La madrugada del 31 de enero de 2009 Mónica Alegre y Vanesa Orieta comenzaron a golpear puertas buscando a Luciano: de hospitales, de morgues, de comisarías, de fiscalías y juzgados.
Durante los años en los que estuvo desaparecido, la familia, los amigos y quienes los acompañamos hemos transitado un difícil camino para encontrarlo y lograr que se haga justicia. El trato violento y discriminatorio que sufrieron él y su familia han sido la expresión de un Estado que sostiene prácticas policiales abusivas contra los jóvenes de barrios pobres y de un sistema judicial que las consiente y legitima.
Luciano era hostigado de forma constante por la policía de la provincia de Buenos Aires. Padeció las detenciones, golpes y malos tratos habituales en las rutinas de la policía, favorecidas por las políticas de endurecimiento que promueve el gobierno provincial. El 22 de septiembre de 2008 había sido detenido ilegalmente por efectivos del destacamento de Lomas del Mirador durante más de ocho horas. El sargento bonaerense Julio Diego Torales junto a otros dos agentes aun no identificados, torturaron a Luciano con golpes, insultos y amenazas. El 25 de marzo comenzará el juicio oral contra Torales, quien se encontraba a cargo del destacamento. De este proceso pueden surgir elementos para identificar a los otros policías responsables.
Hoy sabemos que, según consta en la causa judicial por su desaparición forzada, la noche del 31 de enero fue impactado por un auto mientras cruzaba desesperado por el carril rápido de la Avenida General Paz, a la altura de Emilio Castro. El primer testigo que llegó al lugar esa noche vio un patrullero de la Bonaerense en la colectora. Luciano fue trasladado por una ambulancia del SAME al hospital Santojanni donde fue operado. Falleció a las 8 de la mañana del 1 de febrero de 2009. No hay modo de reparar el tiempo que se perdió para encontrarlo y el daño que provocaron a la investigación las fiscales bonaerenses Roxana Castelli y Celia Cejas y el juez Gustavo Banco. La familia, el CELS y la APDH La Matanza denunciaron a estos funcionarios por mal desempeño, y deberán rendir cuentas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense.
La búsqueda de justicia continúa. Es imprescindible que se sancione a quienes detuvieron y torturaron a Luciano y que se dé finalmente una respuesta a la familia sobre las circunstancias de su muerte y las responsabilidades implicadas en su desaparición.