El 20 de diciembre de 2001, en la Ciudad de Buenos Aires, cinco personas murieron y 200 fueron heridas por la represión policial de la protesta en el contexto de una grave crisis económica y social. Hoy, trece años después, se lleva adelante el juicio oral en el que se analizan las responsabilidades de los policías que golpearon y dispararon a los manifestantes, y de los funcionarios que coordinaron y supervisaron el operativo.
A lo largo de las audiencias, el relato de los testigos y la documentación muestran la violencia inusitada que caracterizó al operativo represivo. Los aportes de los testigos y el material visual acumulado dan cuenta de la crueldad con la que se llevó adelante la intervención policial desde la mañana del 20 de diciembre. Se trató de un operativo desproporcionado en el que la Policía Federal utilizó la declaración del Estado de sitio como un cheque en blanco para desalentar con brutalidad la protesta social.
El juicio oral comenzó en febrero de este año y permite la reconstrucción del circuito de órdenes que organizó la represión y el despliegue de las fuerzas de seguridad. Estas responsabilidades de los funcionarios políticos incluyen la orden de desalojar la Plaza de Mayo y de detener a gran cantidad de personas. La violencia policial hacia los manifestantes fue escalando hasta llegar, después del mediodía, a los asesinatos de Diego Lamagna, Gastón Riva, Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto y Carlos Alberto Márquez. Las motivaciones políticas que llevaron a las órdenes de desalojar con violencia la plaza son materia de debate en el juicio y están permitiendo la reconstrucción histórica.
El ex secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, del ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi y del ex jefe de la Dirección General de Operaciones de la Policía Federal, Norberto Gaudiero están acusados por los cinco homicidios, 117 lesiones y abuso de autoridad. Al mismo tiempo, catorce efectivos de la Policía Federal están imputados por distintos hechos.El ex presidente Fernando de la Rúa, responsable de la declaración del Estado de sitio, fue sobreseído en primera y segunda instancia. El CELS presentó un recurso extraordinario que está pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Las víctimas y sus familiares, organizaciones sociales y de derechos humanos hemos sostenido durante años la demanda de justicia por los muertos y los heridos. A lo largo del juicio, alrededor de 500 testigos están aportando las piezas de un rompecabezas que da cuenta de las responsabilidades de los policías y de los funcionarios políticos. La gravedad de la represión exige que el Poder Judicial establezca con claridad que las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad no pueden quedar impunes. Y que al mismo tiempo determine que los funcionarios políticos a cargo de gobernar y controlar a las fuerzas de seguridad tienen obligaciones que los hacen responsables de las afectaciones de derechos que causen sus órdenes o decisiones.
El CELS acompaña a todas las víctimas en la búsqueda de justicia y representa en el juicio a María Mercedes Arena, viuda de Gastón Riva, y a María Nieves Marina de Lamagna y Karina Lamagna, madre y hermana de Diego Lamagna, ambos asesinados durante la represión en el centro de la ciudad de Buenos Aires.