AMIA: Casación confirma condenas por desviar la investigación del atentado terrorista
Comunicado junto a Memoria Activa tras el fallo de los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma del 11 de abril sobre el encubrimiento.
Comunicado junto a Memoria Activa tras el fallo de los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma del 11 de abril sobre el encubrimiento.
Presentamos un amparo en el fuero contencioso administrativo federal para impedir la aplicación de esa normativa para fuerzas de seguridad federales y el servicio penitenciario federal, que se aparta de los principios que regulan el uso de la fuerza letal reconocidos universalmente.
La resolución del Ministerio de Seguridad amplía las situaciones en las que la policía puede usar sus armas, otorga más discrecionalidad a su intervención y busca evitar los controles judiciales en los casos de uso de la fuerza letal.
La crisis de Rosario nos pone ante un desafío urgente: encontrar soluciones a la violencia extrema de bandas criminales y exigir que el Gobierno no nos conduzca a una violencia mayor provocada ya no por la inacción sino por la decisión de las autoridades estatales.
El poder judicial porteño resolvió pasar a un cuarto intermedio para definir las condiciones apropiadas para una auditoría por parte de los órganos de control. Es importante que se pueda conocer la información detallada sobre el software utilizado para el sistema de búsquedas para que no tengan un uso discriminatorio.
Con Dejusticia y el apoyo de la red INCLO, planteamos ante la Corte Constitucional ecuatoriana que los conflictos armados internos deben tener ciertas características de acuerdo al derecho internacional. Además sostuvimos que los estados de emergencia deben prever un alcance temporal y geográfico limitado, así como una precisa indicación de los derechos que se suspenden.
Bandas del crimen organizado produjeron una nueva seguidilla de hechos de violencia y muertes. El gobierno ecuatoriano declaró “conflicto armado interno”. Las organizaciones alertan sobre la habilitación al uso de la fuerza letal como primer recurso por parte de las FFAA. Las políticas neoliberales que facilitaron la corrupción y la connivencia, son parte de las razones por las que el país ha llegado a este contexto de extrema violencia.
Participamos como amicus curiae en la audiencia convocada por la Cámara de Casación Federal para resolver los sobreseimientos del ex presidente Macri y sus funcionarios de inteligencia por el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino. Planteamos que la persecución y el espionaje que sufrieron las víctimas constituyen delitos muy graves y que la cámara de apelaciones los convalidó arbitrariamente.
La “agenda de seguridad” crece cuando hay un hecho gravísimo, como el asesinato de la nena de 11 años en Lanús esta semana. Y luego solo se instrumentalizan medidas de corto plazo, como más cámaras y más patrulleros. Mientras, son las personas más pobres las que conviven con la violencia cotidiana. Hay otros caminos. Tenemos la posibilidad colectiva de comprometernos e involucrarnos para que esa realidad sea distinta.
El fallo ratifica lo que desde el CELS denunciamos junto con el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA): el sistema se gestionó por fuera de la norma que lo regula y sin mecanismos de control.
Nos presentamos como amicus ante Casación Penal y pedimos que revierta el fallo de la Cámara de Apelaciones que sostuvo que no es delito el espionaje que le hicieron a las familias porque estaba involucrada la seguridad presidencial.
En la última jornada, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, en representación de Memoria Activa, realizó su alegato final. Al finalizar, el presidente de la Corte IDH instó al Estado argentino a que no espere a la sentencia para generar hechos concretos.
Se realizará el jueves 13 y el viernes 14 de octubre en Montevideo (Uruguay). El caso lo iniciamos Memoria Activa y el CELS en 1999. Denunciamos la responsabilidad internacional del Estado argentino por el atentado y la falta de verdad y justicia.
Lo determinó la jueza Liberatori en un fallo que confirma que fue gestionado por fuera de la norma que lo regula y sin mecanismos de control, en la misma línea de la denuncia del CELS.
Paula Litvachky advierte sobre el “bajísimo nivel de control judicial -que en algunos casos es directamente una habilitación- de las actividades de inteligencia orientadas a tener información sobre la actividad política o social de organizaciones, referentes o familiares”. Considera a esas interferencias “una limitación de la vida democrática”.
En un nuevo aniversario, acompañamos a Memoria Activa en el acto que se realizó en Plaza Lavalle, frente a Tribunales. Compartimos las palabras de Paula Litvachky.
El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires decidió apartar al juez que intervenía en la causa en la que se discute la constitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). El TSJ tomó está decisión después de que se conociera el resultado de una pericia que revela el uso ilegal del sistema de reconocimiento facial en la ciudad.
Junto con Amnistía Internacional, ADC, Fundación Vía Libre y ODIA solicitamos que se cree el mecanismo de control que fue establecido por la ley 6.339 hace un año y medio.
Estas tareas se realizaron en el marco del sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos y a partir de un convenio con el ReNaPer, pero ese acuerdo les permitía sólo abordar un universo de poco más de 40.000 personas. La Justicia suspendió el uso del mecanismo y ordenó una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia.
En todos estos años el Estado no dio respuestas y sólo sumó obstáculos para acceder a la verdad y la justicia. El pedido de juicio político a las fiscales Castelli y Cejas y al juez Banco sigue demorado.
Esta publicación de ICCSI -Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia- desarrolla los principales puntos teóricos de la inteligencia criminal y la urgencia por regularla de forma clara y bajo controles estrictos.
El documento reconstruye y analiza cómo se articularon la inteligencia ilegal, la militarización y la estigmatización para impedir el ejercicio de los derechos indígenas.
Memoria Activa realizó un acto virtual para exigir verdad y justicia y recordar a las víctimas.
