El 28 de enero de 2012, un grupo de entre ocho y diez funcionarios de la Unidad 46 de San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) torturó y asesinó a Patricio Barros Cisneros. Mientras Patricio se encontraba esposado frente a una gran cantidad de testigos, entre los que se encontraba su pareja que había ido a visitarlo, los agentes le dieron una brutal golpiza que le provocó la muerte. La causa se encuentra elevada a juicio oral, pero dos de los imputados permanecen prófugos.
La versión que intentó instalar el SPB sostenía que Patricio se había suicidado golpeándose contra las rejas. Cuando esta versión fue desestimada, cuatro de los agentes señalados como los principales responsables se fugaron. De los siete penitenciarios imputados, Gerardo Luna y Cesar Benítez continúan prófugos de la justicia y se encuentran en el “Listado Rojo” de personas buscadas por INTERPOL.
El caso de la muerte de Patricio es paradigmático respecto de las violaciones de derechos humanos a las que están expuestas las personas detenidas en el SPB. Las torturas que terminaron con su muerte no son un hecho aislado. La situación de violencia en las cárceles bonaerenses es extendida y estructural, y se combina con el problema de la sobrepoblación, inhumanas condiciones de detención y un sistema de salud colapsado. En 2013 murieron 130 personas en el SPB, lo que representa un incremento de casi un 10 por ciento con respecto a las 119 muertes ocurridas en 2012. Al mismo tiempo, la tasa de muertes aumentó de 426 a 455 en el mismo período.
La familia de Patricio y el CELS, que la representa, consideran indispensable que se instrumenten todas las medidas necesarias para encontrar a los dos agentes prófugos, a fin de que se juzgue a todos los responsables del asesinato.