Hoy participamos del Encuentro nacional en defensa de lo logrado en memoria, verdad y justicia y suscribimos, junto con otras organizaciones, el documento leído en la conferencia de prensa.
En el documento analizamos los motivos por los cuales 2016 terminará con pocas sentencias por delitos de lesa humanidad, si lo comparamos con las 20 de 2015. El 20% de las causas activas están elevadas a juicio, pero se encuentra pendiente la fijación de fecha de inicio. En todas las jurisdicciones, la falta de integración de los tribunales y la baja periodicidad de las audiencias hace que, una vez iniciado el debate, se demore el proceso y dictado de la sentencia. Es necesaria la puesta en funcionamiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal creados mediante la ley 26.632, de 2010. La habilitación de estos tribunales permitiría la realización en tiempos razonables de los juicios pendientes.
Hay otros datos que muestran la demora en la tramitación de las causas judiciales. Apenas el 17% de las sentencias fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el 33% por las cámaras de segunda instancia. A pesar de este escenario, la Comisión Inter-poderes, creada mediante la acordada de la Corte 42/08, no realizó acciones para agilizar las causas. Es fundamental tener en cuenta la edad avanzada de las víctimas, sus familiares y los imputados.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura pueden adoptar medidas de acuerdo con sus competencias que permitan resolver estos retrasos. Esta tarde presentamos una carta al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, con un detallado diagnóstico y un pedido de medidas concretas para revertir esta situación que, de prolongarse, sería la paralización del proceso de justicia.
Al Poder Ejecutivo le caben obligaciones frente al proceso de memoria, verdad y justicia. Es imprescindible que fortalezca los equipos de investigación y relevamiento de documentación, centrales para la producción de conocimiento y el aporte de prueba a las causas judiciales. También, que restablezca aquellos que fueron desmantelados en el Ministerio de Seguridad y el Banco Central.
La Comisión Bicameral de Complicidades Económicas sigue sin estar conformada y se retrasa su puesta en funcionamiento. Reiteramos el pedido al Poder Legislativo para que cumpla con la ley que creó la Comisión y convoque a las organizaciones de derechos humanos a realizar sus aportes a la investigación.
Al final del Encuentro las organizaciones manifestamos la necesidad de que los tres poderes del Estado ratifiquen su compromiso con el proceso de memoria, verdad y justicia.