El uso sistemático de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad produce una importante cantidad de personas muertas y heridas1.
Al mismo tiempo, el uso de la fuerza letal por parte de policías que se encuentran fuera de servicio2 es un aspecto muy problemático de la violencia policial, tanto en la Policía Federal como en la de la Provincia de Buenos Aires y la Metropolitana. Los funcionarios policiales suelen intervenir cuando se encuentran fuera de servicio, muchas veces sin medir las consecuencias que esto tiene para sí mismos o los demás ni atender a la proporcionalidad de sus acciones. Esta situación es el resultado de una combinación de normas y costumbres que hacen a la relación de los policías con su función profesional y con la portación del arma. Se trata de un accionar que puede generar riesgos mayores que aquel que procuran controlar.
En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, 80 civiles resultaron muertos como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad en lo que va de 2015. Entre ellos, 55 personas fueron muertas por policías que estaban fuera de servicio, el 68% del total. Los hechos de los que tenemos registro muestran una tendencia al aumento de la cantidad de civiles muertos por policías que no estaban de servicio. Si esta tendencia se mantuviera, entre 2010 y 2015 el aumento porcentual de estos hechos alcanzaría el 80%.
Al mismo tiempo, 23 efectivos de fuerzas de seguridad han muerto en 2015 en hechos de violencia. El 70% de esas muertes se produjeron mientras se encontraban fuera de servicio. Según nuestra base de datos entre 2004 y 2014, al menos 279 policías murieron en estas circunstancias. El 75% de las muertes ocurrió cuando los agentes de seguridad no estaban de servicio. Dentro de este grupo, el 49% se encontraba de franco al momento del hecho, 17% estaba retirado (aquellos retirados que se desempeñaban como custodios privados representan el 7% del total) y un adicional 2% habían sido exonerados de la fuerza o pasados a disponibilidad.
Además de la muerte de Juan Martín Yalet, quien recibió un disparo en la cabeza mientras era trasladado en un patrullero, en las últimas semanas se han registrado casos graves de violencia policial que involucran a funcionarios de las nuevas policías locales de la provincia de Buenos Aires. Como ya sucedió con la Policía Metropolitana en 2008, la creación de estas nuevas policías en 2014 fue, en general, una oportunidad des-perdiciada para trabajar en modelos de fuerzas de seguridad menos violentos. La idea de “emergencia de seguridad” que enmarcó la política provincial en el último año y medio dio lugar a un rápido proceso en el que se privilegia la cantidad de agentes despachados a las calles, mal formados y con débiles mecanismos de control. En estas condiciones, las nuevas policías arrastran los mismos problemas estructurales de uso irracional de la fuerza y abuso de armas de fuego que ya se conocen en la Bonaerense y las fuerzas federales.
La mayor parte de las muertes y heridas ocasionadas por policías son a causa de la intervención de efectivos que estaban de franco. En muchos casos, se trató de usos irregulares del arma de fuego, como ocurrió este fin de semana en La Plata. Estos casos muestran también otro problema grave: el uso abusivo particular de la fuerza, es decir, aquellos casos en los que problemas personales, familiares o vecinales son resueltos por efectivos policiales utilizando el arma.
Estas prácticas violentas por parte de policías fuera de servicio requieren un debate profundo sobre el tipo de respuesta que se requiere en cada caso y sobre el modo en el que los efectivos resuelven las situaciones a las que se enfrentan. Además de las prácticas para encubrir situaciones de uso ilegítimo de la fuerza, este debate sobre el uso de la fuerza y la letalidad policial debe ser parte del gobierno de las policías y de su formación. Para ello, el primer paso consiste en que las autoridades políticas reconozcan que el uso de armas de fuero en estos contextos no es un problema privado de los policías, sino un problema que debe ser abordado por las instancias políticas de gobierno. Hasta el momento esto no ha ocurrido.
1. El presente informe toma en cuenta los datos actualizados al 2 de septiembre de 2015.
2. Incluimos dentro de esta categoría a quienes se encuentren francos de servicio, así como al personal retirado de las fuerzas, ya sea que éste se encuentre realizando tareas de custodio o no. También se incluyen efectivos que se encuentran de licencia, en disponibilidad o aquellos que hayan sido exonerados de la fuerza. No se incluyen en los datos aquí presentados aquellos hechos con participación de custodios privados.