Después de veinte años, las víctimas del atentado a la AMIA y la sociedad no tienen respuestas. El éxito de las maniobras para encubrir el atentado muestra los vínculos afianzados entre sectores de la justicia federal, de las agencias de inteligencia, de las fuerzas de seguridad y del sistema político. La consecuencia trágica de una confluencia de intereses y desidia es que el atentado más grave del que los argentinos fuimos víctimas permanece impune.
Desde los primeros momentos, la investigación judicial no avanzó sobre líneas que requerían ser profundizadas. Las demoras y los obstáculos en la causa principal que debía investigar el atentado y la que debía hacer lo propio con las maniobras de encubrimiento estuvieron determinados por un entramado ilegal de funcionamiento de las agencias de inteligencia que no fue reformado.
Por ejemplo, en el ámbito de la justicia federal la audiencia para analizar la responsabilidad penal del ex juez Juan José Galeano en el encubrimiento del atentando se realizó con seis años de demora, además hubo fiscales que no impulsaron la investigación y ni siquiera asistían a las audiencias. Como consecuencia, al día de hoy esta causa no tiene fecha para el inicio del juicio oral. Durante estos años, el gobierno nacional dejó pasar la oportunidad de intervenir sobre las estructuras de inteligencia y sus vínculos con la justicia federal, y aceptó las reglas de esa relación. Al mismo tiempo, cuando se pretendió reformar algunos aspectos del sistema de justicia federal la respuesta buscó sostener el status quo.
Estos sucesos no pueden ser parte de especulaciones políticas que pretendan sacar rédito electoral. Tanto la denuncia del fiscal Alberto Nisman, a cargo de la Unidad AMIA, como su muerte deben ser investigados con la mayor diligencia.
La gravedad de los hechos de los últimos días es parte de este proceso viciado que requiere que decisiones políticas firmes vuelvan a poner en el centro a las víctimas del atentado y a las condiciones políticas e institucionales que lo favorecieron. En este sentido es importante reformar la Secretaría de Inteligencia, fortalecer la Unidad Especial de Investigación y fijar fecha de juicio en la causa del encubrimiento.
Memoria Activa, representada por el CELS, llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace diez años, en marzo de 2005, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos por no haber prevenido los hechos, por la denegación de justicia a causa del encubrimiento y por el incumplimiento del deber de investigarlos. En esa oportunidad el Estado se comprometió a informar a la población, investigar los hechos, prevenir su repetición, compensar los daños y reformar la ley de Inteligencia. Estos compromisos no se cumplieron.