Neuquén: violencia policial como respuesta al déficit habitacional

En la capital de la provincia de Neuquén la policía de la provincia llevó adelante un operativo de desalojo violento en el que más de diez personas fueron heridas por el uso de balas de goma. Las familias ocupaban un terreno en reclamo de su derecho a la tierra y la vivienda y había un proceso de conciliación convocado por la Defensoría del Pueblo.

  

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Derecho a la vivienda

El porcentaje de inquilinos aumentó de 11 a 18 por ciento entre 2001 y 2016, en un contexto en el que el mercado impone los costos y las condiciones. Ley de alquileres entró en debate. Opinión de Luna Miguens y Leandro Vera Belli.

  

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Las políticas del suelo

El Acuerdo para la Reactivación de la Construcción busca promover la actividad económica a través de la construcción de 100 mil viviendas, pero no contempla medidas para intervenir sobre el mercado del suelo lo que terminará favoreciendo la especulación.

  

Alquilar, ¿se puede?

En la Argentina alquilan 7 millones de personas. Es necesario un marco normativo que regule los alquileres y políticas públicas que incidan en la oferta y garanticen la satisfacción del derecho a una vivienda adecuada. Con frecuencia los inquilinos están expuestos a prácticas abusivas del mercado inmobiliario y las familias son empujadas hacia los mercados de alquiler informal y al hacinamiento.

  

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El momento de la Justicia

En nuestro país, la proliferación de countries y barrios cerrados durante las últimas tres décadas generó una forma particular de discriminación socio-territorial. En esa disputa por el acceso a un hábitat digno, el Poder Judicial es convocado a pronunciarse con más frecuencia y en contextos cada vez más complejos. Opinión de Eduardo Reese, Santiago Sánchez y Carlos Píngaro Lefevre.

  

Cuenca Matanza-Riachuelo: amicus curiae por la participación de los vecinos en las relocalizaciones

El CELS se presentó como amicus curiae en la causa iniciada por un grupo de habitantes de Villa Inflamable y Barrio Porst contra la Municipalidad de Avellaneda y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) por la falta de información, consulta y participación de los vecinos en el proceso de relocalización y urbanización dispuesto en la causa Matanza-Riachuelo.

  

Apoyo a la Ley de Hábitat

Esta nueva normativa reconoce la necesidad de abordar de manera integral la complejidad de la problemática habitacional, ampliando las capacidades de acción estatal sobre las diversas causas que la originan.