La ausencia de políticas públicas orientadas a la integración social de los sectores vulnerables tiene como consecuencia que las cárceles y los hospitales neuropsiquiátricos se transformen en “depósitos” que albergan personas sin recursos ni derechos. En el caso de las unidades psiquiátricas penales el problema se encuentra aún más agravado e invisibilizado. El alojamiento de personas con sufrimiento mental en el sistema penitenciario, acusadas de algún delito o declaradas inimputables no plantea ninguna estrategia de tratamiento ni reinserción social posterior y constituye una violación a los derechos humanos.
En este artículo se describen las graves condiciones observadas en la Unidad Penal 20 del Hospital Borda y en la Unidad Penal 27 del Hospital Moyano. Se da cuenta de este modo de los daños gravísimos e irreparables a los derechos a la vida, al trato digno y humano y a la integridad y seguridad personal de los hombres allí detenidos.
