Hoy se realizó un encuentro para discutir– junto con un miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Olivier de Frouville– los desafíos para la implementación de las observaciones finales del Comité sobre los derechos civiles y políticos en la Argentina. El evento fue organizado por el CELS, Amnistía Internacional Argentina y la Defensoría General de la Nación y contó con la presencia de funcionarios del gobierno.
Hace dos meses el Comité evaluó el cumplimiento del Estado argentino del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y difundió observaciones que señalaron algunos graves problemas de derechos humanos. La implementación de sus recomendaciones requiere políticas e iniciativas concretas.
De Frouville repasó los ejes principales de las observaciones del Comité, que llaman a consolidar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en el país y cuestionan el desmantelamiento de instituciones vinculadas a ese proceso. Habló de los problemas de la concentración de los medios y expresó gran preocupación por la situación de las personas privadas de libertad y la persistencia de prácticas de tortura. Dijo que la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es una prioridad para el Comité de la ONU.
El director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, remarcó la importancia del reconocimiento y apoyo al proceso de Memoria, Verdad y Justicia de los espacios internacionales y regionales de protección de los derechos humanos. Agregó que es necesario acelerar y profundizar la investigación de la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad.
El CELS planteó otros temas clave durante el encuentro, entre ellos los nulos avances en la conformación de la Comisión bicameral de identificación de las complicidades económicas durante la última dictadura, a pesar de las indicaciones del Comité. La necesidad de garantizar justicia por el atentado a la AMIA y de transparentar el sistema de inteligencia. Y la grave preocupación por los mensajes y las políticas recientes que generan condiciones para la actuación arbitraria de las fuerzas de seguridad y la generalización de detenciones policiales sin orden judicial.
Expusieron otras 14 organizaciones que habían realizado presentaciones ante el Comité sobre temas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las personas migrantes, los derechos de las personas LGTBI y la situación del aborto en el país, entre otros.