La semana pasada un defensor público de la ciudad de Esquel, Chubut, descubrió un conjunto de fichas con información sobre activistas y periodistas recopilada por la fiscalía local en una causa contra integrantes de la comunidad mapuche.
En lugar de abordar el conflicto de fondo, la disputa entre la comunidad mapuche y la empresa Benetton por la posesión de las tierras, la estrategia fue criminalizar a los activistas. Así lo demuestran el procesamiento de los voceros de la comunidad, la represión policial y el intento del Poder Judicial provincial de aplicar la ley antiterrorista a los mapuches que fue desestimado por la justicia federal.
En un contexto de criminalización, las fichas muestran que ante la dificultad de identificar a los supuestos usurpadores se realizaron tareas de inteligencia ilegal. El material recopila información sobre las actividades privadas y la orientación política e ideológica de militantes y periodistas junto con fotografías de sus rostros. Hasta ahora no se ha conocido si el espionaje fue realizado por la policía provincial o por agentes de inteligencia orgánicos o inorgánicos. La fiscalía provincial debe dar una explicación sobre lo sucedido ya que este tipo de investigación está prohibida y su deber es controlar que este tipo de actividades no se lleven a cabo.
La recolección y acopio de este tipo de información está prohibida por la ley de Inteligencia Nacional. En un precedente importante la justicia federal, en 2012, condenó a trece oficiales de la Armada Argentina de la Base Aeronaval Almirante Zar en Chubut por realizar tareas de inteligencia ilegal. En marzo de este año también fueron condenados por su responsabilidad en esos hechos los entonces jefes de la fuerza.
La justicia federal debe investigar en profundidad y determinar quiénes confeccionaron estas fichas de inteligencia y quiénes solicitaron, supervisaron y/o usufructuaron esta información producida de manera ilegal.