El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) celebran la aprobación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat en la provincia de Buenos Aires. Esta nueva normativa reconoce la necesidad de abordar de manera integral la complejidad de la problemática habitacional, ampliando las capacidades de acción estatal sobre las diversas causas que la originan.
A pesar de haber experimentado una leve mejoría entre 2001 y 2010, el problema habitacional de la provincia continúa siendo alarmante. De acuerdo al Censo 2010, la provincia cuenta con un déficit de 1.586.998 viviendas que afecta al 10% de la población bonaerense, principalmente de los sectores medios y bajos.
Para abordar esta situación de manera adecuada es imprescindible que el Estado cuente con herramientas que permitan su intervención sobre las múltiples dinámicas que inciden en la formación de precios del suelo y el mercado inmobiliario en general. De la misma manera, es necesario que el Estado pueda diversificar las soluciones para dar adecuada respuesta a la heterogeneidad de las necesidades habitacionales.
Con la aprobación de esta ley, la Provincia se constituye como la primera jurisdicción del país que adecúa su legislación a las recomendaciones efectuadas a la Argentina en 2011 por la Relatora Especial para el Derecho a la Vivienda Adecuada de ONU, Raquel Rolnik, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo organismo (Comité DESC). En su informe final al Estado argentino, Rolnik concluyó que la ausencia de regulación sobre el mercado de tierras y suelo y la especulación inmobiliaria constituyen factores que dificultan la realización del derecho a la vivienda. Por su parte, el Comité DESC de ONU instó a nuestro país a adoptar “políticas en materia de vivienda con el fin de garantizar a todos el acceso a una vivienda adecuada y asequible, con seguridad jurídica de la tenencia” y lo exhortó a “luchar eficazmente contra la especulación en los mercados inmobiliario, de la tierra y de la construcción”.
El CELS y el Centro de Derechos Humanos de la UNLa acompañaron a las organizaciones sociales que promovieron e instalaron la necesidad de debatir esta ley. Resulta fundamental que el poder ejecutivo provincial las convoque a participar del proceso de reglamentación, a fin de lograr su implementación efectiva.
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