Al menos 7500 personas han fallecido al intentar cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa desde principios de 2013, lo cual refleja la extrema desprotección de las personas migrantes. Esto representa una crisis humanitaria que requiere, sobre todo, un replanteo de las políticas migratorias.
Este fue el mensaje que seis organizaciones de América Latina y Europa expresamos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el lunes 15 de junio en una declaración conjunta. Subrayamos que los migrantes son víctimas de bandas criminales y son sometidos a condiciones precarias, degradantes y extorsivas. Como respuesta, la Unión Europea fortalece el control migratorio en sus fronteras por medio de fuerzas armadas o de seguridad, implementa mecanismos de devolución al lugar de procedencia y amenaza utilizar material bélico contra barcos ubicados en puertos africanos. Estas respuestas imprimen a las políticas migratorias un enfoque policial con consecuencias inadmisibles.
Prácticas similares se verifican en otras latitudes, como en la frontera entre Estados Unidos y México, donde los migrantes son forzados a cruzar por zonas desérticas, deportados por puntos distintos que los que cruzaron, detenidos largamente en la frontera, sometidos a procesos judiciales en los que el cruce de una frontera es considerado un crimen grave, o expropiados de sus pertenencias.
Los Principios y Directrices sobre los Derechos Humanos en las Fronteras Internacionales, publicados en 2014 por el Alto Comisionado de la ONU, señalan que los derechos humanos rigen dondequiera que los Estados ejerzan un control efectivo y exigen debido proceso, acceso a la Justicia para denunciar abusos y mecanismos de reparación. Sería muy relevante que estas Directrices se establezcan como reglas mínimas de actuación de los Estados y que sean a su vez traducidas en normas internas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó esta declaración (ver cápitulo 72, 2:56:51) junto al Comitato Verità e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos, Conectas Direitos Humanos, Corporación Humanas, el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y la Comisión de Apoyo a Refugiados y Migrantes (CAREF).