Dueños, ejecutivos y gerentes de algunas empresas prominentes participaron activamente en violaciones a los derechos humanos de trabajadores y trabajadoras en la última dictadura argentina (1976-1983), según las evidencias presentadas en el nuevo informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”.
Esta investigación publicada en dos tomos es parte del proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina, que empezó con el Juicio a las Juntas Militares en 1985 y el informe Nunca más e incluyó a los Juicios por la Verdad realizados cuando las leyes de impunidad y los indultos presidenciales impedían la sanción penal. Una vez que estas amnistías fueron definitivamente dejadas sin efecto en 2005, cientos de causas judiciales fueron reabiertas o iniciadas. En algunos casos se investiga la responsabilidad de civiles – funcionarios judiciales, del clero y cuadros empresariales, entre otros – en los crímenes de lesa humanidad.
En las 25 empresas estudiadas en el informe se identificaron casi 900 víctimas del terrorismo de Estado, 354 de las cuales fueron desaparecidas y 65 asesinadas. La mayoría de las víctimas eran trabajadores y ex trabajadores, participantes de los procesos de conflicto y organización obrera. Las empresas investigadas, de distintas ramas productivas y ubicadas en diferentes regiones del país, incluyen filiales de corporaciones internacionales como FIAT, Ford Motor Company y Mercedes-Benz y empresas argentinas como Acindar, Dálmine-Siderca, Ingenio Ledesma, Molinos Río de la Plata y La Veloz del Norte, entre otras. Hoy casi todas las empresas abarcadas en el informe están siendo investigadas por el Poder Judicial, con distintos tipos de estado y alcance de las causas.
La variante más extrema de la militarización de los establecimientos laborales durante la dictadura fue la instalación de centros clandestinos de detención y tortura dentro de los espacios de trabajo. También hay pruebas de que algunos directivos empresarios estuvieron presentes en el secuestro, cautiverio y tortura de los trabajadores. Mucho más comunes eran los operativos de gran despliegue de efectivos y de fuerza en los predios fabriles. Algunos cuadros empresariales hicieron convocatorias explícitas a la intervención militar y proveyeron apoyo logístico y/o financiero. Estas prácticas de articulación en la represión a trabajadores, tanto por sus características como porque se insertaban en la trama del terrorismo de Estado, constituyen violaciones a los derechos humanos.
El informe sobre responsabilidad empresarial fue elaborado por el CELS, el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina), el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Fue presentado el 3 de diciembre en Buenos Aires, una semana después de que el Congreso nacional creara una comisión bicameral para investigar las complicidades económicas y financieras durante la dictadura, iniciativa apoyada por cinco expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, entre ellos, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
La responsabilidad de los actores económicos en violaciones de derechos ha sido motivo de preocupación y discusiones en distintos foros internacionales. Recientemente se ha iniciado el proceso de elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante (A/HRC/26/L.22/Rev.1) para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, con una primera sesión en julio pasado del Grupo de Trabajo intergubernamental establecido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.