La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) presentaron una acción de amparo contra el protocolo de aborto no punible implementado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por considerar que sus disposiciones restrictivas son violatorias de los derechos humanos.
Las organizaciones solicitaron a la justicia que se declare la inconstitucionalidad de los requisitos impuestos por la resolución 1.252 del gobierno porteño que obstaculizan el acceso al aborto no punible de las mujeres en general y de ciertos grupos en particular –adolescentes, mujeres con discapacidad, víctimas de violación- en el sistema de salud público de la ciudad.
La ilegítima incorporación de requisitos que burocratizan y obstaculizan el acceso al aborto no punible traerá aparejado nuevos problemas a miles de niñas, adolescentes y mujeres que lo que deben obtener del Estado es una respuesta y atención adecuada a la gravedad de la situación que enfrentan. En lugar de garantizar el derecho a la salud y la realización de una práctica médica legal, la resolución implica una clara violación a los derechos de las mujeres a la salud, a la autonomía, a la integridad física y psíquica, a una vida libre de violencia y a la dignidad en condiciones de igualdad y no discriminación.
Además, el protocolo vigente desconoce los términos de la exhortación que realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su sentencia del caso “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva” a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires de “implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, en los términos aquí sentados, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual”.
En la presentación, se solicitó al Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires que ordene al Gobierno local adecuar los puntos cuestionados de la Resolución de conformidad con los estándares de derechos humanos.