La dirigente social de la Túpac Amaru, Milagro Sala, fue detenida el 16 de enero en la provincia de Jujuy por liderar una protesta contra decisiones del gobernador Gerardo Morales. Ante la arbitrariedad de la detención y sus graves consecuencias, el CELS, Andhes y Amnistía solicitamos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denunciamos el caso ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
En las semanas siguientes continuaron las irregularidades en el proceso judicial contra Sala. El fiscal general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez -que asumió el 5 de enero- dispuso que la fiscal de feria Liliana Fernández de Montiel continuara en la causa a pesar de que su turno terminaba el 15. Días después, el 18 de enero, Lello Sánchez ordenó que la fiscal Fernández de Montiel interviniera en los procesos investigados que tengan tenga conexidad con la causa penal iniciada por el acampe y en todos los procesos, presentes y futuros, en contra de Sala. Es decir, se trata de la creación de un fuero personal, con nombre y apellido, lo que está prohibido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Esas dos resoluciones de Lello Sánchez tienen como único objetivo direccionar y manipular la investigación para mantener detenida a Milagro Sala en la cárcel de Mujeres de Jujuy, ya que el fiscal general decidió de antemano y de manera discrecional cómo se tramitarán los expedientes judiciales que se abran contra la dirigente social.
Estas irregularidades no son las únicas que se produjeron durante estos dos meses. Milagro Sala permanece detenida sin que haya un “auto de procesamiento”, es decir, sin que exista una solicitud formal de un juez para mantenerla privada de libertad. Los plazos legales ya están vencidos pero Sala continúa detenida. Por estos motivos el CELS le solicitó al fiscal general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, la suspensión de estas resoluciones y que se las declare nulas.
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