El 3 de diciembre de 2010 centenares de familias con dificultades para acceder a una vivienda ocuparon el Parque Indoamericano. Cuatro días después, la jueza Cristina Nazar ordenó el desalojo del predio. Un operativo conjunto de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Metropolitana (PM) reprimió con extrema violencia la toma y causó las muertes de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y graves heridas con balas de plomo a otras cinco personas. Durante los días del conflicto, también fue asesinado Emiliano Canaviri Álvarez. La ocupación del Parque visibilizó diversas problemáticas, entre ellas la vulnerabilidad de las familias que alquilan en las villas de la ciudad, la imposibilidad del acceso a un hábitat digno y la respuesta violenta del Estado ante estos conflictos sociales.
Hoy, cuatro años después, las situaciones más graves que se hicieron evidentes en la toma del Indoamericano persisten. Diferentes hechos, entre ellos la toma y el posterior desalojo del barrio Papa Francisco en 2014, también en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, muestran que no se transformaron las condiciones estructurales que impiden que miles de familias puedan acceder a un hábitat digno.
El accionar violento de las fuerzas de seguridad frente a este tipo de conflictos sociales también muestra continuidades. En el desalojo en 2014 de la toma del Papa Francisco, nuevamente un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad de la ciudad y de la Nación mostró altos niveles de violencia contra las familias.
La impunidad de la represión contrasta con la criminalización de referentes sociales a los que se intenta responsabilizar por los conflictos. En estos cuatro años, se pusieron constantes obstáculos para frenar la causa judicial en la que se investigan las responsabilidades penales del operativo policial que causó la muerte de dos personas en el Indoamericano. Aunque los jueces de la Cámara que revocó los procesamientos consideran que los homicidios fueron cometidos por policías, los efectivos de la PM y de la PFA que estuvieron imputados por las muertes y lesiones fueron sobreseídos con el argumento de que no es posible identificar responsabilidades individuales. A pesar de que la investigación judicial determinó que la PM fue responsable de los disparos que produjeron las muertes, ninguno de los efectivos que participó del violento operativo, ni siquiera los jefes, fue sancionado por haber incumplido obligaciones funcionales. Varios de ellos volvieron a participar en represiones de características similares como el desalojo de la Sala Alberdi y del Hospital Borda.
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