Por Gastón Chillier y Gabriela Kletzel*
Los secuestros, asesinatos y las desapariciones forzadas de la dictadura argentina de 1976-1983 salieron a la luz, en parte, gracias a los esfuerzos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Más recientemente, las normas y decisiones de la CIDH ayudaron a impulsar en nuestro país una nueva legislación basada en los derechos humanos, como la Ley de Migración y la derogación del Código de Justicia Militar. Desde la dictadura hasta la actualidad, la Comisión ha sido una aliada fundamental para el pueblo argentino y sus instituciones democráticas. Es por eso que la Argentina ha sido una promotora importante del sistema regional de protección de los derechos humanos y propuso profesionales de prestigio para integrar la Comisión y la Corte Interamericana.
En ese contexto, la nominación por parte del gobierno actual de Carlos Horacio de Casas a la CIDH supuso un enorme retroceso, sobre todo dado el gran número de candidatos calificados disponibles.
De Casas es un abogado con casi nula experiencia en derechos humanos y un largo historial de defensa de intereses corporativos. Ha mantenido posturas abiertas contra los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos de las personas LGBTI. También apoyó públicamente el delito de desacato, que se ha utilizado para criminalizar al periodismo y que ha sido condenado por la propia CIDH. Después de anunciar su candidatura, De Casas mintió sobre los antecedentes de un oficial militar que representa y que ha sido acusado de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.
La única interacción que tuvo De Casas con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue defender a directivos uruguayos acusados de delitos financieros. Su estudio defendió en ese ámbito los intereses de una empresa minera que causó graves daños a las comunidades indígenas de Guatemala.
Su historial difícilmente podría haber sido peor.
Distintas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la nuestra, unieron fuerzas para evitar que De Casas fuese elegido por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esto ocurrió primero a nivel nacional y luego se extendió para incluir a organizaciones de otros países, así como a grupos internacionales, como Human Rights Watch.
En la Argentina, un conjunto diverso de actores se movilizó para objetar de manera formal su candidatura: más de 130 organizaciones argentinas –grupos de derechos humanos, sindicatos, movimientos campesinos, asociaciones que trabajan en temas de justicia, igualdad de género, medio ambiente, derechos LGBTI y libertad de expresión– pidieron que la ministra de Relaciones Exteriores y el secretario de Derechos Humanos retiraran la nominación. Un grupo de más de 60 académicos también cuestionó la candidatura.
Además, estas organizaciones y actores informaron a la opinión pública sobre el problemático revés que representaba la designación, aprovecharon las redes sociales y coordinaron con las Abuelas de Plaza de Mayo y el colectivo Ni Una Menos para aportar testimonios en video a la campaña. Estos materiales, que expresaban preocupación y oposición a la candidatura de De Casas, fueron enviados a las embajadas de los países de la OEA en Buenos Aires y a las misiones de los Estados miembros de la OEA en Washington. También se celebraron numerosas reuniones con personal diplomático.
Entretanto, dos ex presidentes de la CIDH, Robert Goldman y Juan Méndez, instaron al presidente argentino a retirar la candidatura de De Casas. Por último, un panel internacional de expertos independientes encendió las alarmas respecto de sus credenciales. En base a su currículum, su trayectoria profesional y sus publicaciones, el panel expresó su “preocupación acerca del cumplimiento del requisito de reconocida competencia en materia de derechos humanos por parte del candidato”. Ninguno de los otros cinco candidatos nominados para desempeñarse como comisionados de la CIDH suscitó ese tipo de críticas.
Pero el gobierno no cedió. Es más: el día de la elección de los comisionados (21 de junio), algunas organizaciones de derechos humanos presentes en la Asamblea de la OEA en México nos informaron que la Argentina trataba de persuadir a los Estados del Caribe a votar por De Casas a cambio de debilitar nuestro tradicional liderazgo respecto de la protección de los derechos de las personas LGBTI, en otra resolución de la OEA. Las organizaciones argentinas hicieron un nuevo esfuerzo para exponer ese pacto deshonesto.
Esta gran campaña finalmente funcionó. De Casas quedó en el quinto lugar entre los seis candidatos para trabajar en la CIDH; solo los tres más votados se aseguraron un lugar en la Comisión.
La candidatura de De Casas pone en duda las intenciones del gobierno argentino respecto del sistema regional de protección de los derechos humanos, porque contrasta con la exitosa campaña del país para obtener la aprobación de un muy necesario aumento del presupuesto del Sistema en la Asamblea de la OEA. Si De Casas hubiera ganado, habría marcado un grave retroceso en el compromiso de todos los Estados Miembros de la OEA con una CIDH fuerte, efectiva y competente. Gracias a los esfuerzos de las organizaciones nacionales, regionales e internacionales, junto con otros actores clave, se evitó llegar a ese escenario regresivo.
*Publicado en openDemocracy: Banding together to defeat Argentina’s utterly unfit candidate to the IACHR.