Posición de la Convergencia para la Democratización de la Justicia

“Convergencia para la Democratización de la Justicia” considera a la media sanción del senado provincial del proyecto para la implementación de la Policía Judicial en la Provincia de Buenos Aires es un avance significativo en la democratización de la justicia y un cambio de paradigma respecto a la investigación criminal.

Ante la media sanción del senado provincial del proyecto para la implementación de la Policía Judicial en la Provincia de Buenos Aires, el espacio “Convergencia para la Democratización de la Justicia” transmite su satisfacción por constituir un avance significativo en la democratización de la justicia y un cambio de paradigma respecto a la investigación criminal.

El proyecto con media sanción recoge los lineamientos del anteproyecto remitido por  la CPM al  Poder Ejecutivo provincial. El mismo fue elaborado con el aporte de referentes del ámbito académico, judicial, sindical, político, organismos de derechos humanos, colegios profesionales, y complementado con lo surgido de los foros realizados en las ocho secciones electorales.

Desde la reforma constitucional del ´94, y con la instalación parcial del sistema acusatorio en la Provincia, debía avanzarse para generar las condiciones del nuevo paradigma. Esta creación del órgano de investigación de delitos complejos que promueve  el proyecto con media sanción es un instrumento esencial dentro del marco normativo para cambiar de raíz los males estructurales en materia de seguridad y justicia. La ley de policía judicial, junto con las  leyes que  establezcan la autonomía de la defensa pública, el mejoramiento del procedimiento de selección de magistrados y funcionarios y la creación del mecanismo provincial de prevención de la tortura, constituirá una profunda reforma integral.

Cada una de las leyes e interactuando en conjunto permitirá fortalecer la calidad institucional, afianzará el estado democrático de derecho y la participación ciudadana. Estas reformas han sido insistentemente reclamadas  por un amplio espectro de organizaciones políticas, sindicales y de la sociedad civil.

En términos constitucionales esta ley de policía judicial  implica el fortalecimiento de la división de poderes  al discriminar las actividades de prevención, propias del Poder Ejecutivo, de las de investigación y juzgamiento, propias del Poder Judicial. Y así se saldará una vieja deuda con la reforma constitucional del ´94, en tanto incluyó en su articulado la creación de este organismo de investigación judicial.

La paulatina separación de la Policía Bonaerense de las tareas investigativas significará un avance notorio que contribuirá no sólo a evitar el armado de causas y la delegación judicial en la institución policial, sino también a vigorizar  la especialización de la policía administrativa hacia la tarea netamente preventiva.

La creación de un organismo de investigación judicial (Policía Judicial) basado en criterios de especialización y profesionalización constituye un paso importante en el cambio estructural en las formas de investigar. Este cambio de paradigma se asienta en el respeto irrestricto de las garantías constitucionales, el enfoque científico en la investigación, la formación permanente de sus miembros y el aporte de elementos de convicción que sirvan tanto a la acusación como a la defensa.

La incorporación de la entrevista pública para la selección de los candidatos es un avance para dar transparencia al procedimiento, aunque seguimos destacando que es necesario que se avance hacia un estándar de selección de funcionarios mediante la audiencia pública ante el Senado.

La sanción de la ley será un primer paso importante. Pero deberá garantizarse una implementación basada en criterios racionales y fundacionales, impidiendo enérgicamente la tendencia facilista del simple agregado de recursos existentes. El camino hacia un cambio de paradigma exige que esta reforma se constituya en política de estado y que por tanto sea pensada para exceder el mandato de un gobierno.

Comisión Provincial por la Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CTA LA PLATA, Asociación Pensamiento Penal, APDH La Matanza, A J U S Abogados por la Justicia Social, APL Pcia. de Bs. As ) en CTA, regional La Plata-Ensenada, CEPOC, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Secretaría de DDHH del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.

María Fernanda Mestrin, Luis Federico Arias, Gabriel Vitale, Rafael Sal Lari, Marcelo Madina, Gabriel Bombini, Fernando Dominguez, María Ester Zabala, Alejandro David, Roberto Félix Cipriano García, Guadalupe Godoy, Carlos Leavi, Gabriel Ganon, María Dolores Gomez, Silvia González, Mario Juliano, Mauricio Macagno, Diego Rocca, Juan Tapia, Carlos Benac, Rodrigo Pomares, Claudia Esquivel, Juan Manuel Casolati, Ana María Canal (Colegio de Abogados de Morón), Julián Axat, Esperanza Riveros, Valdemar Jara y Claudia Caram.