Carlos Arce Jiménez es cordobés de España y coordina el área de Migraciones de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía. La ubicación en el mapa europeo hace de la frontera sur de Andalucía el punto geográfico más cercano a África y la ruta privilegiada para el ingreso al continente. Sus costas también atestiguan la crisis humanitaria de las personas refugiadas y migrantes, llevada al extremo por una concepción de la política migratoria que privilegia el eje securitario antes que el de derechos.
Según el informe Derechos humanos en la Frontera Sur 2017 295 personas murieron o desaparecieron en 2016 mientras intentaban llegar a España a través del Mediterráneo. Hay una particularidad en España, el número de personas fallecidas muestra una mayor mortalidad relativa respecto de otros países europeos: elegir la entrada hispana aumenta el riesgo de muerte. Solo el año pasado el mar que une las costas de Europa, Asia y África ahogó a 5.083 hombres, mujeres, niños y niñas, que fallecieron sobre todo por las políticas migratorias que precarizan las condiciones para la migración.
–¿Cómo la política migratoria acompaña los procesos políticos europeos?
Tenemos que diferenciar las políticas migratorias de las de frontera. En las políticas de frontera hay uniformidad: no hay diferencias cuando los partidos de gobierno son nominalmente más progresistas, o liberales y de derechas. Hay una perspectiva de seguridad en la gestión de las fronteras. Donde puede haber más diferencia es en las políticas de integración, de fomento de la convivencia intercultural, en los discursos públicos.
–¿Cómo esta política securitaria impacta en los procesos migratorios?
Esa política lo que hace es que la vía legal y segura de acceso tienda a cero y quede vedada incluso para las personas que pueden cumplir punto por punto el perfil de refugiado, según la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Eso hace que todos esos flujos –tanto los que se denominan de migración económica como los refugiados– se deriven hacia vías irregulares e inseguras, donde la vulneración de los derechos humanos está en la primera línea.
Al mismo tiempo, esos actores que la política de seguridad dice querer combatir –las personas y las organizaciones que lucran con la vía irregular– encuentran gracias a esta política el espacio perfecto porque al cerrar las vías legales y seguras las únicas que quedan son las irregulares e inseguras. Están consiguiendo todo lo contrario de lo que el discurso oficial dice buscar. Esta semana, sin ir más lejos, el ministro del Interior de España dijo al Parlamento que ni el estado español ni la Unión Europea tienen responsabilidad en las causas que empujan a las personas a migrar, como tampoco en que las personas opten por las vías peligrosas.
–¿Cómo tendría que ser una política migratoria con perspectiva de derechos en frontera?
Un elemento básico parte de la propia legalidad vigente, respetar el marco del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho de asilo. Ese debe ser el suelo. Hace unos años, desde el punto de vista de la práctica, se vulneraba y se desconocía ese marco, pero hemos pasado ahora a la fase en la que incluso una forma del discurso público oficial desconoce el marco legal.
–¿Es una especie de estado de excepción?
–Sí, y continuo. Esto convierte la excepción en normalidad. Entonces lo primero sería volver al marco legal. Luego, ser consecuente con la realidad de los flujos migratorios, que tienen un carácter autorregulatorio. El principal impulso para migrar es la mejora de las condiciones de vida. Entonces, cuando no encuentran esas condiciones o dejan de encontrarlas, las personas vuelven a migrar. En España ha ocurrido exactamente eso, cuando hubo crisis económica, comenzó a perder población. Se debe tener en cuenta esa realidad y habilitar la vía legal, segura y razonable para que la gente que venga por motivos laborales y económicos puedan hacerlo sin tener que jugarse la vida. Si se deja jugar la dinámica migratoria, ella sola mostrará su fuerte componente de autorregulación. En España no hay nadie que se haya quedado muriéndose de hambre en la calle, han vuelto a migrar.