La audiencia en la Cámara del Crimen que se realizará el lunes 7 de julio es decisiva para el avance de la investigación de los sobornos que buscaron la impunidad del crimen de Mariano Ferreyra. La causa involucra a José Pedraza, hoy condenado por el asesinato del joven, al juez Eduardo Riggi, a otros jueces y funcionarios judiciales y a un ex agente de inteligencia.
En septiembre de 2012, Octavio Aráoz de Lamadrid (ex secretario de la Cámara de Casación Penal), Juan José Riquelme (ex agente de inteligencia), Ángel Staforinni (contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas), José Pedraza (secretario general de la UF) y Luis Ameghino Escobar (empleado del poder judicial) fueron procesados por haber participado de una trama de corrupción que buscaba que la Cámara revocara el procesamiento de los integrantes de la Unión Ferroviaria involucrados en el crimen. El Ministerio Público Fiscal pidió medidas para profundizar la investigación sobre la responsabilidad de los tres jueces que integraban la Cámara: Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo.
Desde ese momento, la causa está frenada: al menos catorce jueces se inhibieron con el argumento de que tienen relaciones profesionales, de amistad o de parentesco con alguno de los tres camaristas.
Si el poder judicial sigue sin investigarse a sí mismo, las responsabilidades de este episodio gravísimo de corrupción y tráfico de influencias en el seno de la Cámara de Casación Penal, relacionado con un caso emblemático como el crimen de Mariano Ferreyra, quedarán limitadas a los que buscaban impunidad para sí mismos y a los intermediarios, sin profundizar sobre la responsabilidad de los jueces.
La causa de los sobornos
El análisis de las escuchas telefónicas que se realizaron como parte de la investigación judicial del asesinato de Ferreyra mostró que se ideó una maniobra para manipular el sorteo de Sala y que la causa quedara radicada en la III -integrada por Riggi, Mitchell y González Palazzo. Ese tribunal debía revocar los procesamientos del grupo de sindicalistas imputados por el crimen de Ferreyra.
Las escuchas registraron comunicaciones entre Pedraza, Aráoz de Lamadrid, Riquelme y Stafforini en las que se coordinaba el intento de soborno: en las conversaciones quedaba claro que el contador de la UF le iba a entregar 50 mil dólares a Aráoz de Lamadrid y que él haría las gestiones tanto para direccionar el sorteo como para que la Sala III revocara los procesamientos. La maniobra quedó inconclusa. Cuando se allanó el estudio de Aráoz de Lamadrid, se encontró un sobre a su nombre con esa cantidad de dinero.
Resistencia a investigar
Desde que comenzó la causa por los sobornos, al menos catorce jueces de primera instancia y camaristas se inhibieron de investigar a sus colegas que integran el máximo tribunal penal del país. La mayoría dijeron que tienen relaciones profesionales, personales o familiares con Riggi, Mitchell o González Palazzo.
La causa ya pasó por veintiún jueces, las inhibiciones y otras maniobras dilatorias evidencian las resistencias corporativas para profundizar una investigación clave sobre el funcionamiento de la propia justicia.
La situación del camarista Eduardo Riggi
En las escuchas se registraron conversaciones que relacionan al juez Riggi con el intento de soborno y con situaciones que deben ser investigadas porque ponen en tela de juicio su comportamiento como juez. Además de reflejar su vínculo cercano con Riquelme, el ex espía, aparecen, por ejemplo, alusiones concretas a “presentes” que Pedraza habría hecho a los jueces o a una gestión de Riquelme que beneficiaría a un hijo de Riggi en la obtención de una vivienda.
Por estos motivos, en septiembre de 2012, el CELS denunció a Riggi en el Consejo de la Magristratura. Hasta hoy, ningún estamento o fuerza política tomó la decisión de impulsar el trámite disciplinario contra Riggi. Las resistencias se trasladan a este cuerpo que después de casi dos años todavía no le pidió explicaciones sobre su vínculo con quienes armaron la maniobra para encubrir el asesinato de Mariano Ferreyra.
La responsabilidad de investigar
Las escuchas telefónicas permitieron conocer detalles de las relaciones espurias que existen en la justicia federal entre abogados, jueces, agentes de inteligencia, sindicalistas y otros funcionarios. Este caso dejó entrever una de las maniobras más graves de corrupción y tráfico de influencias y debería haber implicado un fuerte compromiso con la investigación penal y disciplinaria para desarmar una trama que buscó favorecer la impunidad. Esa es la responsabilidad que le cabe al Consejo de la Magistratura y a los funcionarios judiciales a cargo de la investigación penal.
La audiencia oral en la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad se realizará el lunes próximo para resolver los recursos interpuestos por el CELS y el Ministerio Público Fiscal contra la resolución del juez de instrucción, Pablo Ormaechea, en la que se declaró incompetente y decidió remitir la causa al fuero federal.