Presentación a la CIDH por la represión policial a la comunidad Nam Qom en Formosa:

El 30 de septiembre, la comunidad indígena Nam Qom fue reprimida por la policía de Formosa con balas de plomo y de goma, mientras llevaba adelante una protesta en reclamo del derecho a la vivienda digna y que tuvo como resultado varias personas resultaron heridas, entre ellas niños.

El 30 de septiembre una protesta realizada por integrantes de la comunidad indígena Nam Qom en reclamo del derecho a la vivienda digna fue reprimida por la policía de Formosa con balas de plomo y de goma. Como resultado varias personas resultaron heridas, entre ellas niños.

Además, en los días siguientes al operativo policial los integrantes de la comunidad, su abogada, Roxana Silva, y las organizaciones que los acompañan -entre las que se encuentra el CELS- fueron agredidos verbalmente por el Defensor del Pueblo de esa provincia.

En representación de la comunidad Nam Qom informamos lo ocurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El CELS patrocina a la comunidad ante la CIDH en el reclamo de justicia por el violento e ilegítimo operativo policial ocurrido el 16 y 17 de agosto de 2002 en el que más de 100 efectivos de las fuerzas de seguridad de la provincia ingresaron con violencia a la comunidad, realizaron detenciones masivas e indiscriminadas y maltrataron y torturaron a sus integrantes. Los hechos sucedieron en el contexto de una situación generalizada y estructural de discriminación hacia los miembros de las comunidades indígenas y no fueron investigados conforme a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el tiempo trascurrido desde 2002, las situaciones de discriminación y violencia hacia los integrantes de las comunidades han persistido. La semana pasada, el comisario a cargo del operativo que reprimió la protesta maltrató físicamente a una manifestante y, además, le dijo “si querés otra Primavera, yo te doy otra Primavera”, en alusión a la represión a la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh en noviembre de 2010, en la que una persona murió como consecuencia del accionar policial. Esta situación exige que se protejan los derechos humanos de los integrantes de la comunidades y se tomen medidas para investigar y sancionar a los responsables de la represión.