El CELS, la APDH y organizaciones sociales y de derechos humanos locales presentamos una carta al gobernador Mariano Arcioni para exigir la derogación inmediata de protocolos que incrementan los niveles de violencia policial y limitan el ejercicio de la protesta social.
La Corte Suprema debe garantizar el derecho de acceso a la información pública sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia.
Kevin Guerra fue denunciado por Gendarmería Nacional como consecuencia de actividades de vigilancia masiva llamadas “ciberpatrullaje”. Fue sobreseído a fines de 2020.
El reconocimiento facial en las actividades de videovigilancia afecta de manera negativa múltiples derechos: a la privacidad, a la libertad de esxpresión y a la protesta, entre otros.
Las prácticas de violencia institucional de la policía cordobesa se profundizaron en el contexto de las medidas de prevención de la pandemia. Enviamos una carta al gobernador de Córdoba con recomendaciones y herramientas de control de la actuación policial.
Frente a hechos de inseguridad y violencia, las autoridades políticas deberían encauzar los debates públicos en las cuestiones centrales que debe priorizar el Estado: proteger la vida ante todo, garantizar la seguridad y no fomentar respuestas que recrudecen la violencia.
Durante la pandemia, se incrementaron los procesos de vigilancia por parte de los Estados, generalmente sin transparencia en cuanto a los métodos empleados o el destino de la información recolectada. Esto constituye una violacion a derechos humanos como la libertad de expresion y de manifestacion y a la privacidad.
Los organismos de derechos humanos abajo firmantes abrazamos a la familia del joven y exigimos una investigación seria.
La causa contra Kevin Guerra fue iniciada a partir de prácticas de vigilancia ilegales. El sistema judicial debe cumplir su rol de garantía y no convalidarlas.
Presentamos las observaciones del CELS sobre las actividades de inteligencia denominadas “ciberpatrullaje” y sobre la propuesta de protocolo para regularlas realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La Mesa por los Derechos Humanos de Salta y el CELS presentamos un recurso de amparo para pedir que el gobierno de Salta deje de aplicar el DNU 255/2020.
Pedimos al Ministerio de Seguridad de la Nación información sobre las medidas de vigilancia y/o inteligencia en fuentes abiertas y redes sociales que fueron denominadas como “ciberpatrullaje”.
Los poderes ejecutivo y judicial deben asegurar que la actuación de las fuerzas de seguridad no derive en situaciones de violencia.
El ministerio de Seguridad derogó los protocolos que promovían las intervenciones policiales discriminatorias y alentaban el uso de la fuerza.
A casi once años de la desaparición de Luciano, sus familiares y amigues continúan enfrentando obstáculos para acceder a la verdad y la justicia.
Una combinación de formas de proceder del sistema judicial y del Poder Ejecutivo dificulta la investigación exhaustiva de las muertes, la atribución de responsabilidades y la reconstrucción de la verdad.
Como respuesta a las “nuevas amenazas”, los Estados están ampliando sus funciones represivas. El gobierno de Cambiemos desplegó nuevas y viejas prácticas de inteligencia legal e ilegal y de criminalización de activistas, referentes y organizaciones. Esta política también debilitó los controles democráticos.
La posible reforma de una serie de artículos del código contravencional de la ciudad agravaría la persecución y criminalización de las personas que trabajan en la vía pública.
En la audiencia de alegatos ante la CIDH, el CELS y Memoria Activa afirmaron, una vez más, que el caso AMIA es el caso de la mentira, del secreto de Estado para tapar negocios y delitos, de la manipulación política. Esta audiencia fue el último paso antes de que la CIDH dicte el informe de admisibilidad y fondo y pase el caso a la Corte.
La creación del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento oculta el nulo avance de la investigación del atentado a la AMIA. El incumplimiento del Estado de los compromisos ante la CIDH habilita a este organismo a enviar el caso AMIA ante la Corte Interamericana. El alineamiento argentino con la política de Estados Unidos e Israel puede tener graves efectos para el país.
El secretario de Estado norteamericano, Michael Pompeo, visitó la Argentina, ¿quién es y a qué vino?
Las tramas que posibilitaron que aún no haya justicia y verdad en el caso AMIA aún están presentes y explican muchos de los problemas que preocupan en la actualidad. No se rompieron los pactos entre los sectores judiciales, políticos, de inteligencia y mediáticos que construyeron la impunidad del atentado, ni se transformaron sus prácticas.
El gobierno decidió poner a las fuerzas de seguridad a cargo de una política con supuestos fines educativos.
Otra vez, con la apelación a hechos supuestamente relacionados con el “terrorismo”, las fuerzas de seguridad detuvieron a personas que nada tenían que ver. Es necesario que el poder judicial refuerce el control de la actuación policial y la protección de los derechos.
Es necesario refundar el sistema de inteligencia y promover una transformación democrática. Proponemos, para eso, un proceso que comience con la disolución de la AFI y continúe con un cambio normativo, organizativo y de prácticas. La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) está integrada por el Ilsed, la Fundación Vía Libre, NEGyS (UMET) y el CELS.
Desde diciembre de 2018, se está realizando en los tribunales de San Martín el juicio por la desaparición y el homicidio de José Díaz. El viernes 15 de marzo y el miércoles 20, la querella que representa a su familia expuso su alegato. El único imputado es el ex general Alfredo Arrillaga.
Hoy concluyó el juicio por el atentado a la AMIA que comenzó el 6 de agosto de 2015. El ex juez Galeano, los ex fiscales Mullen y Barbaccia y el ex secretario de inteligencia Anzorreguy fueron condenados.