En la madrugada del martes 6 de junio, cuando todavía no había amanecido, la policía provincial de Neuquén desalojó con extrema violencia a un grupo de personas que habían ocupado un terreno para demandar una solución habitacional. Sin exhibir orden de desalojo, los efectivos ingresaron al terreno en motocicletas, dispararon hacia dentro de las casillas y golpearon a los ocupantes. Más de diez personas fueron heridas con balas de goma y nueve fueron detenidas.
La represión se produjo mientras estaba abierto un proceso de conciliación convocado por la Defensoría del Pueblo de Neuquén. Los terrenos, ubicados en Parque Industrial, uno de los barrios más pobres de la capital provincial, habían sido ocupados en abril por 81 familias. Desde entonces, las autoridades provinciales y municipales boicotearon las instancias de negociación e impidieron arribar a una solución habitacional. En lugar de ello se privilegió una salida violenta que agrega otra vulneración de derechos de las personas a quienes el Estado priva de su derecho al hábitat digno.
Las autoridades son responsables del déficit habitacional al no regular un mercado de tierras que, por distintas razones, viene experimentando un acelerado aumento de precios. Si se suma el fuerte incremento del costo de los alquileres, se configura una situación en la que unas 35 mil personas no pueden acceder a una vivienda digna en la ciudad capital.
Al no regular el mercado de tierras y al promover negocios inmobiliarios que tienen efectos expulsivos sobre los más pobres, los gobiernos provincial y municipal actúan en forma contraria a lo que dicta la propia Constitución de la provincia, que indica que la tierra tiene una función social.