“La Argentina es responsable de una generalizada, persistente y seria violación de la Convención contra la tortura”

El Relator Especial sobre tortura de la ONU, al concluir su visita al país, dijo que las condiciones de detención en comisarías y cárceles “violan las normas internacionales y son totalmente incompatibles con la dignidad humana”. También denunció las condiciones “degradantes” en el hospital psiquiátrico Melchor Romero y la violencia policial en los barrios populares. Al mismo tiempo, solicitó al Estado argentino a que asigne “suficientes recursos para asegurar el pronto juzgamiento y la puntual resolución de los juicios por delitos de lesa humanidad aún pendientes”.

  

Comité Nacional contra la Tortura: un paso para prevenir las violaciones de derechos en el sistema penitenciario

Cárceles sobrepobladas en casi todas las provincias y en el ámbito federal. Torturas y maltratos a las personas detenidas. Hacinamiento y una más que deficitaria atención sanitaria. Las violaciones de los derechos de las personas privadas de libertad exige una respuesta política enérgica. La conformación del Comité Nacional contra la Tortura es una oportunidad para construirla.

  

Amenazan a testigos de la masacre de Magdalena

En la sexta audiencia del juicio oral y público, un sobreviviente afirmó haber sido amenazado por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense para que cambie su declaración. El testigo, aún privado de su libertad, reveló la reacción corporativa e institucional del SPB, en un proceso judicial que tiene a 17 de sus integrantes acusados

  

Incendio en el penal de Magdalena

Las muertes en el penal se produjeron en un contexto en el que las políticas criminales y de seguridad se orientaban a sumar personas encarceladas. Murieron 33 de los 58 internos que estaban alojados en el pabellón de buena conducta. Solo dos de los detenidos tenían condena.

  
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Incendio en el penal de Magdalena: comienza el juicio

El 15 de agosto comienza el juicio a 17 funcionarios y agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por su responsabilidad en la muerte de 33 personas en el incendio en la Unidad Penal N 28 de Magdalena. La CPM, el CELS y el CIAJ patrocinan a familias de las víctimas. La masacre de Magdalena fue el emergente de la crítica situación de encierro en la provincia de Buenos Aires que se ha agravado a lo largo de los años.

  

Lugares de encierro: el Estado provincial debe adoptar medidas urgentes

En el 163 periodo de audiencias de la CIDH, la CPM, el CELS y la Defensoría Pública de Casación expusieron la crisis del sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires y reclamaron a los Estados provincial y nacional que tomen medidas para disminuir el hacinamiento, la sobrepoblación, las condiciones inhumanas de detención, la falta de acceso a la salud y las torturas.

  

Cárceles y comisarías: audiencia en la CIDH  

El viernes 7 a las 11 hs. tendrá lugar una audiencia en la CIDH sobre la gravísima situación en la que se encuentran las personas detenidas en la provincia de Buenos Aires. La audiencia fue solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión Provincial por la Memoria y la Defensoría de Casación de la provincia.

  

El Estado argentino cuestionado por el Comité contra la Tortura de la ONU

El comité expresó preocupación sobre problemas graves que persisten en el país, como el aumento constante de la tasa de encarcelamiento, la sistematicidad de la tortura y los malos tratos en los lugares de encierro y la violencia institucional contra jóvenes de barrios populares, migrantes, mujeres y personas trans y travestis.

  

El Estado argentino frente al Comité contra la Tortura

Se evaluará el cumplimiento del Estado argentino de la Convención contra la Tortura el miércoles 26 y jueves 27 de abril. El CELS entregó un informe alternativo al Comité de la ONU que realiza la evaluación y aportó a dos informes elaborados con otras organizaciones.

  

Las consecuencias del aumento sostenido del encarcelamiento

La tasa de encarcelamiento en el país pasó de 91 personas detenidas cada 100 mil habitantes en 1997 a 161,8 en 2014. En 2015 se agudizó la tendencia hacia el aumento del encarcelamiento tanto en el Servicio Penitenciario Federal como en el de la provincia de Buenos Aires, que concentran el 70% de la población privada de la libertad en todo el país.

  

Investigación y sanción judicial de casos de tortura

En este capítulo analizamos la respuesta judicial a la tortura y a los maltratos en el encierro y, en particular, las estrategias que fueron efectivas para lograr sentencias en los casos de torturas a Luciano Arruga, el homicidio de Daniel Migone y la tortura y muerte de Patricio Barros Cisneros.

  

Propuestas y observaciones al anteproyecto de reforma del Código Penal

En el documento hacemos referencia a algunas de las propuestas con las que acordamos así como hacemos observaciones críticas y sugerencias respecto de otras, ya que entendemos que no receptan estándares del derecho internacional de los derechos humanos o que sería inconveniente modificarlas para alcanzar una mejor protección legal. Por último, proponemos que se regulen nuevas figuras penales para casos de delitos de funcionarios.
públicos.

  

A dos años del asesinato de Patricio Barros Cisneros

El 28 de enero de 2012, un grupo de entre ocho y diez funcionarios de la Unidad 46 de San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) torturó y asesinó a Patricio Barros Cisneros mientras se encontraba esposado frente a una gran cantidad de testigos, entre los que se encontraba su pareja que había ido a visitarlo.

  

Justicia demorada es justicia denegada

A 8 años de la Masacre de Magdalena, organizaciones de derechos humanos que representan a los familiares de las víctimas, reclaman por la urgente resolución y elevación a juicio de la causa que investiga la muerte de 33 personas privadas de libertad.

  

Hacia la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Argentina

El CELS acompaña el exhorto de la Corte Suprema a las autoridades de los poderes ejecutivos nacional y provinciales a que implementen y hagan operativos servicios integrales de atención, aplicando normas como protocolos hospitalarios que atiendan los casos de abortos no punibles y a los operadores judiciales que deben funcionar como facilitadores de derechos y no como una instancia para negarlos.