Las iniciativas políticas de los últimos años no afectaron los intereses corporativos de las fuerzas de seguridad y de los servicios penitenciarios, estructuras con amplios márgenes de autogobierno, violentas y con capacidad de daño que en la actualidad concentran violaciones a los derechos humanos.
En este capítulo, analizamos las consecuencias sociales y políticas de la falta de democratización de esas estructuras: la persistencia de violencia institucional, el sostenimiento de redes de ilegalidad y corrupción, la amenaza cíclica a la gobernabilidad del sistema democrático, y la erosión de los esfuerzos de inclusión social que el Estado despliega desde otras de sus agencias.
