Los funcionarios policiales emplearon escopetas con balas de goma, muchos disparos fueron hechos de manera directa al cuerpo de los manifestantes en contradicción con las normativas sobre uso de la fuerza. Como resultado, hay decenas de heridos por proyectiles policiales. Además, se lanzaron gases lacrimógenos, la policía montada golpeó a personas que estaban manifestándose y policías de civil sin identificación realizaron detenciones, muchas de ellas con violencia.
Hoy el gobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich, declaró que está en desacuerdo con la represión y que la justicia está investigando las responsabilidades. Sin embargo, él es quien está a cargo del gobierno de la policía provincial que llevó adelante un operativo violento, descontrolado y sin profesionalidad. Este operativo estuvo a cargo de una fuerza que ya mostró importantes niveles de autonomía y capacidad de extorsión, sin que fuera reformada.
Los preocupantes intentos de desestabilizar el proceso electoral y deslegitimar su resultado no pueden justificar una actuación policial como la ocurrida. Por el contrario, las autoridades deben encontrar formas de canalizar el conflicto político, garantizar la protección del ejercicio del derecho a la protesta y la integridad física de todas las personas involucradas.