El debate sobre la responsabilidad de las empresas en las violaciones a los derechos humanos avanza. La semana pasada se reunió el Grupo de Trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas encargado de diseñar un tratado internacional en la materia. El CELS continuó aportando a esta discusión a partir de los avances logrados en la Argentina, donde se investiga la responsabilidad de empresarios y directivos en el secuestro, la tortura y el asesinato de trabajadores durante la última dictadura.
Trazamos la evolución del proceso argentino de memoria, verdad y justicia en una intervención hecha el viernes pasado durante la segunda sesión del Grupo de Trabajo. Compartimos información sobre casos litigados por el CELS, entre ellos, el de Molinos Río de la Plata – una compañía investigada por la desaparición de 26 personas, muchas de ellas sindicalistas– y Mercedes-Benz, cuyos ejecutivos son investigados por el papel que desempeñaron en la desaparición forzada de 16 trabajadores. También destacamos que este año, en el caso de La Veloz del Norte, se condenó por primera vez a un empresario por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra un trabajador de su compañía. En otras causas todavía se evidencia la resistencia del poder judicial a investigar a sectores económicos poderosos.
Una investigación sobre la represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado analizó la responsabilidad de accionistas y directivos de 25 grandes empresas en las violaciones a los derechos humanos de casi 900 personas. Constató que existían centros de detención en las fábricas y que había casos de ejecutivos presentes en el secuestro y/o tortura de trabajadores, entre otras prácticas. Este informe conjunto entre el CELS, FLACSO-Argentina y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación fue entregado al Ministerio Público Fiscal.
Además de citar el informe durante nuestra intervención, señalamos la importancia de la creación en el Congreso nacional de la Comisión Bicameral de identificación de las complicidades económicas durante la última dictadura. Cabe agregar que la Comisión aún no fue puesta en marcha, a pesar de las recomendaciones hechas al Estado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Por otro lado, el miércoles pasado coorganizamos el evento paralelo Responsabilidad empresarial en violaciones de derechos humanos: experiencias y lecciones aprendidas en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, junto con andhes, Dejusticia y la Universidad de Oxford. Ahí se habló de distintos aspectos de la experiencia argentina y del proceso de justicia y paz en Colombia. Los expositores destacaron la necesidad de establecer la obligación de los Estados de implementar mecanismos efectivos de acceso a la justicia para las víctimas, la reparación y el derecho a la verdad.