Los problemas de acceso a la información y la crisis del INDEC plantean serios cuestionamientos sobre la responsabilidad del Estado de producir información seria y veraz como un punto de partida indispensable para el diseño y control de sus políticas.
Este capítulo señala que no se registraron grandes avances en 2007 en cuanto a legislación, ni se evidenció por parte del Estado la intención de tomar un rol activo en el diseño e implementación de políticas de comunicación pluralistas y democratizadoras.
Por un lado, se hace mención a la entrega por parte del COMFER de las primeras licencias para asociaciones civiles sin fines de lucro, tras la reforma legal que permitió su acceso como prestadores de servicios de radiodifusión como uno de los pocos avances en este año.
Pero por otro lado, se señala que volvió a postergarse la sanción de una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública que involucre no sólo al Poder Ejecutivo, sino también a los Legislativo y Judicial. También se sintió la ausencia de una regulación específica que ponga freno a los procesos de concentración de los medios de comunicación.
Asimismo, se plantea como objetivo verificar el estado de las garantías y el reconocimiento efectivo del ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión como derecho humano en los términos establecidos por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales.
