El miércoles 18 de febrero comienza el juicio oral contra Jorge Omar Godoy, ex jefe de la Armada, y Benito Rótolo, ex subjefe, por las tareas de inteligencia realizadas a gremialistas, militantes sociales, integrantes de organismos de derechos humanos, periodistas y políticos desde la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, en la provincia de Chubut.
La investigación judicial demostró que las prácticas de espionaje eran sistemáticas y estructurales. Esta violación de las leyes de Seguridad Interior, de Inteligencia Nacional y de Defensa Nacional se realizó mientras los dos imputados ejercían la Jefatura del Estado Mayor General de la Armada Argentina. Ambos están acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por impartir “órdenes e instrucciones a sus subalternos para que estos desarrollen tareas de inteligencia vedadas”. El debate oral estará a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correcional nº 7 del juez Sebastián Casanello.
En 2006 el CELS realizó una denuncia penal a partir del testimonio de Carlos Ariel Alegre, cabo de la Armada, y de una importante cantidad de documentación. En los allanamientos posteriores se encontraron informes de inteligencia confeccionados por diferentes órganos de la Armada que clasificaban a los espiados según sus ideas políticas y religión. Estos documentos circulaban a través de los canales de inteligencia bajo el rótulo de información secreta y confidencial. Dos años más tarde, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 a cargo de Daniel Rafecas, procesó al ex jefe y sub jefe del Estado Mayor de la Armada, Jorge Godoy y Benito Rótolo.
El primer juicio derivado de la denuncia del CELS se realizó en 2012 contra 14 integrantes de la Armada de distinta jerarquía. En julio de ese año el juez subrogante del juzgado federal de Rawson, Enrique Guanziroli, condenó a 13 marinos con penas de entre seis meses y un año y medio por el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además dispuso la inhabilitación especial para realizar tareas de inteligencia y dispuso la realización de un curso sobre derecho constitucional. Uno de los imputados fue absuelto.
La sistemática tarea de espionaje que se realizaba desde la Base Almirante Zar muestra la importancia de implementar cambios de fondo en los mecanismos de control del sistema de inteligencia que articulen la valiosa modificación de la Ley de Inteligencia actualmente en debate con las reformas institucionales necesarias para que su funcionamiento se adecué a los principios del Estado democrático.