Para instalar la idea de que el avance del narcotráfico es uno de los problemas más graves que enfrenta la Argentina y que por lo tanto el país está en “emergencia” se suelen usar cuatro argumentos:
– el aumento del consumo de drogas
– el aumento de la violencia como consecuencia y a la vez como indicio del avance del narcotráfico y del aumento del consumo de drogas
– el cambio en el lugar de la Argentina en los circuitos del narcotráfico porque pasó de ser un “país de tránsito” a un “país de consumo y producción”
– las transformaciones en las organizaciones criminales que se “mexicanizaron”, “colombizaron” o cartelizaron
Este escenario se utiliza como punto de partida para justificar medidas como las “emergencias” en seguridad, el control de las fronteras, la militarización de las políticas de drogas, la pena de muerte encubierta y el desembarco de más integrantes de las fuerzas de seguridad en los barrios populares.
En el documento La construcción de una agenda represiva en torno de la “cuestión narco”, capítulo adelanto del Informe sobre los Derechos humanos en la Argentina 2016, mostramos que estos argumentos no dan cuenta de la complejidad del fenómeno de la producción, tráfico y consumo de drogas. Y que la falta de precisión de los diagnósticos y el uso de la “lucha contra el narcotráfico” como un fetiche discursivo tienen efectos más allá de lo retórico y consecuencias sociales que luego son difíciles o imposibles de reparar.
Mientras, como hemos visto en las últimas semanas, la capacidad del Estado para intervenir en los crímenes asociados a bandas grandes que incluyen el accionar de sicarios es limitada y deficiente, los discursos políticos continúan identificando a los barrios pobres como el centro del “flagelo” del narcotráfico.
Sin embargo, lo que de manera rápida y poco precisa se denomina “avance del narcotráfico” implica en la práctica la interrelación de una diversidad de fenómenos: fuerzas policiales violentas y degradadas, amplia circulación de armas entre ciertos sectores de la población, muertes de jóvenes pobres que nadie investiga, redes de ilegalidad con connivencia estatal que intervienen en una multiplicidad de negocios legales e ilegales, consolidación de formas violentas de resolver conflictos, operadores judiciales que venden protección a grandes traficantes y criminalizan a consumidores, entre otros.
Es evidente que estos problemas no se solucionan militarizando las villas ni recurriendo únicamente a la herramienta policial. El rol clave que cumplen actores del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad y del poder político en la protección y expansión de redes de ilegalidad es un aspecto llamativamente ausente en los discursos políticos y judiciales.
Al mismo tiempo, no deberíamos seguir eludiendo que el paradigma prohibicionista es el gran aliado del fortalecimiento empresarial del tráfico de drogas, de su financiamiento y de su lógica violenta. El mercado de las drogas de consumo prohibido por las autoridades, la circulación de violencia y la corrupción asociada también son consecuencia de las características de ese mercado ilegal y de las regulaciones existentes.