Luisa Cienfuego estaba detenida en la Unidad 8 de Los Hornos, del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Tenía un estado de salud endeble ya que sufría diabetes e hipertensión. De acuerdo al relato de sus compañeras, el 12 de julio se descompensó por una suba de presión y la falta de asistencia médica agravó su estado de salud. El sábado 15 de julio, mientras sus familiares la visitaban, se sintió mal y solo luego de insistentes reclamos fue atendida de manera superficial. Más tarde, volvió a descompensarse y nuevamente hubo que insistir para que la atendieran. Al mediodía del sábado falleció en circunstancias que se están investigando.
Su muerte generó protestas y reclamos de sus compañeras detenidas hacia el personal de la Unidad. Los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense respondieron con represión: las mujeres recibieron golpes, balas de goma y gas pimienta de parte de penitenciarios varones. Las obligaron a desnudarse y las requisaron de manera vejatorias, en compañía de un médico varón. Finalmente, las trasladaron de manera compulsiva a diferentes Unidades Penitenciarias.
Frente a estos hechos, el CELS le solicitó a la fiscalía que interviene en la averiguación de las causas de la muerte de Luisa Cienfuego que se investigue de manera seria y efectiva su muerte en el contexto de un sistema penitenciario en el que las condiciones inhumanas de detención y la falta de salubridad ponen en riesgo la vida y la integridad física de los detenidos, a lo que se agrega la falta de atención médica adecuada. Al mismo tiempo, el CELS se presentó ante la Auditoria de Asuntos Internos del SPB exigiendo que se tomen las medidas administrativas y disciplinarias sobre los funcionarios -médicos y/o agentes- que intervinieron tanto en la posible omisión de atención médica adecuada como en la represión de sus compañeras detenidas.
La combinación entre una crisis sanitaria alarmante y el uso de la violencia para resolver los conflictos en el interior de las cárceles no es una coincidencia casual. Ocurre en un contexto caracterizado por una política criminal basada en el encierro masivo que produce un aumento sostenido del encarcelamiento en el Servicio Penitenciario Bonaerense. El hacinamiento continúa degradando las condiciones de detención. Durante el último año, la falta de atención médica y el acceso a un tratamiento médico adecuado generaron un aumento de las muertes por esta causa.
Este escenario se repite en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Como lo denunció la Procuración Penitenciaria de la Nación, este año aumentaron las muertes violentas: en el primer semestre de 2017 hubo 13 fallecimientos traumáticos, mientras que en todo 2016 hubo 14. Entre estas muertes, hubo siete suicidios en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza en lo que va del año. Todas estas muertes están relacionadas con el deterioro de las condiciones de detención en el ámbito federal y deben ser investigadas en profundidad para determinar si hubo algún tipo de participación del SPF.
La grave situación en la que se encuentran las personas privadas de libertad en el SPB y en el SPF y la persistencia de la tortura requiere políticas concretas orientadas a disminuir la tasa de encarcelamiento y a prevenir y sancionar la violencia institucional.
Foto: M.A.F.I.A