segundo Daniel Vicente Guantay.
El abogado del CELS, Rodrigo Borda, había solicitado penas desde 1 año y siete meses para los suboficiales hasta los dos años -la máxima contemplada para este delito- para los imputados de mayor rango. Además, pidió la inhabilitación especial para ejercer funciones o cargos públicos por el doble del tiempo de la pena y la realización de estudios en derechos humanos, derecho constitucional y trabajo ad honorem en algunas de las organizaciones afectadas por estas prácticas. Borda advirtió que el CELS presentará un recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal por la absolución de Vidal.
La denuncia se basó en el testimonio de un integrante de la Armada, el cabo Carlos Ariel Alegre, y en una importante cantidad de documentación presentada ante la justicia federal de Rawson. En un allanamiento posterior, se secuestraron discos rígidos y carpetas con normativa sobre prácticas de inteligencia y mensajes navales con partes de seguimiento de activistas gremiales, sociales, de organismos de derechos humanos, periodistas y políticos. Los informes eran confeccionados por diferentes órganos de la Armada, que clasificaban ideológicamente a los espiados y circulaban a través de los canales de inteligencia bajo el rótulo de información secreta y confidencial. Esta prueba ratificó el contenido de la denuncia. Dos años más tarde, y tras un análisis exhaustivo de los documentos secuestrados, se demostró el carácter estructural y sistemático de las tareas de espionaje. Por esta razón, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3 a cargo de Daniel Rafecas procesó al ex jefe y sub jefe del Estado Mayor de la Armada, Jorge Godoy y Benito Rótolo. En mayo la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos.
Independientemente de las condenas dispuestas por el veredicto del magistrado, los hechos probados deben ser considerados por su grave afectación a la vida democrática. Para el CELS es inadmisible la práctica de espionaje en cualquiera de sus formas, pero máxime cuando se realiza con métodos propios de la doctrina de seguridad nacional. Es imprescindible que la Comisión Bicameral y las diversas instancias de gobierno asuman las responsabilidades que les competen para que este tipo de actividades sean erradicadas de una vez y para siempre. En este sentido, es necesario que se enfatice el control civil de las fuerzas armadas y de seguridad, la proscripción de cualquier práctica de inteligencia sobre datos sensibles de las personas (opiniones políticas, religiosas u otras) y una clara separación entre las actividades de defensa y seguridad interior.