Esta madrugada, una patota ingresó al edificio del diario Tiempo Argentino y de radio América, golpeó a un trabajador que se encontraba en el lugar y destrozó buena parte de la sede del diario. En las semanas anteriores las instalaciones de estos medios ya habían sido atacadas por grupos de características similares.
Mientras esto ocurría, policías de la Comisaría 31 de la Policía Federal Argentina (PFA) permanecieron dos horas en la vereda del edificio, sin hacer nada para detener la destrucción de las herramientas con las que los/as periodistas llevan adelante el diario de manera cooperativa.
En todo ese tiempo, los funcionarios policiales no impidieron los delitos que se estaban cometiendo ni resguardaron los derechos de quienes estaban siendo atacados. Cuando finalmente ingresaron, no resguardaron el lugar, no registraron de manera adecuada los daños ni recabaron información sobre la persona lesionada. Tampoco requisaron a los integrantes de la patota ni asentaron en el acta las amenazas de Mariano Martínez Rojas a los trabajadores, que fueron realizadas en presencia policial. Estas graves irregularidades en la recolección de las pruebas afectan la adecuada investigación de lo ocurrido.
Por su parte, la fiscalía a cargo no se hizo presente en el lugar y no dio instrucciones destinadas a proteger a los periodistas ni a preservar los medios con los que llevan adelante el trabajo de prensa.
El ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires es responsable del modo en el que se llevó adelante este operativo y tiene la obligación de investigar los incumplimientos. Sin embargo, como en el contexto del traspaso de la PFA a la ciudad no hay claridad sobre la distribución de todas las competencias, el ministerio de Seguridad de la Nación debe, por lo menos, asegurar que se realizará una adecuada y eficiente investigación interna de las responsabilidades policiales.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.
En casos como este, las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad tienen la obligación de proteger el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, la fiscalía y las fuerzas de seguridad, en lugar de detener la violencia hacia los trabajadores y sus herramientas, legitimaron la irrupción violenta de una patota como vía para resolver un conflicto. La falta de una intervención adecuada hizo posible que la patota lograra su cometido. Este aval institucional a la violencia como forma de resolver los conflictos representa un antecedente alarmante.
El principio 9 también afirma que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”. Es necesario que el Estado cumpla con estas obligaciones.