El Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunciaron que harán accesibles sus archivos de los años del terrorismo de Estado en el país, respondiendo a una demanda histórica de los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos. Es el tercer Estado que en este año manifiesta su voluntad de colaborar con el proceso de memoria, verdad y justicia.
Se trata de un paso importante, ya que existe abundante documentación que podría colaborar en esclarecer el destino de las víctimas, los responsables y que aporte a la verdad histórica. La Iglesia católica argentina fue una de las principales instituciones a las que acudieron los familiares en el momento en que se produjeron las detenciones, secuestros y desapariciones, en busca de orientación, ayuda y contención moral. Aunque raramente encontraron respuestas, sus solicitudes formales e informales produjeron intercambios de información en el interior de la institución. Por otra parte, hubo sectores del clero que pagaron con su propia vida su compromiso con los pobres, cuestión que era controlada de cerca por las autoridades. Por último, la Iglesia católica argentina fue parte del entramado represivo brindando encubrimiento y apoyo ideológico para los perpetradores de los crímenes.
El anuncio estipula el acceso a víctimas y familiares directos de los detenidos-desaparecidos y a los superiores eclesiásticos de clérigos. Es indispensable que las víctimas puedan consultar archivos fundamentales para conocer el destino de sus familiares. Sin embargo, esta limitación ignora que la documentación que pueda proveer la Iglesia católica es de interés social, histórico y judicial. La investigación efectiva con archivos requiere recuperar información a partir de criterios temáticos tal como ha sido habilitada respecto de la documentación desclasificada por otros Estados. Sólo la apertura de los archivos sin condiciones garantizará que la desclasificación favorezca el proceso de memoria, verdad y justicia.
La decisión del Vaticano y de la CEA –que se conoce meses después de la entrega parcial de documentación de los Estados Unidos y sólo una semana después del anuncio de desclasificación por parte del gobierno de Francia– debe ser un nuevo estímulo para que el Estado argentino ponga a disposición los archivos de la Secretaría de Culto, donde ya se sabe que existe documentación valiosa para dilucidar lo sucedido en el asesinato de los padres palotinos en 1976 y de Monseñor Enrique Angelelli. No existe normativa interna que impida esta apertura de archivos, como lo dejó en evidencia la decisión del Vaticano, y puede servir para la obtención de mayor verdad y justicia a 40 años del inicio de la dictadura cívico-militar.
Memoria Abierta*
Memoria Abierta está integrada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Buena Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión de Homenaje a las Víctimas de Vesubio y Protobanco, Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora